1 – La intención del Gobierno choca con los sectores más conservadores de la sociedad, que se aferran a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que en 1985 hablaba del nasciturus (es decir, del no nacido) como un «bien jurídico constitucionalmente protegido».
2 – Otros creen que el tiempo transcurrido y la evolución social permiten pensar que el TC defendería en la actualidad un criterio diferente.
3 – En España el aborto está despenalizado sólo en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación fetal (hasta las 22) y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre (sin plazo).
4 – Una ley de plazos implicaría que la mujer pudiera abortar sin acogerse a ninguno de estos tres supuestos hasta una determinada semana de gestación.
5 – Algunos juristas señalan que eso chocaría con la Constitución porque, aseguran, los derechos de la mujer prevalecerían sobre los que, teóricamente, tienen los no nacidos.
