La transformación digital en el sector público no pasa solo por la atención telemática de los ciudadanos: otros desafíos son igualmente relevantes y no se están abordando

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Cuando pensamos en la transformación digital de los servicios públicos, lo que se nos viene inmediatamente a la cabeza es la atención telemática de los ciudadanos. La sustitución de la oficina y de las colas por la tramitación electrónica vía web. Sin embargo, los retos tecnológicos de las administraciones públicas van mucho más allá, y a veces ni siquiera la sustitución de los circuitos de atención convencionales resulta una buena idea, o al menos estos deben ser mantenidos residualmente para que de la atención ciudadana no quede excluida nadie, y particularmente los mayores. A continuación siete retos sobre los que habitualmente no se pone el foco y que sin embargo constituyen la verdadera esencia del desafío digital que tienen por delante las administraciones.

1. La transformación de la contratación

En un doble sentido. El primero, y más evidente, es el uso de las tecnologías digitales para la contratación pública. En 2016, y según una encuesta de la Comisión Europea, solo cuatro estados miembros usaban la tecnología digital en todas las fases de contratación: licitación, presentación, evaluación, adjudicación, pedido, facturación y pagos electrónicos. Pero no es solo eso. Se trata también de adaptar las fórmulas y modelos jurídicos para la contratación de servicios digitales e innovadores en un entorno de extraordinaria volatilidad y aceleración tecnológica.  El avance continuado de las tecnologías de la comunicación y el cambio continuo de las necesidades de los ciudadanos, combinados con los tiempos de tramitación de los expedientes en el sector público, dan a veces como resultado el desarrollo de servicios que quedan obsoletos o no adaptados por completo a las necesidades de interés público en tiempo real. Por otro lado, la experiencia que las administraciones van reuniendo en la contratación de este tipo de servicios también demuestra la frecuente aparición de riesgos sobrevenidos en la ejecución de proyectos públicos innovadores, riesgos que no se mitigan con las prescripciones y requisitos de los modelos clásicos de contratación. Por ello, la transformación digital implica un reto global de transformación en el modelo de contratación.

2. Impulso de la innovación

Aún hay un tercer sentido en el que la contratación debe ser modificada y que  está también relacionado con el desafío digital y tecnológico. Las instituciones comunitarias -y recientemente el Parlamento europeo- han dejado clara la necesidad de convertir la contratación pública en ariete de la innovación y la competitividad económica. Hay más de 250.000 administraciones públicas en el entorno de la Unión Europa que gastan cada año alrededor de dos billones de euros en licitaciones (casi el 14% del PIB). No utilizar ese dinero para impulsar la transformación digital es directamente pegarse un tiro en el pie, vistas además el escaso retorno de otras fórmulas de apoyo a la innovación como los incentivos. Por eso las Directivas europeas de 2014 sobre contratación pública establecieron nuevas fórmulas de contratación para el impulso de la llamada compra pública  innovadora, las cuales están lejos de ser conocidas y utilizadas. Asimismo, estas directivas establecían cláusulas y orientaciones para favorecer la participación de las pymes y start ups en los procesos públicos de contratación que no se están aplicando. En la mayor parte de las economías europeas, como la nuestra, las pymes representan más del 80% del tejido empresarial y de su empleo, sin embargo, su parte de la tarta en la licitación pública no llega al 45% a nivel comunitario. El 55% de los contratos públicos siguen utilizando el precio más bajo como criterio de adjudicación (lo cual obviamente perjudica a las pymes) y las licitaciones a las que solo concurre un ofertante son hasta el 30%, lo que habla a las claras de las dificultades para acceder a estos procedimientos. Sin implicación de la pyme, no habrá transformación digital, y la administración tiene posibilidad de estimular esta implicación a través de la contratación.

 

3. Capacitación de los funcionarios

Estos retos anteriores no se podrán llevar a cabo sin una capacitación previa de los funcionarios en competencias digitales, así como en otras competencias (ciberseguridad, protección de datos, comunicación…) que están asociadas al proceso de transformación digital. En el caso de la contratación, es evidente la conexión entre el déficit de formación de los funcionarios y la dificultad de imponer nuevas fórmulas como la asociación para la innovación.

4. Planificación (de necesidades e inversiones para satisfacerlas)

Parece una cosa muy obvia, pero en un mundo hipersaturado de anuncios e informaciones de planes e iniciativas públicas, llama enormemente la atención la falta de anuncios de planes estratégicos en transformación digital. Algo tan evidente como que es necesario sentarse a analizar cuáles son las necesidades digitales y qué inversión necesito para abordarlas, resulta que no se hace en casi ninguna administración pública española. Cierto es que en este territorio hay que planificar a corto-medio plazo y que los planes a más de cinco años sirven para poco, pero la trepidante aceleración de los cambios no exime de la necesidad de la planificación.

5. Colaboración con el sector digital e impulso de los códigos éticos

Difícilmente podrá acometer la administración pública la transformación digital por sí sola, sin una colaboración estrecha con el sector tecnológico, que vaya más allá de la relación licitador contratista. Las consultas al mercado deben ser incorporadas a la práctica habitual de la contratación y las empresas deben ser incorporadas al proceso de la planificación y diseño de las necesidades digitales. Inversamente, es necesario imprimir en el sector una cualificación ética que sea coherente con esa dimensión pública. Las administraciones no deben tener miedo en regular un sector tecnológico donde hay un exceso de subcontratación y de prácticas laborales basadas en la precariedad y por supuesto debe establecer en su colaboración con el sector restricciones y limitaciones que impidan estas prácticas, así como incentivos y ventajas para aquellas empresas con códigos éticos y políticas de compliance que garantizan el bueno gobierno corporativo y el cumplimiento normativo.

Todos estos son retos cruciales para la transformación digital, algunos más directos y otros más indirectos, pero de máxima importancia, y por ello las administraciones públicas deben abordarlos con urgencia.


Autor: Francisco J. Fernández Romero

Socio-director Cremades Calvo Sotelo

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