Son numerosas las ocasiones en las que la contratación en los mercados financieros se encuentra presidida por el eje de la asimetría informativa que los caracteriza. Consecuentemente ha sido objetivo prioritario del legislador, consciente del importante número de inversores que participan en los mercados financieros y la complejidad de la gama de servicios e instrumentos que encuentran, garantizar la protección del inversor.

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Guía Técnica 4/2017 para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora

Se analiza en el presente artículo una de las más recientes recomendaciones en la materia. Elaborada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV), y con entrada en vigor el próximo 1 de enero, la Guía Técnica 4/2017 para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora (en adelante, la Guía) viene a mejorar la protección del cliente de servicios de inversión a través de la formación de los empleados de las entidades.

Atendiendo a la exposición que la propia Guía hace al respecto, debemos iniciar este epígrafe refiriendo el contenido del artículo 13.2 MIFID. En relación con los requisitos de organización interna, dispone que las empresas de servicios de inversión deberán establecer políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que la entidad, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplan las obligaciones que les impone dicha Directiva.

La trasposición del mencionado artículo a nuestro ordenamiento jurídico se hace a través del artículo 193 Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, TRLMV). Concretamente, atendiendo a la materia que nos ocupa deben destacarse el apartado:

  1. b): Exige la existencia de sistemas de información que aseguren que el personal conoce las obligaciones, riesgos y responsabilidades derivadas de su actuación y la normativa aplicable a los servicios de inversión que presten.

La Circular 1/2014, de 26 de febrero de la CNMV concreta la estructura organizativa y requisitos de control interno de las entidades que prestan servicios de inversión con el objetivo de garantizar que, en general, su organización sea adecuada a la gama de servicios que prestan. En desarrollo de esta Circular, con fecha 26 de febrero del mismo año se publica la Guía de procedimientos de las funciones de control interno.

Retomando iniciativas del legislador comunitario encontramos la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (en adelante, MIFID II). Persigue la misma finalidad que la descrita para MIFID I, dando un nuevo impulso normativo europeo, reforzándose las normas de conducta en la prestación de servicios de inversión.

En desarrollo de lo anterior, con fecha 22 de marzo de 2016 la Autoridad Europea de Valores y Mercados (en adelante, AEVM o ESMA) publicó las Directrices para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora. Será de aplicación, al igual que la Guía Técnica a la que sirve de base, a partir del próximo 1 de enero.

Efecto pretendido. Ámbito de aplicación subjetivo y objetivo

El objetivo pretendido por la Guía, tal como se expone expresamente en su introducción, es facilitar que los inversores comprendan los riesgos de los productos en los que invierten.

Se dedica el artículo primero a determinar el ámbito subjetivo de aplicación de la norma. Establece que será de aplicación a:

  • Entidades de Crédito;
  • Empresas de Servicios de Inversión;
  • Sociedades Gestoras de Institución de Inversión Colectiva;  
  • Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado que presten servicios de inversión en España;
  • Personal relevante de las mismas.

El ámbito objetivo de aplicación de la Guía puede entenderse concretado en el artículo tercero de la Guía, que recoge disposiciones de índole general. Las disposiciones del texto que analizamos tienen por destinatarios al personal relevante que informe y asesore en materia de productos y servicios de inversión.

Contenido de la guía

Conocida la normativa de la que trae causa esta disposición, y los ámbitos de aplicación objetivo y subjetivo de la misma procede analizar su contenido propiamente dicho.

Estructuramos el análisis como sigue: disposiciones generales, órgano de administración y funciones, criterios aplicables a la formación del personal que informa, criterios aplicables a la formación del personal que asesora y competencia para formar, títulos, registro y acreditación de dicha formación.

En cuanto a disposiciones generales se refiere:

  • Establecimiento de la diferencia entre informar y asesorar, determinando que los conocimientos y competencias de quien asesora deben ser mayores que los de quienes sobre proporcionen información sobre productos y servicios de inversión.
  • Deber de la entidad financiera de asegurar que el personal relevante posee los conocimientos y competencias necesarios para cumplir con los requisitos reglamentarios y normas de conducta que les sean de aplicación.
  • Se definen los estándares para evaluar la función de cumplimiento normativo.
  • Es principio común a la aplicación de los preceptos que forman la Guía el principio de proporcionalidad.

El órgano de administración, o en el caso de entidades de tamaño relevante una comisión destinada al efecto, son competentes para establecer los criterios en materia de cualificación y experiencia y de determinar la unidad o unidades que serán responsables de su aplicación.

Se entiende contenido mínimo de la obligación que debe cumplir el órgano de administración:

  • El establecimiento de las responsabilidades del personal, definiendo el alcance y características propias de los servicios de información y asesoramiento.
  • Determinar la política relativa a la cualificación del personal relevante y la propia cualificación del personal relevante (número de horas de formación, por ejemplo). Deberá establecerse la equivalencia con las disposiciones de los artículos quinto y sexto de la Guía, que concretan los criterios sobre conocimientos y competencias para el personal que informa y el que asesora, respectivamente.
  • Instauración de procedimientos que aseguren la evaluación del personal relevante.
  • Cumplimiento de la función de revisión anual, evolución y necesidades del personal relevante. Debe tenerse en cuenta el desarrollo normativo que tenga lugar a lo largo del tiempo.

El establecimiento de criterios y competencias del personal que informa y se lleva a cabo conforme exponemos a continuación.

Se establece un mínimo de ochenta horas lectivas para el personal que solo facilita información, que deben incluir tanto formación teórica como práctica.

Este número mínimo de horas puede flexibilizarse con base en el principio de proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza y complejidad del servicio o instrumento sobre el que se informa. En todo caso, bajo la responsabilidad del órgano de administración.

Proporcionada esta formación al personal relevante, se establece en el artículo quinto la obligación, para las entidades financieras, de asegurarse de que el personal cuenta con los conocimientos y competencias que se enumeran de forma exhaustiva.

Para el personal que asesora en la materia se establece un mínimo superior, de ciento cincuenta horas lectivas que, al igual para el supuesto del personal que tan solo informa, deben incluir tanto formación teórica como práctica. Al amparo del principio de proporcionalidad que rige a lo largo de la Guía, podrá flexibilizarse la exigencia, bajo la responsabilidad del órgano de administración que lo haya acordado.

Proporcionada esta formación al personal relevante, se establece en el artículo quinto la obligación, para las entidades financieras, de asegurarse de que el personal cuenta con los conocimientos y competencias que se enumeran, igualmente, de forma exhaustiva.

Es disposición común, tanto para el personal que informa como para el que asesora, la prohibición de prestar los servicios por el personal que no haya adquirido los conocimientos y competencias necesarios para ello.

Esta disposición, recogida en la parte final del artículo cuarto, se atenúa de inmediato. El siguiente párrafo recoge la posibilidad de que los empleados que no hayan adquirido la cualificación o experiencia adecuada puedan prestar los servicios bajo supervisión. Se establecen límites a este precepto permisivo, no pudiendo desarrollarse la actividad en estas condiciones durante más de cuatro años. Asimismo, se determinan las funciones de la persona que se encargue de la supervisión.

Competencia para formar. Títulos o certificados admitidos por la CNMV. Acreditación y registro.

La formación podrá ser impartida por las propias entidades financieras o mediante convenios con entidades formadoras, pudiendo ser presencial o a distancia. También para impartir la formación continuada están legitimadas tanto las propias entidades financieras como entidades externas.

Se considerará que el personal relevante que disponga de alguno de los títulos o certificados incluidos en la lista cuenta con la cualificación adecuada para la prestación de servicios de información o asesoramiento, respectivamente.

La emisión de títulos podrá corresponder a universidades públicas, privadas o entidades certificadoras, impartan o no formación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Es obligación de las entidades financieras mantener un registro actualizado que recoja la acreditación de los conocimientos y competencias del personal relevante. Debe constar en él: acreditación de conocimientos adquiridos, de la experiencia y de la formación continua recibida.

Esta información debe estar a disposición de la CNMV, junto con la documentación acreditativa de las decisiones de los órganos de administración, criterios y procedimientos relacionados con la materia. La CNMV está autorizada para realizar pruebas sobre los conocimientos del personal relevante.

Conclusiones

Teniendo en cuenta que trabajamos el texto con carácter previo a su entrada en vigor, el análisis de la Guía Técnica nos lleva a intuir que el fondo de la misma no será, en principio, discutido por los agentes que intervienen en el mercado y que se ven afectados. La necesidad de acreditar la adecuada preparación y mantener formado al personal que proporciona de información y asesoramiento sobre productos y servicios financieros contribuye a prestar un servicio de calidad al inversor.

Nos encontramos ante un modelo muy flexible, con el que la CNMV ha pretendido conceder un amplio margen de maniobra a las entidades financieras.

Hagamos notar que la efectiva consecución de los objetivos marcados por la norma estará supeditada al interés que en ello tengan las entidades financieras. En este sentido, deberían presidir sus decisiones y actuaciones los principios de proporcionalidad, eficiencia y utilidad.


Autora: María Jesús Blanco Sánchez.

Doctoranda en el área de Derecho Mercantil de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Máster en Derecho Patrimonial Privado en el Mercado Global, Experto en Derecho Bancario y Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Experiencia en servicios jurídicos de grandes compañías. Especialización en Derecho del sistema financiero.