reforma codigo penalEn las pasadas sesiones plenarias del Congreso de los Diputados celebradas los días 12 y 13 de septiembre se procedió a aprobar, por 333 votos a favor y 7 abstenciones, la “Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente”. La propuesta nacía del Grupo Popular y se basaba en la ardua lucha de  Anna González, esposa de un ciclista que falleció al ser atropellado por un camión cuyo conductor se dio a la fuga tras el accidente siendo archivada la causa penal al considerarse que el hecho no era constitutivo de delito y que finalmente ha logrado a través de una propuesta secundada por más de 200.00 firmas a través de la plataforma change.org.

La “Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente” plantea la introducción de tres novedades respecto de la legislación vigente en materia de delitos cometidos mediando la utilización de vehículos a motor. Según reza su Exposición de Motivos, estas son:

1º La introducción de tres supuestos que siempre se van a considerar imprudencia grave por disposición de ley.
2.° El aumento de la punición de este tipo de conductas.
3.° La introducción del delito de abandono del lugar del accidente.

El motivo de la pretendida reforma parece ser, desde nuestro punto de vista, doble: teniéndose como primera intención, dar respuesta a la alarma social provocada por el considerable aumento de atropellos de ciclistas con resultado de muerte que de un tiempo a esta parte han ocupado un lugar prevalente en los medios de comunicación; siendo, con probabilidad, el segundo motivo de la reforma, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, poner cierto orden en el auténtico “caos jurídico” que con la anterior reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, provocó la introducción de dos nuevos conceptos en nuestro Derecho Penal: la imprudencia grave y la menos grave, a través de los arts. 142 y 152 de nuestro Código Penal, junto con la parcial despenalización que supuso la supresión de las faltas del anterior art. 621.1, 2 y 3 operada por la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 1/2015 de Reforma del Código Penal que entró en vigor a partir del 1 de julio de dicho año.

Uno de los motivos de la Proposición de Ley Orgánica es la respuesta legal al aumento de atropellos de ciclistas con resultado de muerte

En cuanto al primero de los motivos apuntados, son de sobra conocidas las nefastas consecuencias que casi siempre ha supuesto el legislar “en caliente” sobre materias tan delicadas y de efectos colaterales sociales tan amplios y difíciles de prever a priori como ocurre en los supuestos de ilícitos penales cometidos utilizando un vehículo a motor. De un primer y somero análisis de las modificaciones postuladas se infiere que la propuesta no llega a aprovechar la oportunidad, en cuanto a establecer la tolerancia cero respecto del consumo de alcohol y drogas al volante en aquellos supuestos en los que el resultado es el fallecimiento de la víctima, ya que al añadir un último párrafo al art. 142 de nuestro Código Penal (CP), cuyo texto se reproduce a continuación, se sigue vinculando el reproche penal en estos supuestos; esto es la tipificación de la conducta como delictiva, a la conducción bajo la influencia del alcohol o drogas, sin que su mera presencia en los test de detección sea motivo suficiente para la tipificación penal de la conducta.

En efecto, el párrafo cuya adición se propone al vigente art. 142.1 de nuestro CP reza como sigue:

[…] A los efectos de este apartado, se reputará como imprudencia grave la conducción en la que concurra alguna de las circunstancias prevista en el artículo 379 del Código Penal

Por tanto, se continúa requiriendo para la existencia de reproche penal con resultado de muerte la influencia en la conducción de las sustancias tóxicas siendo en el caso del alcohol objetivable dicha influencia mediante la constatación a través de los correspondientes análisis de las tasas previstas en el citado art. 379 CP (tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro) no ocurriendo así en el caso de las drogas. Y no alineándose, en consecuencia, nuestro legislador con las legislaciones de otros países europeos como Rumanía o República Checa. Las citadas legislaciones han optado por una política legislativa de tolerancia cero, tipificándose la conducta como delictiva en los supuestos en los que el resultado del accidente sea el fallecimiento de la víctima, con la mera constatación de la presencia en el organismo del conductor de las citadas sustancias tóxicas. En otros países, como Alemania, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Italia y Lituania se ha previsto la prohibición administrativa de circular con tasa de alcohol a los conductores profesionales, llegándose incluso en Alemania a preverse el despido del conductor profesional que así circulara.

En cuanto a la circulación a velocidades excesivas que reputan el hecho con resultado de muerte como delito, el citado art. 379 así lo prevé en los supuestos en los que el vehículo o ciclomotor circulen a velocidad superior a la permitida reglamentariamente: sesenta kilómetros por hora en vía urbana u ochenta kilómetros por hora en vía interurbana. Esto es, a velocidades superiores a 110 kms/h en el primer caso y superiores a 180 kms/h en el segundo.
De nuevo se nos antoja poco ambiciosa y ajustada a la realidad la reforma propuesta, ya que deja fuera del radar penal numerosos supuestos de atropello o colisión con ciclistas en los que en la práctica el resultado mortal se produce aun circulándose a velocidades muy inferiores a las referidas. Hubiera sido también aconsejable, en la misma línea que en los supuestos en los que la conducción hubiera provocado lesiones de las previstas por los arts. 149 y 150 CP, se presumiera que la conducta se hubiera reputado como imprudencia grave.

Se nos antoja poco ambiciosa y ajustada a la realidad la reforma propuesta, ya que deja fuera del radar penal numerosos supuestos de atropello o colisión con ciclistas en los que en la práctica el resultado mortal se produce aun circulándose a velocidades muy inferiores a las referidas. Álvaro Taitai

Mejor delimitación del concepto de imprudencia grave

Como aspecto positivo de la reforma prevista podemos señalar su indudable contribución a la seguridad jurídica que supondrá, en caso de aprobación, una mejor delimitación del concepto de imprudencia grave al ser este relacionado objetivamente con las mencionadas conductas tipificadas por el art. 397.
Respecto a las penas de prisión a imponer se mantienen las ya previstas en el actual Código Penal para el conductor que causa la muerte mediando imprudencia grave (penas de prisión de 1 a 4 años y retirada del carnet de conducir de 1 a 6 años. Art. 142.1. )

En el caso de causarse la muerte, por imprudencia menos grave, continúa sin preverse la pena de prisión, desoyéndose así una de las reivindicaciones más repetidas por las asociaciones de víctimas de accidente de circulación, manteniéndose la sanción de multa de 3 meses a 18 meses para el conductor junto con la posibilidad de imposición de pena de privación del permiso de conducir de 3 a 18 meses como facultad potestativa del juzgador.

Asimismo, queda supeditada la incoación de actuaciones por delitos de homicidio y lesiones causados por imprudencia menos grave a la denuncia del agraviado o de su representante legal como prevén en la actualidad los artículos 142.2 y 152.2. CP.

Aumento de las penas en los supuestos de homicidio

La reforma propuesta prevé también un aumento de las penas en los supuestos de homicidio causado por la conducción mediando imprudencia grave y menos grave en uno o dos grados, siempre y cuando según lo propuesto en un nuevo párrafo tercero del art. 142 “el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere afectado a la integridad física de una pluralidad de personas con resultado constitutivo de delito”.
Llama la atención que la expresión “afectado a la integridad física” se incardine en un artículo referido al homicidio imprudente, dando a entender que la mera causación de lesiones constitutivas de delito (arts. 147,149 y 150 CP) en alguna de las víctimas junto con el fallecimiento de una o varias personas posibilitara la aplicación de las penas previstas. De nuevo, se acude a un concepto jurídico indeterminado como es el de “notoria gravedad”, cuya utilización llama la atención en un tipo penal de resultado como es el del homicidio, pudiéndose entender que la mera causación de la muerte de la víctima ya podría suponer gravedad de entidad suficiente; pudiendo evocar, a nuestro parecer, la utilización del calificativo “notoria”, una referencia a la notoriedad social alcanzada por la conducta merecedora de reproche penal.

Lesiones constitutivas de delito mediante imprudencia grave

En cuanto a las lesiones constitutivas de delito mediando imprudencia grave, se prevé un nuevo párrafo a añadir al art. 152.1 CP en los supuestos de comisión del hecho utilizándose vehículo a motor o ciclomotor, volviéndose a calificar la imprudencia como grave siempre y cuando, como en el caso de los homicidios causados por imprudencia grave, nos encontremos ante conductas tipificadas por el art. 397. Asimismo, como se ha reseñado en el párrafo anterior, se prevé un aumento de las penas en uno o dos grados a potestad del juzgador y siempre mediando la debida motivación en los supuestos en los que el hecho revistiere notoria gravedad y hubiera afectado a una pluralidad de personas con resultado constitutivo de delito.

Tipificación del delito de omisión del deber de socorro en relación a accidentes de tráfico

Prosiguiendo con la propuesta de reforma, el vigente art. 382 CP sería sustituido por un literal que introduce de forma específica la tipificación como delito de la omisión del deber de socorro, en relación con los accidentes de tráfico, siendo castigada la misma con la pena de tres a seis meses de prisión o la de multa de doce a veinticuatro meses, cuando las lesiones derivadas del accidente sufrido sean constitutivas de delito; y con la pena de seis meses a cuatro años de prisión en los supuestos en los que a causa del accidente de tráfico acaecido se produjera el fallecimiento de la víctima.

Como cláusula de cierre del artículo se dispone que, en todo caso y siempre y cuando previsiblemente se pudieran desprender del accidente ocurrido la existencia de víctimas de gravedad o fallecidos, se procederá a imponer la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a cuatro años.

Comentarios a la reforma del Código Penal por delitos de atropello a ciclistas y peatones

Como primera apreciación podríamos entender que la dureza de las penas se nos antoja escasa, sobre todo en lo referente al grado mínimo de su duración; y, en especial, en el supuesto de las impuestas en casos de fallecimiento, comenzando estas en seis meses al igual que en el caso de que la omisión del deber de socorro se haya producido en supuestos de existencia de lesiones constitutivas de delito al convenirse el grado mínimo de la pena en tres meses.

Asimismo, es reseñable que se persiga castigar con mayor dureza el resultado de fallecimiento de la víctima que el supuesto en que la misma quedara, tras el accidente, con graves lesiones y aun viva, ya que este último caso parece que mereciera mayor reproche social y por tanto penal.

Comparando la redacción propuesta con la contenida en el vigente art. 195.1 CP este establece, para que se imponga la pena por el mismo prevista en supuestos de omisión del deber de socorro, que la víctima quede en situación de “desamparo y peligro manifiesto y grave”, mientras que el citado artículo, cuya inclusión se propone en la reforma, exige que las lesiones producidas en el siniestro circulatorio sean constitutivas de delito o bien se produjera el fallecimiento de la víctima. Desde nuestra perspectiva, se mejora la indeterminación jurídica del vigente artículo 195 CP mediante la remisión de su comisión a supuestos objetivables, al menos en parte siendo que la aplicación del vigente artículo se reservaría a los casos en los que la omisión del deber de socorro no se produce en el ámbito de un siniestro de la circulación.

Así pues, de un primer análisis de la propuesta de reforma, en resumen podríamos decir que estamos ante una buena oportunidad desaprovechada, en cuanto a la alineación de nuestra política legislativa penal con la adoptada por otras legislaciones penales europeas que han abogado por instaurar la tolerancia cero respecto del consumo de sustancias tóxicas al volante, echándose en falta una mayor dureza en las penas propuestas. Reconociéndose, por otro lado, el esfuerzo del legislador por contribuir a la seguridad jurídica mediante la mayor concreción de conceptos jurídicos indeterminados, como es el referido a la imprudencia grave y por exclusión la definición de la imprudencia menos grave, habiéndose perdido asimismo una preciosa ocasión para delimitar de una manera lo más objetiva posible y a la vista de las dificultades hermenéuticas constatadas el concepto de imprudencia menos grave.

Artículo relacionado: Nueva regulación de la imprudencia en el Código Penal para los accidentes de tráfico

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Autor: Álvaro Taitai Vicente 

Socio director de Defentis Abogados, un despacho de abogados especializados en la responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y derecho del seguro compuesto con por un grupo de profesionales con más de 15 años de experiencia y ejercicio profesional ante los Tribunales.