La Ley Orgánica 1/2015 de marzo que reformó el código penal, llevó a cabo importantes modificaciones sobre la imprudencia punible en los delitos tipificados como homicidio y lesiones en diferentes campos, entre ellos, la siniestralidad laboral, el sanitario, y de forma especial los relacionados con los accidentes de tráfico.

accidentes de tráfico

En estos ámbitos se introduce una nueva categoría de “imprudencia menos grave”, lo que resulta de la supresión de las antiguas faltas y la conversión por el legislador de determinadas conductas en derivadas de delitos leves. De esta forma se introduce la nueva categoría de imprudencia en aquellos hechos con resultado de muerte y lesiones de los artículos 149 y 150 del código penal, despenalizando las faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve que se venían juzgando antes de la reforma.

La nueva redacción del art. 142.2 establece: “El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses”. El art. 152.2 dispone: “El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los arts. 149 y 150 será castigado con una pena de multa de tres a doce meses”. Así mismo la reforma exige que los hechos penados en dichos artículos solo se podrán perseguir mediante una denuncia expresa llevada a cabo por el perjudicado.

La imprudencia menos grave viene a ser de grado medio porque se sitúa entre la grave y la leve y comprende, tanto supuestos considerados antes como leves, así como algunos otros que hubieran sido calificados con el antiguo código penal de graves. En este sentido así se pronuncia el Magistrado, Suárez-Mira Rodríguez al indicar que “no cabe interpretar que la anterior imprudencia leve equivale a la actual imprudencia menos grave, sino que parece más razonable que nos encontramos ante una clase de imprudencia intermedia que, sin ser grave, sea más intensa que la anterioemente leve”.

El clasificar una determinada imprudencia como grave, es algo que le corresponde fijar a los tribunales de justicia, como: grave, menos grave o leve (quedando esta última fuera del ámbito penal). El legislador no define la imprudencia menos grave y su determinación por la doctrina y los tribunales no está exenta de dificultades. No obstante, parece claro que la imprudencia menos grave es algo más que la imprudencia leve en cuanto a la intensidad de la conducta del sujeto activo y a la vez, es un plus respecto de la leve despenalizada.

Una de las principales novedades a destacar de la reforma, es que las lesiones básicas del art. 147.1º del código penal  solo resultarán castigadas si son atribuibles a una conducta determinada como imprudente y grave, y quedan despenalizadas las causadas por imprudencia menos grave, significando que es en este grupo en el que se incluyen la mayoría de las lesiones que sean derivadas por los accidentes de circulación. Respecto a las lesiones de menor intensidad causadas por imprudencia grave del antiguo art. 621.1, la reforma ha incorporado el supuesto de hecho al art. 152.1.1º que castiga a quien por imprudencia grave causa las lesiones del art. 147.1 del C.P. que en su actual redacción comprende todas aquellas que precisaran de algún tratamiento médico o intervención quirúrgica para llevar a cabo su curación.

Con la reforma de despenalización de los hechos comprendidos en el antiguo Libro III del código penal, se pretende aligerar la carga de trabajo en los juzgados de instrucción que se han visto superados por asuntos de alcance menor, y por otra parte y en base al principio de intervención mínima, reservar al ámbito penal las conductas más graves de la sociedad, trasladando las conductas culposas a la vía civil por la responsabilidad extracontractual del art. 1902 y ss del C.Civil.

La descarga de trabajo de los juzgados de instrucción a favor de la jurisdicción civil en aquellas conductas menores, desentona con la falta de un interés público de protección a las víctimas de accidentes de tráfico, las cuales se ven obligadas a acudir a la vía civil para llevar a cabos las pertinentes reclamaciones, que les supone, entre otros quebrantos, más costes, dilatación del proceso, la falta del dictamen pericial forense, dificultando así la reparación de los daños causados en el tráfico viario.

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