Con este objetivo se reunieron el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y el decano de dicho Colegio, Antonio Hernández-Gil.

El objetivo del encuentro era, además, tratar la situación de la justicia gratuita en la región y poner las bases para establecer las medidas necesarias que garanticen la correcta aplicación de este derecho en aquellos colectivos que realmente lo necesiten.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra el estudiar, de modo conjunto por ambas administraciones, la reforma del marco legal que regula el derecho constitucional al turno de oficio en la región con el objetivo de adaptarlo a las realidades sociales y económicas actuales.

En el encuentro, además de comprometerse a poner en marcha los mecanismos necesarios para optimizar la prestación de dicho servicios, también se ha acordado la creación de una comisión de trabajo integrada por representantes de ambas administraciones y que estará destinada aresolver los conflictos originados por la normativa sobre asistencia jurídica gratuita dentro de las competencias desarrolladas por ambas instituciones en esta materia.

La pasada semana, la Comunidad de Madrid aprobó un gasto de 33,9millones de euros en concepto de subvención al Consejo de Colegios de Abogados y al Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradoresde los Tribunales de España por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en la Región por los abogados del turno de oficio.

Granados recordó que desde el Ejecutivo madrileño se estárealizando un importante esfuerzo financiero para dotar de la mayor calidad posible la prestación de este servicio a los colectivos másdesfavorecidos de la región como son la población inmigrante, las víctimasde violencia de género o los trabajadores por cuenta ajena, tres de losprincipales colectivos beneficiarios de la justicia gratuita, junto con ciudadanos con escasos recursos económicos.

El presupuesto destinado a Justicia Gratuita en la Comunidad de Madrid ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos añospasando de los 9 millones de euros en 2003 a los 50 millones del pasadoaño. Por ello, el Gobierno regional estudia adaptar esta situación a través de un nuevo decreto.

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