Por José Eugenio Soriano, Of Counsel de Lupicinio Abogados y Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid

Estamos en período de elecciones al Colegio de Madrid. Son varios los candidatos. Hay interesantes propuestas. Y sin embargo, apenas existe una visión externa de cómo nos están viendo otras Instituciones que tienen mucho que decir, especialmente si tenemos presente que más temprano que tarde la Ley de Servicios Profesionales, claramente inspirada en normas europeas, modificará en el sentido que aquí se comenta nuestro devenir como colegio.

Recordemos la nota de prensa que publica la Comisión Nacional de la Competencia sobre un reciente asunto que tiene por objeto a nuestro vecino Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y que pone de manifiesto una visión bastante novedosa por la radicalidad con la que se enfrenta con temas que teníamos tradicionalmente resueltos y que, ahora, definitivamente cambian.

La nota dice así: “La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares una multa de 20.000 euros por dificultar la competencia en el ejercicio de la actividad de abogacía.”

El 29 de noviembre de 2010 tuvo entrada en el Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid una denuncia presentada por dos abogados del Colegio de Abogados de Málaga contra el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares por una supuesta práctica restrictiva de este último. La práctica habría consistido en sancionar a los dos letrados con suspensión temporal en el ejercicio de la abogacía por infracción del deber de comunicación de una actuación profesional en un partido judicial distinto al de colegiación y por no hacer constar en el escrito de solicitud de la venia su voluntad de no aceptar el asunto en tanto no estén abonados por el cliente los honorarios del letrado sustituido.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, quedó extinguido el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, por lo que el ejercicio de las competencias en esta materia fue asumido por la Consejería de Economía y Hacienda y, en concreto, por la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica, residiendo las competencias de resolución de los expedientes en la misma materia en el Consejo de la CNC.

El Consejo de la CNC recuerda que el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de Alcalá de Henares sancionando a los dos abogados es contrario a lo dispuesto por la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, en particular al artículo 3.3, párrafo segundo, que tras su modificación por el artículo 5.5 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, señala: «Los colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de la colegiación comunicación ni habilitación alguna (…)». También es contrario a lo dispuesto en el art. 26.1 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía española, que dispone que «los abogados tendrán plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión al cliente».

Comprobamos pues como técnicas tradicionales, como la venia, o la simple comunicación de ejercicio –bastaba con que un abogado estuviera colegiado en un sitio para ejercer en todo el territorio nacional – han caído. Y si conectamos esta situación con la de otros Colegios, Arquitectos por ejemplo – donde el visado está siendo muy limitado y donde el reconocimiento de su experiencia profesional no es ya reconocido como fundamento de una exclusividad de asesoramiento sino que se ve obligado a compartirlo con las meras asociaciones – tenemos que reconocer que existe un cambio profundo en la consideración que los Colegios están teniendo y desde luego, van a tener.

Si reparamos en los informes de la CNC sobre Colegios Profesionales, y si observamos también la posición de las Autoridades Comunitarias, se comprende de inmediato que hay que prepararse para el cambio y que los candidatos a las elecciones deberían desde luego tener algo que decir sobre la posición a adoptar de cara a la legislación que se avecina sobre servicios profesionales.

No se puede continuar solamente mirando las cuestiones, grandes y pequeñas, de nuestros Colegios de Abogados. Ni basta con criticar la gestión actual. Hay que avizorar el futuro y, desde luego, el candidato que acierte en esa línea merecerá el apoyo de todos sus compañeros.

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