La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este jueves la ponencia de la vocal Margarita Robles que cuestiona la constitucionalidad de las principales medidas propuestas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón en la reforma del Código Penal. El proyecto de informe, del que se ha encargado la vocal del CGPJ, pone en duda, principalmente, las dos medidas estrella del nuevo Código Penal: la prisión permanente revisable, que algunos ya han descrito como una especie de cadena perpetua encubierta, y la custodia de seguridad.

La ponencia, que tiene que ratificarse por parte del Pleno del Poder Judicial el próximo día 20, será discutida hoy en la Comisión de Estudios e Informes, que está integrada, además de por la ponente, por el vocal designado a propuesta del PSOE, Carles Cruz; los vocales propuestos por el PP, Concepción Espejel y Claro José Fernández-Carnicero y por la vocal designada a propuesta de CiU, Margarita Uría.

El texto escrito por Robles advierte que la reforma podría ser inconstitucional dado que la pena de prisión permanente revisable puede ir en contra de la finalidad de reinserción que recoge la Constitución. Así, apunta que «resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable, en un ámbito estrictamente interno, con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución».

En este sentido, la ponencia argumenta que las penas privativas de libertad de carácter temporal no excluyen el reingreso del penado al entorno social, por muy extensa que sea su duración ya que «en el peor de los escenarios posibles, al menos alcanzaría la libertad finalizada la duración de la pena fijada en sentencia». Es decir, que el condenado «se reinsertaría en la sociedad una vez finiquitada la sanción impuesta, lo cual no tendría lugar cuando se le aplicara la prisión permanente revisable».

El borrador del CGPJ también se refiere a la nueva medida de la custodia de seguridad, que se aplicaría después de la pena de prisión y que se podría aplicar a sujetos que hubieran pasado por la cárcel y hubiesen reincidido distintas veces. El informe alerta que «aunque la ley fije una duración máxima de diez años, después impone de forma obligatoria la medida de seguridad de libertad vigilada, que puede llegar a ser ilimitada a través del sistema de prórrogas que incluye la nueva regulación. De este modo, se configura un sistema de medidas de seguridad ilimitadas en el tiempo para sujetos imputables». Según Robles, al imponerse la custodia de seguridad después que el preso haya cumplido su pena de cárcel, se puede entrar en colisión con el régimen de libertad condicional, cosa que «supondrá un retroceso en el régimen del cumplimiento», dice.

 

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