La Comisión de Paz de Senado realiza el análisis del informe presentado por Human Rights Watch.

Con la presencia de José Manuel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas, senadores de la Comisión de Paz realizaron un debate sobre el informe de Human Rights Watch.

El documento se titula “Líderes Desprotegidos y Comunidades Indefensas” y da cuenta de la situación que se vive en Colombia con relación al asesinato de defensores de derechos humanos en zonas remotas del país.

El senador Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz, agradeció la presencia de Vivanco así como el tiempo que le dedica a la defensa de la vida y de los derechos humanos en el mundo y en América Latina.

José Miguel Vivanco hizo un resumen del informe que “analiza cada una de las políticas del gobierno para prevenir y abordar los asesinatos de defensores de derechos humanos, así como las falencias en su implementación”.

Donde también documenta asesinatos de defensores de derechos humanos en seis de las zonas del país más afectadas por estos crímenes.

Del mismo modo, el informe explica las dinámicas de violencia y los contextos que influyen en los asesinatos de defensores de derechos humanos en estas subregiones.

En su presentación, Vivanco dio a conocer las cifras presentadas por Naciones Unidas “desde 2016 han sido asesinados más de 421 líderes sociales, defensores de DD. HH. y de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en ese mismo periodo han sido asesinadas 700 personas”.

José Miguel Vivanco sostuvo que si bien la Unidad de Investigación de la Fiscalía trabaja, lamentablemente tiene una limitación en el número de fiscales que no superan los 16.

Aún así destacó la importante labor que lleva a cabo diariamente, la cual debe fortalecerse para priorizar las investigaciones enfocadas en los determinadores.

El senador Julián Gallo (Partido Comunes) manifestó que “desafortunadamente el Gobierno desestimó las recomendaciones en el Acuerdo de Paz, de garantizar la presencia integral del Estado y la seguridad en el territorio nacional.”

El senador Alberto Castilla (Partido Polo Democrático), integrante de la Comisión Séptima, señaló que “las investigaciones no avanzan, faltan mecanismos colectivos de protección a la hora de actuar, pero sobre todo la voluntad del Gobierno para atender los problemas sociales que tienen las regiones, no basta con pedir únicamente resultados militares”.

La senadora Sandra Ramírez (Partido Comunes) expuso que “la violencia se ha recrudecido desde que se firmó el Acuerdo de Paz” pero también piensa que “la obligación de salvaguardar los derechos de la población, está en cabeza de los gobiernos, que deben actuar de manera determinada”.

“Es muy preocupante la evolución que vienen teniendo las investigaciones de los crímenes, especialmente de las masacres donde también están involucradas familias completas, desmovilizados y líderes sociales”, manifestó la senadora Ayda Avella.

Por su parte, el senador Iván Cepeda (Partido Polo Democrático) cree que “hay un subregistro en materia de investigación penal, es evidente que las cifras que maneja la Fiscalía no son las del universo real de los crímenes que se cometen según otras agencias del Estado o de las propias Naciones Unidas”.

Fuente: Prensa Senado de la República de Colombia


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