El Senado de la República de México formuló la ampliación del catálogo de delitos graves para prisión preventiva oficiosa.

Esta figura jurídica se aplicará para los casos de feminicidio, corrupción y uso de programas sociales con fines electorales, entre otros; el proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación.

Con 62 votos a favor, 36 en contra y una abstención, se aprobó la minuta que reforma diversas leyes para que se aplique prisión preventiva oficiosa a los delitos considerados graves.

Esta reforma establece la legislación secundaria relacionada con la modificación al artículo 19 de la Constitución Política, que amplía el catálogo de delitos graves a los que se les aplicará esta figura jurídica.

La ampliación comprende ilícitos como el feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol.

Por otro lado, la asamblea respaldó el cambio que planteó la Cámara de Diputado para descartar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a los delitos cometidos con arma réplica -como se establecía en la propuesta original- pues entendió que esta disposición se extralimita, al legislar más allá de lo ordenado por el decreto constitucional.

Aplicar esta figura a los delitos cometidos con armas réplica, implicaría la creación de un tipo penal que no fue incorporado por el Constituyente Permanente en el artículo 19 de la Constitución Federal.

Es por ello, que el Senado se sumó a este cambio y se allanó al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

Con esta aprobación se cumple con el mandato surgido de la reforma al artículo 19 constitucional, donde se establecieron nuevos delitos considerados graves y meritorios de prisión preventiva oficiosa.

Además, se armonizan las leyes secundarias para aplicar plenamente esta medida cautelar y evitar malinterpretaciones en la impartición de justicia.

En la discusión del dictamen, la senadora Nancy Sánchez Arredondo se colocó del lado de quienes ven a la ampliación como una herramienta más por la lucha contra la impunidad, y por ello apuntó: “Estamos otorgando mayor capacidad a las autoridades judiciales para actuar de manera inmediata y contundente.”

Opuestamente, el senador Damián Zepeda Vidales dijo que la prisión preventiva oficiosa es la mayor violación a los derechos.

Además, calificó de “moda política decir que se quiere combatir la inseguridad, cuando el 90 por ciento de los más de 300 millones de delitos que se cometen al año en México no se denuncian”.

Claudia Ruiz Massieu Salinas sostuvo que la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es contraria al principio de progresividad del reconocimiento a los derechos humanos, que “la reforma atenta contra el principio de presunción de inocencia y valida la restricción a la libertad de una persona”.

Finalmente, el senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano, expresó que estas medidas legislativas son autoritarias y contrarias a la Constitución, ya que se utiliza el derecho penal como una herramienta represiva.

Lo que se debe hacer, añadió, es fortalecer las capacidades de investigación de los Ministerios Públicos y de las instituciones del país.

Fuente: Prensa Cámara de Senadores, República de México


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