El presidente de Colombia habló sobre la autonomía judicial y afirmó que nunca utilizaría su autoridad para presionar a los jueces

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, asistió al Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria.

El XXIX Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria se lleva a cabo los días 19 y 20 de noviembre de 2026 en Santiago de Cali, organizado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia bajo el lema «Justicia, sociedad y democracia».

Este encuentro constituye el principal escenario académico anual de la Rama Judicial colombiana para reunir a magistrados de las altas cortes, jueces, servidores judiciales, académicos y expertos internacionales.

Abelardo de la Espriella asistió al encuentro el 19 de noviembre de 2026. De acuerdo con los informes del evento, destacó el respeto a la independencia judicial, señaló que no utilizará su cargo para desconocer fallos judiciales y manifestó su disposición para analizar alternativas de financiamiento para la Rama Judicial.

El mandatario aseguró que su Gobierno respetará la autonomía de los jueces. En su intervención, el jefe de Estado insistió en que la independencia judicial debe mantenerse incluso cuando las decisiones de los jueces sean contrarias a los intereses del Ejecutivo.

“Como presidente de la República tengo la obligación de respetar esa independencia. Podré estar en desacuerdo con una decisión judicial y expresar mis razones con respeto y altura, pero jamás utilizaré la autoridad de mi cargo para presionar a un juez o intentar que resuelva conforme a mis preferencias”, manifestó.

La Constitución somete a los jueces al imperio de la ley y mantiene sus decisiones al margen de presiones de otras ramas del poder público. “La independencia judicial tampoco impide la cooperación entre las ramas del poder público. Ejecutivo y Judicial tenemos funciones separadas, pero tenemos el deber de colaborar armónicamente”, resaltó.

En Colombia, la independencia judicial está consagrada principalmente en la Constitución Política de 1991 (en especial en los artículos 228 y 230) y desarrollada en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996, artículo 5).

El artículo 228 establece que la administración de justicia es una función pública, que sus decisiones son independientes y que el funcionamiento del poder judicial es descentralizado y autónomo.

Luego, el artículo 230 dispone que los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley, y señala la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina como criterios auxiliares de la actividad judicial.

Estos artículos se fundan en la estructura de ramas del poder público prevista en la Constitución (artículo 113), que distingue a la Rama Judicial de las ramas ejecutiva y legislativa.

Por su parte, la Ley 270 de 1996 (artículo 5) reafirma que la Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función y prohíbe a cualquier superior jerárquico insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial sobre las decisiones o criterios de sus providencias.

Finalmente, la Corte Constitucional ha precisado que la independencia judicial protege a los jueces frente a presiones internas y externas, aunque no es absoluta y se ejerce dentro del marco constitucional, legal y de respeto a los derechos fundamentales.

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