Víctimas de empresas fachada expusieron en la Cámara créditos tramitados sin su consentimiento
La Comisión Primera Constitucional realizó una audiencia pública sobre fraudes financieros cometidos a través de empresas fachada, que atraen a personas mayores con falsas promesas y terminan sacando créditos a su nombre.
La sesión fue convocada y presidida por el representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui Pastrana, del Partido Centro Democrático, con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Policía Nacional y Asobancaria.
Según la base de datos que presentó el representante Uscátegui, se han identificado 174 casos asociados a 13 empresas constituidas en 2025, de los cuales al menos 38 cuentan con número de noticia criminal completo. Las pérdidas documentadas superan los 675 millones de pesos, en créditos de entre 500.000 y casi 50 millones, otorgados por entidades de la banca formal.
En Colombia, los fraudes con créditos vinculados a empresas fachada operan bajo dos mecanismos principales: la suplantación de identidad para desembolsar créditos reales a cuentas de compañías ficticias y el uso de falsas entidades financieras que exigen dinero por adelantado.
Esta modalidad fue objeto de audiencias públicas recientes en la Cámara de Representantes de Colombia debido al aumento de víctimas, especialmente adultos mayores.
Los delincuentes robaron información personal mediante ingeniería social, bases de datos filtradas o engaños sobre supuestos beneficios y trámites.
Utilizan los datos robados para solicitar créditos de consumo o libranzas en plataformas virtuales que tienen controles biométricos débiles.
Así, en cuestión de minutos, el dinero aprobado por el banco o fintech no llega a la cuenta del ciudadano, sino que se transfiere directamente a cuentas bancarias de empresas fachada constituidas legalmente pero sin actividad económica real.
Existen esquemas donde empresas fachada captan datos de ciudadanos para tramitar créditos digitales a su nombre y recibir los desembolsos sin consentimiento real de la víctima.
En Colombia, los bancos tienen una responsabilidad estricta de debida diligencia y prevención de riesgos, regulada principalmente por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Si una entidad otorga créditos a una empresa fachada o desembolsa préstamos fraudulentos vinculados a ellas, asume consecuencias en tres frentes distintos.
Todos los bancos están obligados a implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Antes de aprobar un crédito, el banco debe verificar la existencia real del negocio, su actividad económica, la identidad de sus beneficiarios finales y el origen de sus recursos.
Si el banco omite estas verificaciones o ignora señales de alerta evidentes (como empresas recién creadas sin operaciones reales que piden montos altos), incurre en incumplimiento normativo.
La Superfinanciera puede imponer multas millonarias tanto a la entidad bancaria como a sus representantes legales, oficiales de cumplimiento y administradores, además de ordenar intervenciones o suspender operaciones en casos graves.







