El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella reanudó los bombardeos contra estructuras armadas ilegales en Colombia
Las ofensivas dejaron decenas de guerrilleros abatidos y generando un intenso debate judicial por la presencia de menores de edad en los campamentos atacados.
El debate sobre los bombardeos en Colombia se reactivó con intensidad en septiembre de 2026 debido al riesgo de afectar a menores de edad reclutados por grupos armados ilegales en zonas de selva.
Un despacho judicial evaluó medidas cautelares para suspender temporalmente los bombardeos ofensivos debido al riesgo para la población civil y menores reclutados.
La medida solicitada inicialmente pretendía suspender los bombardeos y operaciones aéreas ofensivas hasta que se establecieran mecanismos considerados menos gravosos para enfrentar a las organizaciones armadas.
Sin embargo, un juez levantó la suspensión de los bombardeos condicionado a reforzar de manera estricta los protocolos de protección a los derechos de niños y adolescentes.
Durante el operativo del 27 de agosto en Guaviare se confirmó la muerte de tres menores de edad (adolescentes de 15 y 16 años).
El Ministerio de Defensa argumentó que los menores hacían parte activa de la estructura armada y se encontraban en «función continua de combate».
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta desestimó la pretensión de prohibir o suspender de manera general, absoluta e indefinida el uso de la fuerza aérea o las operaciones de bombardeo militar en el territorio nacional.
Sin embargo, la decisión estableció condiciones para la planeación y ejecución de este tipo de operaciones. Según la providencia, las autoridades deberán agotar las verificaciones y precauciones disponibles antes de ejecutar una acción aérea cuando existan elementos que indiquen la posible presencia de población protegida.
Entre las obligaciones está la adopción de “un estándar reforzado de precaución y verificación en el proceso de planeación, autorización y ejecución de cualquier operación aérea ofensiva” cuando las circunstancias indiquen la posible presencia de población protegida.
A la discusión se suman sectores de oposición y congresistas, como Roy Barreras, quienes cuestionaron al Ministerio de Defensa por la muerte de menores en operativos aéreos contra estructuras ilegales, lo que derivó en debates de control político y mociones de censura contra el ministro Jorge Mora.
No obstante, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) y defensores de las operaciones militares argumentan que los bombardeos son tácticas legítimas y necesarias frente a grupos armados que usan a los menores como escudos humanos. Atribuyen la culpa de estas muertes trágicas a las organizaciones criminales que cometen el delito de reclutamiento forzado
