El Gobierno de Colombia radicó en octubre de 2026 un proyecto de ley de sometimiento a la justicia

El sometimiento a la justicia es un mecanismo jurídico y procesal mediante el cual los integrantes de organizaciones criminales, bandas o grupos armados ilegales deciden abandonar voluntariamente las armas y las actividades delictivas para presentarse ante las autoridades competentes.

En el contexto actual (como el impulsado por el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Justicia y del Derecho), se trata estrictamente de un procedimiento legal y penal, sin que implique negociaciones políticas o reconocimiento de estatus político a los grupos armados.

El proyecto está siendo impulsado a través del Ministerio de Justicia y del Derecho para modificar y prorrogar la Ley de Orden Público.

El proyecto requiere surtir cuatro debates en el Congreso de la República antes del 5 de noviembre de 2026, fecha en que vence la prórroga vigente de la Ley de Orden Público.

EL PROYECTO

El proyecto de ley apunta a los grupos armados ilegales y ofrece rebajas de pena de hasta el 50% por colaboración y reparación a víctimas.

El Ministerio de Justicia y del Derecho calcula que la iniciativa podría cobijar a cerca de 28.800 integrantes de distintas estructuras armadas ilegales en el país.

La propuesta descarta diálogos de carácter político con los grupos armados ilegales y busca el sometimiento individual y judicial de los integrantes de estructuras criminales y redes de economías ilícitas.

El proyecto prevé reducciones de hasta el 50% de la pena acumulada para los integrantes de base que colaboren con información verificable; y reducciones de hasta el 30% para quienes hayan ejercido roles de mando o liderazgo, estableciendo para estos últimos una pena efectiva mínima de 10 años.

A cambio de su colaboración y desmovilización, la ley contempla beneficios como reducciones de pena o modalidades de reclusión específicas, los cuales están condicionados al cumplimiento estricto de la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición.

Condiciones obligatorias para acceder a los beneficios, deben dejar las armas, cesar actividades criminales (como extorsión, secuestro y reclutamiento), liberar a secuestrados, entregar menores de edad reclutados, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y aportar a la verdad y reparación de las víctimas.

Por otro lado, se prevé que el sometimiento no frena las órdenes de captura vigentes ni los procesos de extradición.

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