Como urgente medida en protección al medio ambiente, el Gobierno radicó el proyecto de ley para aprobación del Acuerdo de Escazú.

El Gobierno Nacional radicó para consideración del Congreso de la República el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú en cumplimiento de su compromiso de garantizar el derecho de todas las personas a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

Dicho acuerdo fue firmado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en diciembre pasado, como uno de los más importantes logros de la Gran Conversación Nacional instalada por el Gobierno del Presidente Iván Duque.

El Ministro de Ambiente Ricardo Lozano destacó que “este Gobierno cumple su palabra. El señor Presidente se comprometió a blindar el país con el más robusto marco normativo que brinde las herramientas suficientes para aplicar nuestra máxima protección al medio ambiente.”

Por esta razón, “hoy radicamos ante el Congreso este proyecto de Ley que fortalece el rol de la sociedad civil en la política ambiental, con miras a hacerla más participativa, representativa y acorde con los intereses de los diferentes grupos sociales.”

“Este acto confirma la voluntad del Gobierno de consolidar su liderazgo en materia ambiental, que muestra el compromiso con una gobernanza ambiental proactiva, inclusiva y responsable”, amplió el Ministro de Ambiente.

El proyecto de ley impone obligaciones en cuanto a generación y divulgación de información ambiental, sistemas de información, acceso a la justicia en asuntos ambientales, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.

El acuerdo de Escazú

Su origen radica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992.

Allí se adoptó el Principio 10, el cual busca asegurar que los ciudadanos tengan acceso adecuado a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las presentes y futuras generaciones.

En junio del año 2012, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20), realizada en Río de Janeiro, varios países reafirmaron dicho compromiso mediante la Declaración sobre la aplicación del Principio 10.

Colombia se adhirió el 17 de abril de 2013. Finalmente, el 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe adoptaron, en Escazú (Costa Rica), dicho Acuerdo Regional.

El 11 de diciembre de 2019, el Embajador Guillermo Fernández de Soto, Representante Permanente de Colombia ante Naciones Unidas, suscribió el ‘Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, denominado Acuerdo de Escazú.

De ser aprobado por el Congreso de la República, el proyecto de ley deberá surtir el proceso de control automático por parte de la Corte Constitucional.

Así mismo, a nivel internacional, 11 Estados deben ratificarlo para que pueda entrar en vigor.

A la fecha ya lo ratificaron 9 países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay).

Así mismo, 13 países ya lo firmaron y están pendiente de su ratificación: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía).

Fuente: Prensa Presidencia de la Nación, con información del Ministerio de Ambiente

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