La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso y la demanda en su día formulada, condenando al Banco Cetelem, S.A. por intromisión ilegítima en el honor de una persona, cuyos datos personales fueron incluidos en una base de datos de morosos tras una suplantación de personalidad, y, en consecuencia, sin existir un crédito verdadero y exigible de aquel frente a esta.

 La demandante adujo en su demanda (que también dirigió contra la entidad Asnef Equifax, que ha resultado absuelta) que dicha inclusión afectó a su reputación y buen nombre y que le impidió acceder al crédito necesario para comprarse un coche, por todo lo cual solicitó una indemnización de 12.000 euros. El Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Valencia desestimó la demanda, pronunciamiento que confirmó la Audiencia Provincial en apelación. Ahora la Sala Primera revoca este pronunciamiento absolutorio respecto de la primera entidad.

 La sentencia, de la que es ponente el presidente de dicha Sala, D. Juan Antonio Xiol Ríos, recuerda la doctrina aplicable en supuestos de intromisión en el honor a resultas de los datos que figuran en ficheros de solvencia patrimonial y de crédito. Según esa jurisprudencia, la inclusión indebida de datos de personas físicas constituye un supuesto de intromisión ilegítima en el honor -que no en la intimidad-, pues la publicación de la morosidad de una persona incide negativamente en su buen nombre, prestigio y reputación; en suma, en su dignidad personal, siendo intranscendente que el Registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya que es suficiente la posibilidad de conocimiento público del dato de la morosidad, y que esta salga de la esfera interna del conocimiento entre acreedor y deudor, para pasar a ser de conocimiento público.

El hecho de que además la información sea conocida por terceros y de lugar, por ejemplo, al rechazo de un crédito, sería un factor que procedería valorar para cuantificar la indemnización. También recuerda que la vigente Ley de Protección de Datos permite a toda persona controlar sus datos personales y el destino que se les da frente a potenciales agresiones provenientes de un uso ilegítimo, potencialmente lesivo para su dignidad. Y que la Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, en relación con la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y de crédito, exige, con carácter previo a la inclusión en el fichero, que exista una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada.

En atención a todo este conjunto normativo y jurisprudencial, la Sala concluye que en el supuesto enjuiciado existió intromisión ilegítima en el honor de la demandante toda vez que consta probado que el crédito concedido por Banco Cetelem, S.A. no era imputable a la misma y, por ende, no era exigible frente a ella, de forma que la citada entidad comunicó hechos inveraces a un registro de morosos, lo que constituye una conducta contraria a los buenos usos y prácticas bancarios. A la hora de cuantificar el daño moral, la Sala valora el tiempo en que los datos permanecieron en el fichero (desde el 24 de junio de 2003 al 11 de febrero de 2005) y también que fueron consultados hasta en tres ocasiones.

 

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