Son tiempos de crisis. Aquí están otra vez las situaciones de insolvencia personal y empresarial, lo que comportará que algunos acreedores y deudores planteen a sus abogados la eventual entrada en escena del derecho penal, en sus respectivas posiciones crediticias.

Los acreedores que se ven defraudados en su derecho al cobro tienden a creerse víctimas de un engaño delictivo. Los deudores acuciados por la situación, en algunas ocasiones, se creen en el caso de intentar burlar el crédito, al amparo de una mal entendida legítima defensa, o estado de necesidad.

Ambos necesitan conocer las reglas del juego, el marco normativo vigente y parece pertinente concretarlo ya que no es el mismo que regía en el contexto de la última crisis económica, la que padecimos en la década de los noventa y es que en aquel momento cambiaron las normas que regulan estas situaciones patológicas: entró en vigor el Código Penal de 1.995 rigiendo el ámbito de las insolvencias punibles y algo más tarde, la Ley Concursal de 2.003, reguladora de los procesos mercantiles de insolvencia.

Así, para empezar, el acreedor que ahora se crea víctima de alzamiento de bienes perpetrado por su deudor en concurso ya no debe esperar a la calificación del proceso concursal- universal para acudir a la vía penal.

Antes, en cambio, para formular querella o denuncia contra el deudor, era preciso atender a que se cumpliera un requisito de procedibilidad consistente en que el proceso concursal se calificara la quiebra –tras ardua tramitación- en la antigua Pieza Vª cuya sentencia podía llegar hasta el Tribunal Supremo, como fraudulenta o culpable. Si se calificaba como fortuita, no era posible iniciar actuaciones penales.

También se ha ampliado la protección del acreedor, convirtiendo lo que eran tendencias jurisprudenciales en conductas punibles. Así, para que el deudor se alce con sus bienes, hoy ya no es preciso esperar a que la deuda resulte vencida, líquida y exigible. Para que se cometa el delito de alzamiento basta con que el deudor cometa cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

Parece, pues, que el deudor tiene poca capacidad de maniobra para burlar el crédito, sin cometer delito.

También aclara el Código Penal vigente que el delito se produce sea cual sea el cariz o naturaleza de la deuda, pública o privada, zanjando discusiones doctrinales antiguas.

Añade el código nuevos delitos que versan sobre determinadas disposiciones patrimoniales que realice el deudor una vez admitida a trámite la solicitud del concurso, en contra de la posición paritaria de los acreedores y prevé también como delito novedoso que la situación de crisis o insolvencia hubiere sido causada o agravada maliciosamente por el deudor; así como la presentación de datos contables falsos en el procedimiento concursal.

Lo dicho hasta ahora, nos haría concluir en una indudable mejor protección penal del acreedor.

Sin embargo, la legislación que se estrena en esta crisis no contiene únicamente normas que tienden a proteger la situación del acreedor. Algunas otras, pocas, van a favor del deudor.

Así, se han suprimido del Código Penal conductas que tendían a penar de forma automática a los declarados en quiebra si esta era declarada fraudulenta o culpable. Lo preveía el Código de 1.973 en sus artículos 520 y 521 hoy derogados, de forma que si la jurisdicción civil calificaba así el concurso, como fraudulento o culpable, el quebrado había cometido irremisiblemente el delito y llegaba inerme a la jurisdicción penal. El Tribunal Supremo había corregido en varias sentencias tan riguroso automatismo; pero la ley positiva permaneció vigente durante muchos años.

La quiebra, además, debía reputarse fraudulenta en quince supuestos que enumeraba el artículo 890 del Código de Comercio, desde incluir en los libros o balances bienes, créditos, deudas, pérdidas o gastos falsos, hasta haber anticipado pagos en perjuicio de los acreedores y debía reputarse culpable en cinco supuestos fácticos, enumerados en el artículo 888 del Código de Comercio que se concretaban desde los excesivos gastos domésticos y personales del quebrado, hasta que éste hubiera vendido género a pérdida, pasando por las apuestas imprudentes en el juego.

Conductas, pues, despenalizadas, aunque veremos si sirven como conductas clásicas de algunos concursados, para rellenar las actuales, definidas hoy con menor concreción en el Código Penal.

Emilio J. Zegrí Boada

Abogado

Zegrí + de Olivar + Ráfales Abogados Penalistas

www.abogadospenalistas.es

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