La Mesa del Congreso de los Diputados de la X Legislatura ha admitido el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por varias asociaciones catalanas que propone instaurar la dación en pago para los créditos hipotecarios, es decir, que la entrega de la vivienda sirva para saldar la deuda con el banco.

Este acuerdo, que ratifica el suscrito por la anterior Mesa antes de la elecciones generales, supone que los promotores tendrán nueve meses para recoger las 500.000 firmas necesarias para que el texto llegue al Pleno del Congreso.

En la anterior Legislatura, el órgano de gobierno de la Cámara Baja tuvo que decidir sobre la admisión o no de dos iniciativas surgidas de distintos colectivos de la sociedad civil relativas a la dación en pago y a la creación de un alquiler social adaptado a quienes no pueden afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual.

Duplicidad

La ley que regula este tipo de iniciativas populares establece que no pueden tramitarse dos ILP que versen sobre el mismo asunto y que, si se registra más de una sobre el mismo tema, debe darse prevalencia a la primera.

Las dudas surgieron porque ambas se registraron con un día de diferencia y en lugares distintos. La promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Observatorio DESC, las asociaciones de vecinos catalanas, la Taula del Tercer Sector Social, la Unió de Consumidors de Catalunya, CC.OO. y UGT se registró en una oficina de Correos de Girona, mientras que la otra se presentó directamente en el registro de la Cámara.

Dación en pago (en latín datio in solutum), es la denominación del acto en virtud del cual el deudor, realiza, a título de pago, una prestación diversa de la debida al acreedor, quien acepta recibirla en sustitución de ésta. A veces, en un sentido más restringido, por dación en pago se entiende concretamente la entrega de una cosa corporal o dinero como equivalencia del cumplimiento de la obligación originaria de dar, hacer o no hacer.

Esta actvidad suele aplicarse como sistema de pago final por parte del deudor de una hipoteca inmobiliaria a la que no puede enfrentar las cuotas impuestas por el crédito hipotecario establecido y en la que se entrega el inmueble, en vez de dinero, para liberarse de la deuda . La dación en pago traslada el riesgo de impago del deudor al acreedor. Por lo que para que el acreedor pueda mantener el riesgo se tiene que incrementar los intereses y por lo tanto hace menos accesible ese préstamo.

Su regulación

La Ley Hipotecaria, en su Artículo 140, deja abierta la posibilidad de pactar en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados. En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor.

En este caso, la Ley Hipotecaria vigente prevé la dación de pago, siempre y cuando se pacte con la entidad crediticia o acreedor antes de formalizar el préstamo hipotecario. En caso de no haber un pacto entre deudor y acreedor, según lo dispuesto en el artículo 105 de la misma ley, la hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece el artículo 1.911 del Código Civil.

El Código civil español no habla de la dación en pago como modo extintivo de las obligaciones, aunque da por supuesta la institución en los artículos 1.521 y 1.636, al tratar de los retractos, y en algunas otras disposiciones.


QUé es una ILP?

Finalmente se comprobó la validez del registro realizado en Girona y que éste tuvo lugar un día antes de la que se presentó en el propio Registro del Congreso. Cuando los promotores de la iniciativa que se ha calificado recaben el medio millón de firmas que fija la ley y estas sean ratificadas por la Junta Electoral Central, la próxima Mesa del Congreso ordenará la publicación del texto, que deberá ser debatido en el Pleno a más tardar en seis meses. Sus promotores podrán acudir a la Cámara a defender su propuesta.

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