Jose María Peyra
Jose María Peyra, abogado de Sanahuja & Miranda

La Ley de Sociedades de Capital (LSC), al fijar los derechos mínimos de todos los socios, establece, en su artículo 93, como primer derecho de contenido económico de los socios, el derecho a participar en las ganancias sociales.

El carácter genérico de ese derecho ha dado lugar a numerosos litigios en aquellos casos en los que la mayoría social se opone a la distribución de dividendos y acuerda en la Junta General anual de aprobación de cuentas aplicar a reserva voluntaria, el beneficio obtenido por la compañía, en detrimento de la distribución de dividendos entre los socios.

Es habitual que los socios mayoritarios, que suelen controlar la gestión de la compañía, perciban retribuciones de la sociedad por otros medios ya sean salarios, retribución como consejeros, acuerdos comerciales, oportunidad de negocios, etc;  no estén interesados en la distribución de dividendos que, por el contrario, supone para el socio minoritario la única forma de participación en la sociedad en la que ha invertido capital.

El reparto de beneficios está supeditado al interés de la sociedad, que debe priorizar la conservación del patrimonio social, lo que por otra parte, garantiza también el derecho de los acreedores de la sociedad.  El derecho a distribución de dividendos en consecuencia, no es un derecho absoluto, sino que está subordinado al interés social.

En el mes de agosto de 2011 entró el vigor el artículo 238 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que concedía al socio minoritario el derecho a separarse de la sociedad, en el caso de que ésta no distribuyera los beneficios, en los siguientes términos:

“ A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la Junta General no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.”

La vigencia de dicho artículo duró solo hasta el mes de junio de 2012, en el que se aprobó una ley que dejaba en suspenso la aplicación de dicho artículo hasta el 30 de diciembre de 2014.

El día cinco del pasado mes de septiembre se aprobó el Real Decreto Ley 11/2014 que dejaba en suspenso nuevamente la vigencia del artículo 238 bis de la Ley de Sociedades de Capital hasta el 30 de diciembre de 2016.

Así las cosas, al día de hoy, es el criterio jurisprudencial seguido por los Tribunales y Juzgados el que determina como se debe concretar el derecho genérico de los socios minoritarios a percibir dividendos, cuando este colisiona con la mayoría social que se opone al reparto de las ganancias sociales y acuerda en la Junta General correspondiente la aplicación del beneficio a reservas voluntarias.

El nudo gordiano de la cuestión es determinar si el acuerdo de la Junta General adoptado por la mayoría que se opone a la distribución de dividendos es correcto por cuanto responde a los intereses de la sociedad, o si ha sido adoptado al único fin de vaciar de contenido el derecho abstracto del socio a participar en las ganancias sociales, constituyendo un abuso de la mayoría, que da lugar a que el acuerdo de aplicación de los beneficios a reservas voluntarias, sea nulo, si se impugna judicialmente.

Resulta en esta materia relevante, por su certera argumentación, la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 21 de marzo de 2013, que establece que existe un abuso del derecho del socio mayoritario cuando, a la vista de la situación patrimonial , no esté justificada la denegación de distribución de los beneficios entre los socios, sin que sea relevante, ni que el socio tenga un pequeño porcentaje del capital de la sociedad, ni otras consideraciones tales como que se trate de una sociedad familiar o que el socio minoritario realice competencia a dicha sociedad.


Por José María Peyra, abogado en Sanahuja & Miranda