En un ejercicio que volvió a estar marcado por la crisis económica, la oficina que dirige Mª Luisa Cava de Llano incrementó sus recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las distintas administraciones públicas, hasta alcanzar las 534 resoluciones, 86 más que en 2010.

El numero de quejas individuales presentadas por los ciudadanos se mantuvo a niveles del registrado en 2010, si bien descendió el número de quejas colectivas.
Los temas económicos son los que más siguen preocupando a los españoles: el paro, las prestaciones sociales, los problemas con entidades bancarias, el acceso a la vivienda, fueron algunos de los temas más recurrentes en las quejas de los ciudadanos.

Empleo

Por lo que respecta al empleo, la Oficina del Defensor del Pueblo intervino en asuntos relacionados con la falta de coordinación entre los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos, para subsanar deficiencias en la información que se facilita a los parados, y por la tardanza en el cobro de prestaciones.
Además, se ha pedido información al Ministerio de Trabajo sobre cómo se puede mejorar la situación de los desempleados de larga duración y se ha iniciado una investigación de oficio sobre la discriminación salarial entre hombres y mujeres.

La Institución también ha actuado ante la Administración para que se aumenten los medios, tanto humanos como materiales, que ayuden a aliviar la sobrecarga de trabajo de organismos oficiales como el Servicio Público de Empleo o el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Una de las últimas intervenciones en este sentido tiene que ver con la tardanza en el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, derivadas de expediente de regulación de empleo (ERE). Tras recibir numerosas quejas sobre este asunto, se ha conseguido que se arbitre un proceso más ágil.

Otra actuación destacada relacionada con el desempleo es una investigación abierta ante la Secretaría de Estado de Economía del Ministerio de Hacienda para conocer las previsiones existentes para modificar el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Dicho expediente se inició tras la llegada de quejas de ciudadanos en paro, con dificultades económicas para hacer frente a sus deudas y a quienes la regulación existente impedía rescatar su fondo de pensiones. Esta situación ha sido finalmente resuelta por la Administración, que reformó mediante un Real Decreto el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Justicia e Interior

Las dilaciones indebidas continúan siendo uno de los más graves problemas de la Administración de Justicia. Volvieron a protagonizar en 2011 numerosas quejas ciudadanas y, de hecho, el Defensor del Pueblo mantiene abiertas varias investigaciones sobre esta materia.

Además, Cava de Llano, haciendo uso de la competencia de la Institución del Defensor del Pueblo como supervisora de la actividad de la Administración, ha recomendado al Ministerio de Justicia que estudie la posibilidad de reformar el Código Penal para que se refuerce la respuesta del ordenamiento jurídico ante el uso irresponsable del dinero público por parte de autoridades y funcionarios. En su escrito al Ministerio de Justicia, la Defensora abogó por que las “conductas particularmente graves tengan una específica respuesta penal”.

Una petición que justificó en el amplio reproche social que merecen este tipo de conductas y en el convencimiento de que el rigor en el tratamiento del uso de los fondos públicos “debe ser superior al el tratamiento del uso de los fondos privados por particulares”. En opinión de Cava de Llano, la consecuencia jurídica más importante de estos comportamientos debería ser la inhabilitación para cargo o función pública. Sin embargo, la respuesta de Justicia, recibida a través del jefe de Gabinete y no del Ministro, a quien iba dirigida la recomendación, rechazó esta recomendación, aludiendo, entre otros motivos, que el despilfarro ya está suficientemente recogido por el Código Penal, mediante los artículos 432, 433 y 434, que castigan los delitos de malversación de caudales públicos. No obstante, en opinión de la oficina del Defensor del Pueblo, existen otros comportamientos ilícitos, no recogidos por el Código Penal y que son precisamente los que están produciendo en la práctica el despilfarro de dinero público.

En materia de asistencia jurídica gratuita, y tras conocer que la Abogacía del Estado estaba impugnando el reconocimiento de este derecho a extranjeros en situación irregular, se formuló una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia, para que todas las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita adecúen su actuación a las previsiones establecidas en la vigente normativa estatal y autonómica a la hora de reconocer el beneficio de asistencia jurídica gratuita. Además, se pidió que se contemple la posibilidad de buscar alternativas legales que permitan a este colectivo acreditar su situación de carencia de recursos económicos.

Por último, tras la intervención de la Defensoría, el Ministerio de Política Territorial confirmó que ha hecho llegar a todos los ayuntamientos una extensa nota informativa sobre cómo deben proceder en el caso de que soliciten empadronamiento padres o madres de menores que viven con un solo progenitor. Se ha hecho especial hincapié en la exigencia de la firma de ambos progenitores en la hoja padronal, o en su defecto, la aportación de una declaración responsable del que efectúa la inscripción. Con ello, se reforzarán las garantías que exigen a los ayuntamientos para efectuar el cambio de domicilio de un menor que viva con un solo progenitor, ante posibles riesgos de sustracción del menor por el otro cónyuge o terceras personas.

Administración económica

En el tercer trimestre de 2011 y con respecto a 2010, se incrementó en un 23,5% el número de familias que tuvieron que declararse en concurso de acreedores. Ante esta situación, la Oficina del Defensor del Pueblo ha propuesto crear mecanismos (ya sea un procedimiento administrativo, judicial o de mediación) que faciliten un acuerdo entre las partes. El objetivo es que el ciudadano sea escuchado y si no hay pacto, que exista un órgano decisor que dicte una resolución.

Además, y tras la denuncia constante de los ciudadanos, se abrió una actuación de oficio por el endurecimiento de las cláusulas de préstamos e hipotecas. Aunque se trata de prácticas legales, desde la Institución se considera que estos productos no ofrecen una información adecuada a los consumidores acerca de los elevados riesgos que conllevan. En este contexto, la Institución está trabajando en un informe sobre el sistema hipotecario español, que será presentado próximamente. También en breve verá la luz un informe monográfico sobre el catastro.

Por otro lado, la crisis económica ha hecho que las quejas relacionadas con temas tributarios se incrementen notablemente. En este contexto, la Defensoría ha insistido en la necesidad de aplicar una especie de IBI social que tenga en cuenta las circunstancias de los menos favorecidos, pues la propiedad de una vivienda no es representativa de la capacidad económica de su titular, sobre todo cuando no se puede vender y el valor catastral sigue creciendo.

Otro grupo de quejas ciudadanas que llegan a la Institución están relacionadas con el impago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas. Por ello, la Oficina que dirige Cava de Llano está haciendo un seguimiento muy exhaustivo para conocer los términos en que se efectuaron los contratos en cuestión y como se está disponiendo el Plan de Pagos.

Por último, y tras recibir quejas de las PYMES sobre la mediación de las entidades financieras en la concesión de las ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), se pidió al
Gobierno la creación de una línea de financiación directa para PYMES, que fue finalmente creada y en la que, por importes de hasta 200.000 € el ICO asume el 100% del riesgo de la operación.

Urbanismo, vivienda y medio ambiente

En materia de Vivienda destacan las sugerencias aceptadas por la Administración sobre solicitudes de vivienda por especial necesidad o sobre revocaciones de desahucio. Asimismo, en 2011 se han concluido casi 40 investigaciones sobre vivienda de protección pública con solución a problemas planteados por los interesados: reparación de daños constructivos, subsanación de desperfectos en elementos comunes por vandalismo, permuta a otra vivienda más adecuada, pago efectivo de ayudas a la entrada, etc.

Por otra parte, en 2011 se continuó con la supervisión de los sistemas de ayudas como los contratos con la Sociedad Pública de Alquiler o la Renta Básica de Emancipación de los
Jóvenes. También se ha abierto una investigación de oficio con las CCAA sobre la posibilidad de que haya en todo el país miles de viviendas públicas desocupadas.
Asimismo, se han formulado recomendaciones sobre las condiciones mínimas que deben tener las viviendas reservadas a personas con discapacidad; para que las campañas publicitarias sobre ayudas a la vivienda incluyan de forma expresa y clara una advertencia de las limitaciones previstas, presupuestarias o de otro tipo; para que se implante una gestión más eficaz de desalojo de viviendas de titularidad pública ocupadas ilegalmente; o para que se cree un Registro Único de Demandantes de vivienda protegida.

En materia de Medio Ambiente, a instancias de la oficina del Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento de Madrid realizó un estudio olfatométrico en las zonas residenciales próximas a las instalaciones de tratamiento de residuos de Valdemingómez. También se han emprendido actuaciones sobre la gestión de las confederaciones hidrográficas; se han solucionado problemas que afectaban a varias comunidades de regantes; y se ha logrado que varios ayuntamientos mejoren sus insuficientes instalaciones de depuración, conecten a éstas los núcleos urbanos sin saneamiento en red, modifiquen autorizaciones de vertido, o modifiquen la ordenanza de vertido.

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