Por Luisa Gómez  Abogada Asociada Departamento Laboral de Baker & McKenzie

La propia Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, comienza agradeciendo a los interlocutores sociales y a la negociación colectiva su responsabilidad y contribución en los avances y mejoras introducidos en nuestro mercado de trabajo y en nuestro sistema de relaciones laborales desde los años 80. No obstante, parece que luego, en su articulado, resta ese protagonismo a los verdaderos artífices de la negociación colectiva para cedérselo a los medios de solución extrajudicial de conflictos y, en especial al arbitraje.

La realidad de los últimos años ha demostrado que, en ocasiones, cuando un convenio colectivo llega a su término, los interlocutores no siempre se ponen de acuerdo en negociar rápidamente un nuevo texto, desembocando en una situación de stand by en espera de la solución de un conflicto que no siempre tiene una fácil y rápida solución. El RD 7/2011 introduce, en este sentido, ciertas reglas que ayudan a facilitar la transición entre dos convenios.

En concreto, el RD 7/2011 introduce una nueva redacción del Artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores (ET), por la cual dispone que los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico deberán establecer procedimientos para solventar las discrepancias existentes tras el transcurso de los plazos máximos de negociación sin alcanzarse acuerdo, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje.

Dichos acuerdos interprofesionales deberán especificar el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral; en defecto de pacto, se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio. Por último, la nueva redacción del artículo 86.3 ET termina estableciendo que, en defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo y las partes del convenio no se hubieran sometido al arbitraje o éste no hubiera solucionado la discrepancia, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo.

Por su parte, la Disposición Adicional Primera del RD 7/2011 concede de plazo hasta el 30 de junio de 2012 para que los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico se adapten para incluir los mencionados procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, disponiendo que en tanto dicha adaptación no se produzca, y en el caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de la comisión negociadora y transcurrido el plazo máximo de negociación, las partes se someterán a un procedimiento de arbitraje.

A la vista de lo anterior, con la Disposición Adicional Primera el legislador está claramente introduciendo el arbitraje obligatorio para el caso de bloqueo en la negociación de un nuevo convenio, y con ello se está a todas luces extralimitando en sus competencias, ya que está obligando a las partes negociadoras a someterse a un arbitraje que, como norma general en nuestro ordenamiento es voluntario. Pero es que además, se está extralimitando, a mi juicio, en la reforma introducida al artículo 86.3 ET, ya que supedita la elección entre el carácter obligatorio o voluntario del arbitraje a los acuerdos interprofesionales nacionales o autonómicos, no dejando que sean las propias partes negociadoras del convenio las que tengan la potestad de elegirlo.

Sin duda el arbitraje como solución extra judicial de conflictos tiene claras ventajas, entre las que está la agilidad, el antiformalismo y la potenciación del diálogo entre las partes, sin declaración de ganadores y vencidos, como podría pasar en una sentencia judicial. No obstante, y sin dejar de apreciar ni un ápice todas las virtudes del arbitraje, lo cierto es que el mismo también tiene una parte no tan nítida que debe ser analizada con reservas. No olvidemos que el árbitro no tiene por qué ser un experto en la materia de conflicto sometida a su decisión, y que el propio sistema arbitral ha sido creado en España por las grandes asociaciones sindicales y empresariales, con lo que puede criticarse en cierta medida su carácter puramente democrático y representativo de los intereses comunes.

Por ello, y dado que el sistema no es del todo perfecto, y que el Laudo tendrá el mismo valor que una sentencia judicial, entiendo que hay que ver el sometimiento al arbitraje con cautelas. En mi opinión, de igual modo que son las partes las que eligen de común acuerdo al árbitro, también deben ser las partes directamente afectadas en un conflicto las que libremente y de forma consensuada deban decidir si acudir o no a un procedimiento de arbitraje.

 

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