Por MANUEL DE LORENZO. Director del Tribunal Arbitral de Valencia

El arbitraje presenta muchas y variadas virtudes, entre las cuales suele destacarse su celeridad, en especial en comparación con el procedimiento judicial, siempre estigmatizado por el retraso endémico que le caracteriza, apenas paliado con continuas reformas legislativas que no acaban de dotarle de la necesaria agilidad. Y a esa rapidez contribuye, en gran medida, la inexistencia de un recurso de apelación contra el laudo arbitral, su carácter de única y definitiva instancia, quedando limitada la impugnación del mismo a los angostos cauces de la acción de anulación, reforzada esa excepcionalidad por el criterio generalmente restrictivo en su apreciación.

Sin embargo, no son pocos los letrados que a menudo cuestionan la idoneidad del arbitraje por la inexistencia de una segunda instancia que permita de manera plena la revisión del fondo del asunto, lo que supone en ocasiones el rechazo de esta vía en pro de la tradicional solución jurisdiccional. Precisamente para dar satisfacción a esta inquietud, el Tribunal Arbitral de Valencia (www.tav.icav.es) introdujo en su Reglamento la posibilidad de formular un recurso contra el laudo, en el ámbito intra-arbitral, siempre requiriendo el mutuo acuerdo de las partes para ello, expresado bien en la propia cláusula compromisoria, bien a lo largo del procedimiento.

En el supuesto de existir dicho pacto específico, la parte interesada podrá formular el recurso en cuestión dentro los diez días siguientes a la notificación del laudo, siendo en todo caso imprescindible la consignación o el afianzamiento de las cantidades a las que hubiera sido condenada, como medio disuasorio frente a impugnaciones dilatorias. El plazo para dictar el laudo de apelación será de dos meses a contar desde la aceptación por el árbitro o árbitros, según el caso, que hubiera/n sido designado/s.

Somos conscientes de que no toda la comunidad arbitral es proclive al establecimiento de una segunda instancia y que, de hecho, genera ciertas dudas y reticencias. La opción por este mecanismo, sin embargo, no fue casual, sino que fue objeto de un profundo debate en nuestra propia Institución antes de decidir su incorporación al Reglamento. Pero finalmente, tras analizar las diferentes ventajas e inconvenientes, entendimos que no podíamos dar la espalda a una realidad evidente, esto es, la ya señalada crítica al arbitraje por carecer de esa posibilidad de revisión y el rechazo que supone en muchos casos esa carencia, lo que se erige obviamente en una circunstancia disuasoria para la introducción de cláusulas arbitrales en los diferentes negocios jurídicos que pueden ser dilucidados a través de este medio alternativo de solución de conflictos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no nos encontramos ante una solución completamente aislada en el ámbito arbitral. Así, por ejemplo, la contemplan Reglamentos de entidades tan dispares como el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS),la Corte Europeade Arbitraje (CEA) o, dentro de nuestro ámbito territorial,la Corte Españolade Arbitraje, institución de reconocida raigambre e importancia, que recientemente ha incluido también esta facultad de las partes en su Reglamento.

¿Constituye la segunda instancia arbitral un elemento contra natura? El carácter definitivo del laudo y su irrecurribilidad son notas tan generalizadas en el arbitraje que prácticamente se han convertido en un axioma, en características cuasi inmanentes del mismo, pero conviene no olvidar que la verdadera naturaleza del arbitraje, la esencia del mismo, radica en la autonomía de la voluntad de las partes, en la libre decisión de los interesados para excluir la jurisdicción y someter su controversia a la decisión heterónoma de un tercero, pudiendo además configurar el procedimiento de manera singular y con amplio albedrío. ¿Por qué no  ser consecuentes con dicha soberanía volitiva y permitir incluso la posibilidad de recurrir el laudo dentro del propio procedimiento arbitral?

No se trata tampoco de efectuar una apología desmedida de este mecanismo. Desconocer que el arbitraje se ha expandido especialmente, entre otras muchas razones, por la imposibilidad de recurrir la decisión del árbitro, sería ir contra corriente y despojarle además de uno de los pilares que mayor atractivo le confieren. Precisamente por ello, en la cláusula modelo recomendada por el TAV no se configura esa solución como la regla general, sino como una facultad excepcional a la que pueden acudir las partes si así lo consideran oportuno. Pero marginar esa posibilidad, al fin y al cabo, implica restringir su propia independencia y supone, colateralmente, un freno al objetivo que todos perseguimos, que no es otro que ampliar los estrechos confines cuantitativos a los que se ve constreñido el arbitraje en la práctica cotidiana de la solución de conflictos.

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