prueba de a accesoAnte el retraso en la convocatoria del examen de acceso para la obtención del título profesional de abogado y el grave perjuicio que se está causando a los  graduados en Derecho que ya han realizado el máster de acceso, el Consejo General de la Abogacía Española reclama la convocatoria urgente de la evaluación final para que éstos puedan obtener la aptitud profesional que acredita las competencias necesarias para el ejercicio de la Abogacía.

La evaluación de aptitud profesional –única e idéntica en todo el territorio nacional- debe ser convocada por los Ministerios de Justicia y Educación con periodicidad mínima anual, publicándose en el BOE con una antelación de tres meses a su celebración. “El retraso en publicar la convocatoria está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el máster de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la Abogacía”, afirma el Consejo General de la Abogacía.

Se estima que cerca de un millar de personas han finalizado ya sus estudios de grado en derecho –o están terminando sus periodos de práctica obligatorios–, según varios estudios y a fecha de hoy no se sabe aún con exactitud cuando será el examen para poder colegiarse y ejercer la profesión. Se habla de que la prueba será en mayo pero no hay nada oficial de momento.

El Consejo General de la Abogacía Española, que siempre ha trabajado en colaboración con los Ministerio de Justicia y Educación, llevando a cabo todas aquellas labores de apoyo y desarrollo de la realización de la prueba de acceso, dentro del ámbito de la colaboración institucional, estima que la celebración de este examen es una garantía para los ciudadanos de que los abogados que les defiendan están adecuadamente preparados para ello y que, por tanto, el examen es irrenunciable.

La Abogacía siempre ha defendido que el enfoque de la prueba de acceso sea eminentemente práctico y responda a las situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados. Las evaluaciones deben ir dirigidas a comprobar la formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado.

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