El Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León ha obligado al Colegio de Abogados de León a reducir en prácticamente un 90% la cuota de incorporación para nuevos letrados, que hasta el pasado mes de diciembre ascendía a 1.731 euros y que ahora ha pasado a ser de 178, lo que supone una reducción de 1.552 euros.
El acuerdo ha tenido lugar un año y medio después de que un abogado que tenía intención de colegiarse denunció la institución ante las autoridades de defensa de la competencia al entender que el importe de la cuota constituía una barrera de entrada a nuevos colegiados en la provincia de León.
Tras el estudio del caso, el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León abrió expediente sancionador al Colegio asegurando que la institución estaba vulnerando el artículo 3 de la Ley de Colegios Profesionales, que establece que el importe de la cuota de incorporación no puede superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción.
Dieciocho meses después, el expediente ha terminado por acuerdo convencional, lo que significa que el ICAL ha aceptado las condiciones impuestas por el Tribunal. De este modo, el Colegio no recibirá ninguna sanción por parte de las autoridades administrativas a cambio de reducir «inmediatamente» la cuota de incoporación en un 90% y devolver, en un plazo máximo de dos meses desde la resolución, el exceso cobrado de más a todos los colegiados que se hayan incorporado al Colegio desde la fecha de apertura del expediente sancionador -julio de 2011-. En estos momentos, los precios publicados en la web del ICAL ya figuran actualizados en base al acuerdo.
Siete horas para tramitar una inscripción
Sofía Fernández Peña, abogada de Sevilla y Presidenta de la Asociación Cuota Colegial Mínima, asegura que más de 30 de los 80 colegios de abogados de España están cobrando cuotas de incorporación superiores al Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 645,30 euros. Por ello insiste en que, a raíz de este acuerdo, «los colegios deberán empezar a reducir las cuotas» para adaptarlas a los costes reales asociados a la tramitación de la inscripción.
Fernández Peña destaca la elevada reducción de la cuota lograda tras este acuerdo pero considera que 178 euros todavía son «una barbaridad» en comparación a los precios de inscripción que establecen otros colegios profesionales. Este sería el caso del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcua, que cobra 20 euros al año para colegiados de menos de 27 años o el del Colegio de Economistas de Málaga, que cobra 25 euros al trimestre para los profesionales no ejercientes y 50 euros al trimestre para los ejercientes, tal y como explica su decano, Juan Carlos Robles, en una entrevista concedida a Diario Jurídico.
En cuanto a los efectos de una posible colegiación voluntaria para los abogados que no actúen en juicios, la presidenta de la Asociación se muestra preocupada por si algunos los Colegios deciden subir «todavía más» las cuotas de los letrados ejercientes para compensar la pérdida de colegiados. Asimismo, considera que las siete horas que el Tribunal y el Colegio han acordado que necesita el empleado para inscribir a un nuevo abogado -y poder calcular así el coste de la cuota- son «excesivas».
Por ello, Fernández Peña lamenta que las cuotas colegiales no estén limitadas por ley y explica que la asociación que preside está recogiendo firmas para pedir al Ministerio de Justicia que incluya dicha limitación en el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, que pese a haberse filtrado su borrador, todavía no se ha hecho público.
