El pleno del Congreso votará este martes la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre normativa hipotecaria después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) haya recogido 1,4 millones de firmas para iniciar su tramitación. La ILP pide una moratoria en los desahucios, la dación en pago y un parque de viviendas de alquiler social.
Para muchos ciudadanos, esta es la ocasión más propicia para comprobar si existe voluntad política real para acometer seriamente un problema que ha producido tantos dramas en los últimos años. Por ello, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha puesto en marcha una campaña a través de oiga.me para convencer a los diputados del Grupo Parlamentario Popular que voten a favor de la admisión a trámite de la ILP. La PAH destaca que en sólo un día, los diputados del PP han recibido más de medio millón de correos electrónicos exigiéndoles tramitar la ley.
Sin embargo, el partido que gobierna en mayoría absoluta ya ha anunciado que vetará la admisión a trámite de la iniciativa, que la pasada semana calificó de «obsoleta». Han indicado lo contrario el PSOE, Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), ERC, UPyD, PNV y BNG que votarán favorablemente, además de haber incorporado, la mayoría de ellos, el posicioinamiento de la PAH en las enmiendas al Proyecto de Ley de Deudores Hipotecarios que se votará este miércoles. En cualquier caso, la admisión a trámite de la ILP solo significaría que se toma en consideración y que se tendría en cuenta en la discusión de la ley.
La FEF alerta sobre una reforma precipitada de las normas hipotecarias
En signo totalmente opuesto se ha posicionado la Fundación de Estudios Financieros que ha hecho público, un día antes de la votación en el Parlamento, el ‘Informe sobre el Mercado Hipotecario Español’. En él alerta sobre una reforma precipitada de las normas hipotecarias y asegura que las reformas legislativas «nunca se deberían aplicar con carácter retroactivo, salvo aquellas que supongan una clara mejora técnica».
Por otro lado, la Fundación -constituida en 1991 y que asegura ser independiente de las empresas que la financian y de la Administración Pública- descarta la dación en pago «por las consecuencias negativas que tendría sobre el mercado hipotecario y sobre el sistema financiero» y apuesta por desarrollar las normas de segunda oportunidad con medidas sociales. En este sentido añade: “El sector financiero debe compartir estos costes en la medida de sus posibilidades y en proporción a la responsabilidad individual a su contribución al problema creado”.
