El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una reforma del Reglamento de Justicia Gratuita que supone un avance para los profesionales de la abogacía. El Consejo General de la Abogacía Española ha trabajado durante los últimos años para mejorar las condiciones de los miles de abogadas y abogados que garantizan diariamente el derecho de defensa de la ciudadanía. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
La reforma, que se suma a la subida del 8% de los baremos de 2025, es fruto de las negociaciones que mantiene desde hace tiempo Abogacía Española con el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como del trabajo desarrollado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social de Abogacía Española, presidida por Ángel Méndez. Un esfuerzo sostenido que comienza a traducirse en mejoras concretas para una profesión cuya labor resulta imprescindible para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
En concreto, el Real Decreto reconoce el pago de la intervención de los profesionales de la abogacía en los MASC, que se compensarán con un 125% de la cuantía del procedimiento para incentivar los acuerdos entre las partes, mientras que, si no se logra, se reconocerá una compensación de 30 euros. El reglamento incluye también una subida de algunas de las retribuciones en el orden penal que eran urgentes para los profesionales de la abogacía, especialmente en los procedimientos de mayor complejidad, cuya compensación pasa de 389,45 a 600 euros, lo que supone un incremento del 54%.
Asimismo, se actualizan los baremos correspondientes a comparecencias y días de vista y se modifica el sistema de cómputo de determinadas actuaciones, sustituyendo el criterio basado en folios por el número de acontecimientos. Otra de las novedades es el reconocimiento de los procedimientos en los que concurre la doble condición de acusación y defensa, que se compensarán con el 50% de la cuantía aplicable. El proyecto incorpora, además, nuevas compensaciones en las jurisdicciones mercantil, especialmente en los concursos de microempresas y personas físicas.
