Dia negro para el empleo ayer en nuestro país. Por un lado se hicieron públicos los datos del desempleo en nuestro país. El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de octubre, ha subido en 128.242 personas en relación con el mes  anterior. En valores relativos, el incremento del paro es de un 2,73%. De esta forma el paro registrado se ha situado en 4.833.521.

Pocas horas después supimos que el Pleno del Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA y CHA) contra la reforma laboral. Ambos partidos consideran contrarios a la Carta Magna nueve artículos de la reforma laboral, que vulneran “hasta 10 preceptos constitucionales”.

El recurso, presentado el pasado 8 de octubre por la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Madina, y los portavoces parlamentario de IU e ICV, José Luis Centella y Joan Coscubiela, respectivamente, argumenta, entre otras cuestiones, que la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno del PP “altera sustancialmente el modelo democrático de relaciones laborales” construido a lo largo de las últimas tres décadas.

En una providencia notificada ayer a diferentes medios informativos, el TC, sin entrar todavía en el fondo de la cuestión, se limita a dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso, al Senado y al Gobierno, para que en el plazo de quince días puedan personarse en el procedimiento y “formular las alegaciones que estimen convenientes”.

Según información facilitada por Europa Press  Los nueve artículos de la reforma laboral recurridos son el 14.1, el 12.1, el 14.2, la disposición final cuarta, el artículo 4.3, el artículo 18.3, los artículos 18.8 y 23.1 y la disposición adicional tercera.

El artículo 14.1 de la reforma laboral atribuye a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas la facultad de acordar la inaplicación de lo pactado a través de convenio colectivo, mientras que el artículo 14.2 recoge la preferencia absoluta e incondicional del convenio colectivo de empresa respecto de otros ámbitos o niveles regionales.

Según el recurso presentado por las dos formaciones políticas, el artículo 12.1 vulnera el reconocimiento constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos, el ejercicio de la actividad sindical y el derecho a la actividad judicial efectiva.

También se rechaza desde PSOE e Izquierda Plural la disposición final cuarta, que declara como nulas y sin efectos las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria fijada en la normativa de Seguridad Social.

El recurso también incluye la previsión del artículo 4.3 en virtud de la cual el contrato de apoyo a los emprendedores debe incorporar un periodo de prueba de “un año en todo caso”, vulnerando, dicen, tres preceptos constitucionales como son el derecho al trabajo, el derecho a la negociación colectivo y por último el derecho a la tutela judicial efectiva.

El artículo 18.3 modifica los términos en los que se defienden las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifican el recurso a las modalidades extintivas colectiva y objetivas reguladas.

Esta nueva regulación prescinde del elemento de causalidad en la delimitación de estos motivos económicos y empresariales para el despido”, según se detalla en el extracto de los fundamentos jurídicos del recurso de inconstitucionalidad de ambas formaciones.

También se recurren los artículos 18.8 y 23.1, relativos a los salarios de tramitación ante los efectos del despido declarado improcedente, “que favorece la extinción definitiva de la relación laboral”.

Por último, se incluye en el recurso la disposición adicional tercera, que contempla la prohibición para las administraciones públicas y las entidades de derecho público de proceder a efectuar reducciones de jornada y suspensiones de contratos de trabajo con arreglo a razones económicas, técnicas organizativas y productivas.

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