foto cicacEl decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Miquel Sàmper, es desde hoy el nuevo presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, según ha acordado esta mañana el plenario, reunido en Tarragona. El Consell elige anualmente nuevo presidente entre los decanos de los 14 Colegios de Abogados catalanes para que los represente por un periodo de un año. Durante el plenario también se ha escogido al decano del Colegio de Abogados de Sabadell, Juan Antonio García Cazorla, como vicepresidente del Consell. Sàmper releva al decano de Barcelona, Pedro L. Yúfera, que hasta hoy ha ocupado este cargo.

Miquel Sàmper, que marcará las líneas de actuación del nuevo mandato del Consell, puso en marcha en enero de 2012 la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) del Estado Español, un proyecto pionero impulsado por el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de Terrassa, que se gestó a raíz de la magnitud del problema de la vivienda y la detección de una familia con dos menores durmiendo en un coche. Ante los buenos resultados alcanzados -ha llegado a acuerdos beneficiosos para los propietarios deudores en cerca del 70% de los casos y se han detenido gran cantidad de desahucios- la iniciativa se ha extendido por todo el Estado y ya son una treintena las Oficinas que han abierto siguiendo el modelo de Terrassa, 8 de las cuales en Catalunya. Por este motivo, una de las prioridades del nuevo presidente del Consell de l’Advocacia Catalana es promover la creación de más oficinas de este tipo. ‘Creemos que es urgente institucionalizar el sistema de intermediación a través las Oficinas de Intermediación Hipotecaria que ofrecemos desde los Colegios de Abogados, ya que garantizan la imparcialidad y los conocimientos jurídicos necesarios para llegar a acuerdos entre los bancos y los ciudadanos afectados por este drama social’ ha dicho Sàmper, para quien evitar desahucios será uno de los principales retos del nuevo mandato.

Nuevos retos

Mantener el actual sistema colegial ante la amenaza que se cierne sobre los colegios profesionales de ámbito reducido con la nueva ley de Servicios Profesionales que prepara el gobierno estatal será otro de los caballos de batalla del nuevo presidente de la Abogacía Catalana. El borrador del gobierno prevé que el ámbito de los colegios profesionales sea autonómico o, como mucho, provincial, de modo que en Catalunya los catorce colegios de Abogados quedarían reducidos a uno, o a cuatro. ‘En nuestro país la abogacía estructura desde hace muchos años en catorce colegios que, desde que se constituyó, en 1983, se integran en el Consejo, y todos ellos son imprescindibles, incluso los de ámbito más reducido, ya que garantizan la función básica de la abogacía y el propio estado de derecho desde la proximidad a los ciudadanos’ alega Sàmper. Desde la abogacía catalana también se insta a mantener la colegiación obligatoria porque ‘la colegiación es la herramienta que garantiza la calidad del servicio de la abogacía con la sociedad’.

El nuevo presidente del CICAC también ha instado a continuar luchando contra las tasas judiciales, ‘que las convierte en un grave obstáculo para muchos ciudadanos para acceder a la tutela judicial efectiva’. Además, desde la abogacía catalana se rechaza que se utilice la justicia gratuita para justificar la aprobación de la ley de tasas estatal, cuando en realidad el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita aprobado el pasado mes de enero por el Consejo de Ministros sigue dejando sin cobertura a una gran cantidad de ciudadanos que verán obstaculizado su acceso a la justicia.

El hasta hoy presidente del Consell, Pedro L. Yúfera, ha hecho un balance positivo de su mandato. Yúfera ha impulsado con éxito el networking y las sinergias entre la abogacía catalana, al tiempo que ha promovido la internacionalización de la abogacía. Durante su presidencia se ha formalizado el ingreso del CICAC a la Federación de Abogados Europeos FBE (Fédération des Barreaux d’Europe), y ha apostado por la mediación y el arbitraje como nuevos ámbitos profesionales de los abogados. Una de las primeras iniciativas del presidente saliente del Consell fue la creación de una Comisión de Derechos Humanos, con el objetivo de estudiar fórmulas para ayudar a las personas o colectivos con dificultades derivadas de la complicada situación de crisis que vive el país. La derogación de la ley de tasas judiciales, la defensa del actual modelo de gestión del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido y de la colegiación obligatoria han sido algunas de sus principales reivindicaciones, que no siempre han encontrado la puerta abierta el diálogo con el Gobierno estatal.

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