El Ejecutivo vasco anunció ayer la puesta en marcha de un servicio integral de asesoramiento y mediación para evitar los desahucios y minimizar sus efectos en el caso de que se produzcan. El servicio consta de tres pilares: el asesoramiento a la hora de contratar una hipoteca; la mediación entre las entidades bancarias y las personas o familias que padecen un sobreendeudamiento; y la decisión de facilitar viviendas en alquiler a quienes hayan sido desahuciados y estén en riesgo de exclusión social.

Además el Gobierno vasco ofrecerá una vivienda en alquiler protegido a las familias que pierdan su piso tras ser desahuciadas y que se encuentren en riesgo de exclusión. Esta medida forma parte del servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar presentado el pasado miércoles, para paliar los efectos de las ejecuciones hipotecarias en Euskadi. El programa, que implica a tres departamentos del Gobierno autonómico, ofrece además un servicio previo de asesoramiento y otro de mediación con las entidades financieras.

La presentación del nuevo servicio tuvo lugar en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria. En ella han tomado parte la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia; el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola; y la directora del Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, Ana Collía.

Según explicó Mendia, la iniciativa del Gobierno busca ofrecer un “servicio integral” para evitar que se produzcan “situaciones familiares y personales angustiosas” como lo son quedarse en la calle por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. En ocasiones, “superan los límites de la decencia”, ha añadido

Asesoramiento

El servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar es gratuito y echa a andar hoy mismo. Cuenta con tres programas. El primero, ofrecido por las oficinas de Kontsumobide, supone un servicio de asesoramiento previo para las personas que vayan a contratar un préstamo hipotecario. Los interesados podrán acudir a estas oficinas con las propuestas que les hayan hecho las entidades financieras y un experto se encargarán de asesorarle de cuál es la más ventajosa e informarle de sus derechos.

Mediación

La segunda parte del programa es el servicio de mediación, liderado por el Departamento de Justicia. Según indicó  Mendia, este servicio buscará un pago ordenado de las deudas para evitar que esas familias no pierdan su vivienda. Para ello, expertos economistas del Turno de Actuación Profesional se ocuparán de mediar entre las familias y las entidades financieras en busca de una solución que evite el desahucio. Entre otras salidas, los expertos tratarán de reestructurar el préstamo, llegar a la dación en pago o evitar el desahucio con alquileres que satisfagan a ambas partes. Para acceder a esta mediación, previamente habrá que demostrar que se ha tratado de negociar con el banco y no tratarse de una hipoteca superior a 350.000 euros.

Se podrá acceder a este sistema de mediación “independientemente de que exista o no un procedimiento judicial en marcha”, ya que los mediadores trataría de lograr una suspensión temporal de este procedimiento con el objetivo de buscar una solución que satisfaga a la familia y al banco.

Vivienda de alquiler

En los casos en los que la mediación no llegue a buen puerto, el programa incluye la posibilidad de acceder a una vivienda pública en alquiler “como garantía de cierre” a este programa. Como comentó el consejero Arriola, de este apartado se ocupa el Departamento de Vivienda. En concreto, si se produce la pérdida de vivienda libre y viene acompañada con un riesgo de exclusión social de las familias afectadas, el Gobierno Vasco facilitará “en el menor tiempo posible” una vivienda en alquiler protegido a las familias afectadas. Para valorar la situación de exclusión social se tendrán en cuenta los informes ce los servicios sociales.

En el caso en que no exista riesgo de exclusión social, las familias tendrían una puntuación especial dentro del proceso de baremación que a partir de junio realizará el Departamento de Vivienda para adjudicar viviendas de alquiler protegido en lugar de sortearlas.

Cuando el desahucio es de una VPO, si estas viviendas están sujetas a los convenios del Gobierno Vasco con las entidades financieras, el Departamento se ocupará de recomprar el piso y ofrecería a las familias un realojo en vivienda de alquiler protegido.

Sobre las primeras reacciones, comentar que En una nota de prensa, Stop Desahucios comentó  que hará un seguimiento de las actuaciones del Gobierno Vasco «para determinar más adelante su eficacia».

No obstante, esta plataforma reclamó un «cambio profundo» en la legislación y ha anunciado que impulsará una recogida de firmas para reclamar que toda la política pública de vivienda se oriente a garantizar el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución

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