El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que pretende blindar este derecho en la sanidad pública y pone fin a la exigencia del consentimiento paterno para chicas de 16 y 17 años y al plazo de reflexión de tres días.

ley del aborto - diario juridicoAdemás se creará un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.

La ministra de igualdad, Irene Montero, ha señalado en la rueda de prensa que los dos grandes pilares de esta ley son “la garantía al acceso efectivo del derecho a la interrupción del embarazo y el reconocimiento de los derechos sexuales de las mujeres”.

Los centros de salud distribuirán la píldora del día después de forma gratuita y las píldoras anticonceptivas volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social. También se promoverán los métodos anticonceptivos masculinos.

La nueva ley reconoce los derechos menstruales, como la baja laboral por reglas incapacitantes, pagadas desde el primer día por la Seguridad Social, sin duración máxima y la distribución gratuita de productos de higiene femenina en centros educativos, penitenciarios o vinculados a servicios sociales.

Por último, se considerará como violencias reproductivas contra las mujeres la gestación por sustitución, la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad y los embarazos y abortos forzosos. En este sentido se prohíbe la publicidad de las agencias de intermediación de gestación por sustitución y se impulsarán campañas de sensibilización que refuercen la ilegalidad de esta práctica.

Otras medidas acordadas en el anteproyecto son la garantía de acceso al aborto en el hospital público más cercano al domicilio, la educación sexual obligatoria y la distribución de productos de gestión menstrual y anticonceptivos gratuitos.

“La educación y salud sexual va a formar parte de los niños y las niñas durante toda su vida”, ha asegurado Montero.

La ley echa a andar pero deberá pasar aún por el Congreso de los Diputados y por el Senado, donde puede sufrir modificaciones. Montero ya ha avanzado que la intención es que esté aprobada a final de año.

Fuente: Abogacía.es

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