Juez-escribirEl Consejo de Ministros aprobó, el pasado viernes, un acuerdo conjunto de los Ministerios de Presidencia, Justicia y Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se establecen las pautas para la propuesta de candidatos a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y a miembros del Tribunal General de la Unión Europea.

Según este mecanismo de selección de los candidatos españoles, será el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación quien comunicará a los de la Presidencia y de Justicia, y al Consejo Ejecutivo de Política Exterior, la necesidad de elaborar una propuesta para lo que habrá que desarrollar un proceso de selección con la publicidad correspondiente. Un comité de selección examinará la idoneidad de los candidatos y propondrá sus nombres. Posteriormente, la candidatura se comunicará al Consejo Ejecutivo de Política Exterior antes de que el Consejo de Ministros finalmente tome la última decisión.

El comité seleccionador estará integrado por el secretario de Estado para la Unión Europea, el secretario de Estado de Justicia, el subsecretario de Presidencia y el subsecretario de Justicia, y contará con el apoyo de una secretaría ejercida por un Abogado del Estado.

La Constitución española otorga al Gobierno la capacidad de proponer candidatos a altas funciones jurisdiccionales internacionales y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que estos profesionales serán designados en el caso del Tribunal de Justicia y elegidos en el del Tribunal General de la Unión Europea entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y capacidad, por un periodo de seis años.

1 Comentario

  1. Se trata de un tema que, sin duda, debió de tramitarse con el semáforo rojo de máxima precaución; no en vano los representantes del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cumplen una función de máximo nivel para las relaciones exteriores y para las internas.

    Llama la atención de la cita constitucional que se hace sin mención del precepto Superior que recoge la competencia del Gobierno en materia de designación de cándidatos a funciones jurisdiccionales internacionales. En 1978, estaba lejos tan alta visión.

    Por otro lado, siendo bueno no politizar designaciones echo de menos alguna participación del presidente del TC, del presidente del CGPJ o del representante del Ministerio Fiscal; lo que será más significativo cuando tan importantes cargos sean designados con respeto a la capacidad, la competencia, el mérito y la imparcialidad política debidamente motivados (en la designación) y controlados (en el ejercicio).

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