El Colegio de Abogados de Barcelona ha mostrado su rechazo y preocupación por el «escrache» que un centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevaron a cabo el pasado 27 de marzo ante el despacho de abogados de la diputada del PP catalán, Dolors Montserrat, situado en el barrio del ensanche de la capital condal.
El ICAB ha recordado «la importancia de salvaguardar los despachos de abogados de cualquier perturbación que pueda afectarles, a fin de garantizar su carácter de espacio en el cual se hace efectivo el ejercicio de la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, que el ordenamiento jurídico encarga a la abogacía».
Asimismo, el Colegio dirigido por Pedro Yúfera ha destacado que «sin libertad de expresión, de reunión y de manifestación no hay democracia» pero que «se debe respetar también el derecho al honor, a la intimidad y salvaguardar los espacios donde se hace efectivo el ejercicio de la defensa de los derechos y libertades de las personas».
En las últimas semanas se ha llevado a cabo este polémico modelo de protesta en múltiples ocasiones, cuyo objetivo es señalar públicamente los políticos que son responsables de la reforma de legislación hipotecaria española y lograr, así, que voten positivamente a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que fue admitida a trámite el pasado doce de febrero.
Ada Colau, líder de la plataforma ciudadana, manifestó que las enmiendas presentadas por el Partido Popular «desvirtuan totalmente» la ILP. «No respetan ni uno de los tres puntos: ni la dación en pago, ni la moratoria de desahucios, ni el alquiler social de las viviendas vacías en manos de las entidades financieras», lamentó. Asimismo, destacó que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el pasado 14 de Marzo establece que el actual sistema de ejecución hipotecaria español es ilegal.
Los integrantes del movimiento ciudadano recorrieron algunas calles de Barcelona informando pacíficamente a ciudadanos y comercios de la acción que iban a llevar a cabo. Una polémica acción que lleva las reivindicaciones a las viviendas y lugares de trabajo de los diputados y que el PP considera «acoso y coacción».
A continuación se reproduce un vídeo realizado por la Plataforma en el que se recogen las principales reivindicaciones de sus miembros:
