Una abogacía comprometida con las personas, capaz de mantener una interlocución leal con las administraciones y, al mismo tiempo, firme en la defensa de los derechos. Con este posicionamiento, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) inauguró ayer miércoles su II Congreso de Extranjería, que hasta el viernes analizará los profundos cambios normativos, administrativos y sociales que están transformando la gestión migratoria en España y en Europa.
En la apertura, Emilio Ramírez Matos, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Extranjería, reivindicó el papel de la profesión como garante de los derechos de las personas migrantes en un ámbito sometido a una transformación constante. “Las abogadas y los abogados de esta casa nos partimos el pecho no por el expediente, sino por la persona que hay detrás, por la familia que hay detrás”, afirmó.
Para Ramírez, esa dimensión humana debe acompañar tanto la adaptación de los profesionales a los continuos cambios normativos como su relación con las administraciones. “Detrás de cada expediente no hay un número, no hay papeles; lo que hay es un sueño, un anhelo, unas ganas de progresar”, señaló.
Una interlocución leal, pero firme
Desde esa premisa, el responsable de Extranjería del ICAM defendió el Congreso como un espacio para reforzar la colaboración entre la abogacía y las instituciones, detectar problemas en la aplicación de las normas y plantear conjuntamente posibles mejoras.
“Ahí es donde nos vais a encontrar: como un operador leal, pero un operador firme en la defensa de esos derechos”, aseguró Ramírez, quien vinculó esa posición con el proceso de regularización extraordinaria desarrollado este año. A su juicio, la respuesta a las situaciones de irregularidad debe situar en primer plano la protección frente a posibles escenarios de vulnerabilidad o explotación: “Esto no va de colores, de partidos; esto va de personas y va de derechos humanos”.
Ese llamamiento al diálogo institucional encontró continuidad en la intervención de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quien agradeció expresamente al ICAM su compromiso con la defensa de los derechos y con el fortalecimiento del Estado de derecho y destacó el valor del Congreso como lugar de encuentro entre la Administración y la profesión jurídica.
“Detrás de cada expediente, detrás de cada trámite, hay siempre una persona”, recordó Cancela, que defendió una política migratoria basada en una gestión “ordenada, regular y segura”, compatible con la protección de los derechos humanos y con procedimientos administrativos eficaces y garantistas.
La secretaria de Estado situó entre los principales desafíos actuales la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea y reivindicó que, en su desarrollo, España mantenga una política en la que prevalezca la perspectiva de derechos humanos sobre la perspectiva securitaria, sin plantear ambas dimensiones como incompatibles.
La abogacía, pieza clave en la regularización
Uno de los principales puntos de encuentro entre las intervenciones institucionales fue precisamente el proceso extraordinario de regularización. Cancela destacó el papel desempeñado por los abogados y abogadas en un procedimiento que ha recibido más de 1,17 millones de solicitudes.
“Si no hubiera sido por vuestro trabajo, hubiera sido, no voy a decir imposible, pero muy, muy, muy difícil”, afirmó ante los asistentes. En especial, puso en valor el “refuerzo jurídico de seguridad” que aporta la intervención profesional cuando las personas solicitantes se enfrentan a un procedimiento determinante para su situación administrativa, y su contribución a que este se aplique “en un contexto de igualdad, de proporcionalidad y de respeto a los derechos fundamentales”.
La magnitud de esa participación fue concretada por la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, quien cifró en 202.424 las presentadas en la Comunidad de Madrid, segunda comunidad autónoma con mayor número de solicitudes, poniendo en valor el papel desempeñado por los profesionales de la abogacía durante todo el proceso. “La asistencia letrada ha permitido convertir una previsión normativa en un derecho efectivamente ejercitable”, afirmó, destacando el trabajo de información, revisión documental, acreditación de circunstancias personales, prevención de errores y atención a los trámites de subsanación desarrollado por los profesionales jurídicos.
Para la subdelegada, el reto de fondo consiste en “conciliar eficacia administrativa y garantía de derechos”, mediante normas comprensibles, procedimientos previsibles y resoluciones suficientemente motivadas que permitan responder a grandes volúmenes de solicitudes sin renunciar a la valoración individualizada de cada caso.
Ceuta y el reto europeo
La situación registrada en Ceuta a finales de julio estuvo también presente en la inauguración. Cancela la situó en un contexto internacional en el que, según explicó, las personas y los movimientos migratorios pueden ser instrumentalizados con objetivos ajenos a la propia movilidad humana.
“Ceuta es España, Ceuta es frontera sur de la Unión Europea”, afirmó la secretaria de Estado, que reclamó solidaridad comunitaria con los Estados que gestionan las fronteras exteriores y defendió, ante la posibilidad de que se produzcan episodios similares, “más Unión Europea que nunca y más Europa que nunca”.
Cancela se refirió asimismo al crecimiento de los discursos racistas y xenófobos y llamó a evitar la deshumanización de las personas migrantes. Frente a ese escenario, situó como principios de actuación el diálogo institucional, la seguridad jurídica, el marco multilateral y la protección de los derechos humanos.
Desde una perspectiva operativa, el comisario de la Brigada de Extranjería de Madrid, Jaime Nicolás González, puso el foco en los desafíos que acompañan a la aplicación efectiva de las decisiones administrativas. Entre ellos, señaló como uno de los principales retos inmediatos el volumen de tarjetas de residencia que deberá expedir la Policía Nacional como consecuencia de la regularización.
Nicolás González apuntó además a la posibilidad de avanzar hacia un procedimiento más sencillo para la expedición de estas tarjetas, de modo que las personas extranjeras no tengan que acudir a dos citas distintas para completar el trámite y recoger la documentación. Según explicó, esta simplificación se encuentra actualmente “en vías de solución”.
Reconocimiento institucional
Tras la inauguración, el ICAM entregó las medallas de la Hermandad de la Abogacía a Santiago Yerga Cobos, director general de Gestión Migratoria; José Antonio Ruiz de la Hermosa, subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil; Daniel Gallego Villasante, comisario principal de la Jefatura Superior de Policía; Óskar de Santos Tapia, jefe superior del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid; y la abogada Manuela Gómez María.
Emilio Ramírez enmarcó estos reconocimientos en la voluntad del Colegio de distinguir trayectorias vinculadas al servicio público, la colaboración institucional y la defensa de los derechos, subrayando que la incorporación de los homenajeados a la Hermandad supone también “un honor” para la propia Abogacía madrileña.
Tres jornadas para analizar los retos de la gestión de la extranjería
Bajo el título “El Derecho de Extranjería en transformación: ciudadanía, regularización y el nuevo marco migratorio europeo”, el Congreso del ICAM reúne durante tres jornadas a representantes de las administraciones, judicatura, abogacía y organizaciones especializadas para abordar desde una perspectiva jurídica cuestiones como la regularización extraordinaria, la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, la gestión territorial de la extranjería, la jurisprudencia, la documentación o la digitalización de los procedimientos.
Las primeras sesiones pusieron el foco precisamente en la capacidad de la Administración para responder al aumento de la carga de trabajo. Pilar González Puente, directora general de la Administración General del Estado en el Territorio, explicó que las 52 Oficinas de Extranjería han reforzado sus plantillas y avanzan en la automatización y simplificación de procesos ante el volumen de renovaciones que generará la regularización a partir del próximo año. Entre las medidas desarrolladas destacó la incorporación de 500 personas a las plantillas de las oficinas, la resolución de cerca de 150.000 expedientes de arraigo antes de finalizar el plazo de la regularización y la grabación de 264.000 solicitudes durante el verano. La Administración trabaja además para recuperar la atención presencial y automatizar la asignación de citas para la toma de huellas.
La segunda mesa trasladó ese análisis a la Oficina de Extranjería de Madrid. Su directora, Paloma Pérez Cortijo, detalló el impacto de la regularización sobre la actividad del organismo y destacó nuevamente el peso de la abogacía: el 58% de las solicitudes en Madrid fueron presentadas a través de profesionales, frente al 17% presentado a través de las oficinas de Correos y el 11% presentado individualmente. La oficina madrileña, con una plantilla de 204 personas, participó además en la grabación de 31.008 solicitudes y resolvió prácticamente la totalidad de los 21.705 expedientes de arraigo y menores que tenía pendientes antes de la puesta en marcha del plan especial previo a la regularización.
