Si sobrevivir actualmente siendo abogado de un despacho pequeño ya es difícil día a día en una situación de normalidad, ahora tras el impacto económico y social del Covid-19 en nuestras vidas,  esta situación se agrava.

despacho - diario juridico

En esta situación de alarma, los abogados, al igual que otros muchos autónomos,  debemos continuar abonando los gastos de alquiler de oficina, facturas de luz, agua, internet, cuotas colegiales, cuotas de autónomos o mutualistas… mientras vemos que los ingresos en este periodo son mínimos e incluso inexistentes en muchos casos.

Probablemente para un gran despacho o multinacional dedicados al sector jurídico esta situación provoque una disminución de ingresos considerable pero no lo suficiente como para ver mermada su actividad hasta el punto de tener que bajar la persiana y cerrar el negocio. En el caso de un despacho pequeño con uno o varios trabajadores el impacto económico del Covid-19 es de mayor envergadura, la disminución e incluso desaparición de ingresos mientras esta situación continúa junto con la suspensión de los plazos procesales, administrativos… hacen que sea muy complicado continuar asumiendo los gastos mensuales para un abogado de a pie. Si a toda esta situación añadimos que se acercan los meses de julio y agosto, los meses del año con menos ingresos para los profesionales de la abogacía, pues podemos estar hablando de una pérdida que ascienda aproximadamente a unos  450-500€ mensuales.

Como profesional no estoy de acuerdo con la suspensión general (existen excepciones justificadas) de vistas o cualquier otra actuación judicial pues recordemos que a una vista o declaración, por ejemplo, acude un número muy reducido de personas (juez, secretario, abogados de ambas partes, auxiliar…), considero que si se toman las medidas de higiene y prevención adecuadas no tiene por qué haber ningún problema, pues corremos más riesgo acudiendo a nuestros despachos en el transporte público o yendo al supermercado donde siempre va a haber mucha más gente que en una actuación judicial. Además, no nos olvidemos del colapso que dicha suspensión va a provocar cuando se retome la normalidad en la vida judicial, cientos de procedimientos nuevos en los Juzgados añadidos al retraso que ya había antes de esta situación excepcional, puede ser una situación caótica que conllevará una gran demora en la actividad judicial a pesar de que una vez finalizada la suspensión se establezcan medidas de agilidad judicial.

En definitiva, el impacto económico que está teniendo el Covid-19 en los profesionales de la abogacía que trabajan en pequeños despachos, ocasiona unas pérdidas importantes que el propio profesional tiene que asumir a sabiendas de que probablemente no genere ningún ingreso o sean escasos lo que hace que se plantee cerrar el negocio si la situación se prolonga.


cláusulas suelo - diario juridicoAutora: Sheila Puértolas Jiménez
Socia y Abogada de AAP ABOGADOS

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.