La COVID-1 ha supuesto la aprobación de múltiples normas que han provocado que las actividades económicas y la libertad de movimiento hayan sufrido fuertes restricciones e, incluso, prohibiciones temporales.

informe-pericial-diario-juridico

El Estado de alarma, decretado el 14 de marzo de 2020 en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, fue la primera medida adoptada por el Gobierno en atención al impacto que estaba provocando la pandemia. Por el mismo, se obligaba a las empresas, entre otras restricciones, a la suspensión de toda su actividad no esencial. Este Estado de alarma inicial, que finalizaba el 9 de noviembre de 2020, fue prorrogado mediante Real Decreto 956/2020 por un periodo de 6 meses adicionales, hasta el 9 de mayo de 2021. 

Desde entonces, las medidas para frenar la propagación de la COVID-19 han quedado en manos de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Esto ha originado diferentes grados de restricciones dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos. ¿Han sido todas las restricciones verdaderamente apropiadas y eficaces?

Estas decisiones han sido necesarias en muchos casos pero, en otros, no han sido decisiones del todo acertadas para el fin que se pretendía, ocasionando con ello grandes pérdidas económicas a multitud de negocios. Hemos podido comprobar que la lucha contra el virus no consiste en fijar una gran cuantía de restricciones, sino en acertar con las medidas y prohibiciones que se establecen.

 No todas las restricciones valen. Las autoridades competentes deben encontrar el punto de equilibrio entre economía y salud. En este sentido, hay Comunidades Autónomas que han sabido atender con más acierto ambas necesidades a pesar de haberse topado con las críticas de las autoridades de territorios colindantes. El tiempo ha demostrado que una buena gestión es la que permite salvar de forma equilibrada tanto la economía como la salud de los ciudadanos y la saturación de los hospitales. 

Por ello, el que considere que parte o todo el daño sobrevenido para su empresa o negocio ha sido ocasionado por restricciones innecesarias o desproporcionadas adoptadas por la Administración, ha de conocer que existe una vía con la finalidad de resarcir a estas ‘víctimas económicas’. Esta vía pasa por interponer una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración en base al derecho que se recoge en el artículo 32.3 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Para tramitar de forma correcta esta reclamación hay que preparar, en primer lugar, un informe pericial que justifique debidamente el daño sufrido. El daño debe ser “efectivo, evaluable económicamente e individualizado” según indica ese mismo artículo. 

El informe pericial es la herramienta que permite al empresario cuantificar, justificar e individualizar el daño sufrido y poder probarlo en el procedimiento de reclamación mencionado anteriormente. El informe pericial es elaborado por un experto, tercero e independiente, en la materia. En estos casos, los profesionales más adecuados son los auditores debidamente acreditados en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Es crucial contactar con un buen profesional, pues su conocimiento técnico en materia contable y financiera les permite determinar el daño económico acaecido en una entidad y hacerlo probar en un procedimiento administrativo o judicial.

Un informe pericial debidamente realizado deberá: 

  • Identificar y comprobar los hechos que han causado las pérdidas económicas. 
  • Valorar el deterioro de activos por su falta de uso durante el Estado de alarma. 
  • Cuantificar la indemnización a reclamar mediante daño emergente y lucro cesante.  El daño emergente es la pérdida real debidamente justificada por la lesión que se haya causado en un negocio. Este está completamente demostrado. En cuanto al lucro cesante, es decir, las ganancias que se han dejado de obtener, es necesario valorarlo conforme al período en el que no se haya podido llevar a cabo la actividad económica como se habría hecho en circunstancias normales. Estos importes tendrán que estar justificados en un informe pericial de cara al éxito de la reclamación que se plantee. 
  • Justificar la relación causal entre el hecho que ha producido la pérdida y el daño efectivamente ocasionado. 
  • Estimar el periodo de tiempo requerido para llegar a la situación económica inicial. 

Además, un informe pericial de carácter económico puede servir para otras múltiples finalidades. Entre otras, será de gran utilidad para aquellas empresas que, una vez cese el compromiso de mantener en ERTE a los trabajadores a causa de la pandemia (en principio, el 31 de mayo), se vean obligadas a realizar un despido colectivo por causas económicas, tratándose de un despido recogido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. El informe pericial les permitirá justificar al empresario que el motivo del despido ha sido verdaderamente la dificultad económica.

Por último, estos informes periciales en los que, además de analizar el daño emergente o lucro cesante se haga una previsión de recuperación económica de la empresa, facilitará al empresario acceder a fuentes de financiación externa, así como a negociar la refinanciación que le pudiese haber sido concedida previamente. 

El informe pericial permite al titular del crédito conocer con datos objetivos las previsiones económicas de la entidad deudora de cara a establecer unas u otras condiciones en la financiación. En este sentido, es conveniente que en el informe queden reflejados las siguientes ratios: 

  • Ratio de liquidez: informa sobre la capacidad que tiene la empresa para pagar las obligaciones en un momento dado. 
  • Ratio de solvencia: permite conocer la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago no solo con el efectivo, sino también con todos los bienes y derechos que consten en su activo. 

En definitiva, la COVID-19 ha ocasionado numerosas dificultades económicas para las empresas, llegando en muchos casos a comprometer la viabilidad de su actividad económica. Frente a ello, el informe pericial se presenta como un documento que facilita la tramitación de las reclamaciones patrimoniales de la Administración Pública, la defensa de futuros despidos objetivos por causas económicas y las refinanciaciones de deuda


LEGALNET, Auditoría de empresas

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.