por Francisco José Martínez Maroto, socio de Capital Riesgo en Cuatrecasas, Gonçalves y Pereira
Después de casi cuatro años de crisis económica, si algo podemos destacar a día de hoy es que el sector de las fusiones y adquisiciones ha experimentando con flexibilidad un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias adversas en las que debe operar. De este modo, si comparamos los indicadores del mercado tanto en lo que se refiere a número de operaciones como a tamaño y tipología de las mismas, observaremos cómo han evolucionado para adaptarse a una situación marcada por un elemento esencial: las restricciones al crédito.
Así, mientras que en tiempos de bonanza las operaciones más comunes eran aquellas consistentes en LBOs de volúmenes que podrían encuadrarse en la banda alta del middle market (con proliferación cada vez más frecuente de los denominados megadeals) en las que el protagonismo correspondía fundamentalmente a los operadores de private equity y en las que el vendedor solía gozar de una situación de privilegio a la hora de negociar el precio y las condiciones, hoy en día podemos constatar que las operaciones o bien tienden a estar protagonizadas por industriales que adquieren normalmente compañías sin apalancamiento o con bajos niveles de deuda o bien se trata de operaciones de capital expansión con las que de alguna forma los operadores de private equity y venture capital vienen tratando de suplir las carencias de fuentes de financiación bancaria.
En este sentido, los datos hechos públicos por Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (Ascri) referentes a las inversiones del sector del capital riesgo durante el primer semestre de 2011 son muy elocuentes: la inversión aumentó un 66%, hasta alcanzar los 1.940 millones de euros, superior a la cifra récord registrada en el mismo periodo de 2007. Se cerraron 434 operaciones de las que el 63% de ellas pertenece al capital expansión, el 31% al ‘venture capital‘ y el 4% restante son operaciones apalancadas; y de las que el 95% tuvieron un tamaño inferior a los 10 millones de euros.[1]
La tónica que podemos esperar para el segundo semestre del presente ejercicio debe llamarnos a la prudencia dado que existen una serie de elementos que introducen factores de incertidumbre en cuanto a la evolución esperable del sector. De entre dichos factores cabría resaltar los siguientes.
En primer lugar, el contexto económico y financiero global. Es evidente que la incertidumbre generada en los mercados durante el mes de agosto puede tener un impacto en el número y tamaño de las operaciones a realizar. Por un lado, se están revisando las perspectivas de crecimiento a nivel mundial en general incluyendo el crecimiento de la zona euro y de España. Ello puede implicar que las decisiones de inversión queden suspendidas o retrasadas a la espera de la evolución futura de la situación, en particular en lo que se refiere a las medidas de fortalecimiento de los países de la zona euro. Por otro lado, es evidente que uno de los factores que ha contribuido en los pasados trimestres a impulsar, aun tímidamente, el crecimiento en España ha sido el elemento exterior de modo que las inversiones han tratado de buscar sobre todo compañías con capacidad exportadora actual o potencial. De confirmarse los augurios de una nueva ralentización del crecimiento, ello podría tener un impacto adverso en el mercado de operaciones corporativas.
Asimismo, un factor estrictamente local como es la evolución de la reforma del sistema financiero cuya conclusión definitiva probablemente esté ligada a la captación de recursos de inversores privados, conclusión que debería facilitar una reactivación del crédito de modo que pueda dar un impulso a operaciones apalancadas. Es significativo comprobar cómo, según los datos de Ascri antes indicados, de las 434 operaciones del sector de capital riesgo registradas durante el primer semestre de junio del presente año, sólo un 4% corresponden a operaciones apalancadas.
Por último y conectado con lo anterior, la cita electoral del próximo noviembre puede implicar también que determinadas decisiones de inversión queden pospuestas a la espera de que se concreten las medidas a adoptar en los primeras semanas por el nuevo gobierno que salga de las urnas de modo que exista una mayor visibilidad del entorno político, económico y financiero a la medio plazo, sin perjuicio de que determinados procesos como la privatización de algunas compañías públicas en curso o la desinversión por parte de las cajas de ahorros de parte de sus participaciones industriales puedan dinamizar la actividad en los próximos meses.
