El Tribunal Supremo ha condenado al ministerio de Sanidad a pagar 2,3 millones de euros a la Universidad de Navarra como compensación por la colaboración que dicha entidad prestó en la gestión de asistencia sanitaria en 2007. Según establece el artículo 77.1b) de la Ley General de la Seguridad Social » Las empresas, individualmente consideradas y en relación con su propio personal, podrán colaborar en la gestión de la Seguridad Social exclusivamente en alguna o algunas de las formas siguientes: Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones por incapacidad laboral transitoria derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las prestaciones de asistencia sanitaria y recuperación profesional, incluido el subsidio consiguiente que corresponda durante la indicada situación». De esta manera, la universidad fue entidad colaboradora en  la gestión de la Seguridad Social. Antes de ese 2008, con motivo de la revisión de los convenios de la Seguridad Social con entidades colaboradoras que costeaban la atención sanitaria de sus empleados, el Estado, al haber transferido las competencias a las autonomías, dejó de abonar dicho importe a la Universidad.

Según los hechos relatados en la sentencia, un año después de la colaboración prestada, concretamente el 28 de marzo de 2008, la Universidad de Navarra solicitó la compensación de las cantidades devengadas de 2007. La petición no fue atendida y la Universidad se dirigió entonces a instancias judiciales y la Audiencia Nacional le reconoció en 2010 el derecho a la compensación pero no fijó la cuantía concreta que les correpondía, argumentando que debían esperar a la liquidación a practicar y los intereses devengados.

La universidad recurrió entonces al Supremo para que determinara el importe económico pidiendo que éste fuera de 2,3 millones de euros más los intereses legales, mientras que por su parte la Administración del Estado presentó otro recurso para pedir que se anulara la sentencia de 2010 o subsidiariamente se reconociera a esta una cantidad resultante del coste medio del Insalud fijado en un informe emitido el 13 de abril de 2007.

Ahora, la sección cuarta de la Sala de los Contencioso Administrativo del Supremo no admite las peticiones de la administración, y en cambio sí que acepta uno de los argumentos presentados por UN.

La Universidad reclamaba que, teniendo en cuenta que  el coste medio de Insalud no se ha publicado con posterioridad a 1998 y de hecho desapareció en 2002, se determinara la cuantía con arreglo a los coeficientes establecidos en una Orden de 1997 sobre Cotización a la Seguridad Social. De esta manera la cifra obtenida es de 2,3 millones de euros, cantidad que Sanidad deberá abonar a la Universidad. Cabe recordar que de hecho en febrero, el Supremo ya estimó que la universidad privada recibiera 2 millones correspondientes a la colaboración, en este caso, de 2006.

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