Por Ignacio Palomo Borrego, vocal de la Junta Ejecutiva de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ).

Aunque hace ya bastante tiempo que la Justicia de nuestro país necesitaba de algún gesto político que la sacara de esa especie de estado de aletargamiento que la incapacitaba para solucionar de manera general los problemas de la sociedad, lo cierto es que ahora, que decide llevarse a cabo la mayor inversión de la historia en la modernización de la Administración de Justicia, parece que podrán dejarse atrás sus principales problemas, casi siempre originados por la masificación de asuntos en Juzgados y Tribunales.

El 1 de octubre de de 2009 el ministro, Francisco Caamaño, anunció el Plan de Modernización de la Justicia, proyectando de inicio y en términos generales un incremento presupuestario para el año 2010 superior al 13 por ciento en relación a lo que se destinó a Justicia en el ejercicio anterior, lo que supone un importante esfuerzo, máxime si tenemos en cuenta la actual coyuntura económica, destinándose de manera global y durante los tres próximos años una aportación financiera cercana a los 218 millones de euros, todo ello para conseguir una Justicia ágil, eficaz y acorde a las necesidades actuales de los ciudadanos.

Dentro del Plan de Modernización resulta relevante la gran inversión a realizar en nuevos sistemas de comunicación y servicios electrónicos que estarán a disposición tanto de profesionales de la Justicia como del resto de ciudadanos, con lo que se obtendrá una Administración de Justicia tecnológicamente avanzada que permitirá trabajar en red a los Juzgados y Tribunales de España, mediante el desarrollo del plan EJIS (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad). Esta sea probablemente la novedad mas importante, puesto que se garantizará así la interoperatividad de los sistemas informáticos del Estado y las Comunidades Autónomas, permitiendo a todos los Juzgados y Tribunales, operar entre sí y con el Ministerio Público. El plan garantiza que la totalidad de las salas de vistas contarán con sistemas de grabación audiovisual y de videoconferencia. Este avance en la informatización de todos los sistemas permitirá que el expediente judicial digital sea una realidad, además de reducir de manera significativa el uso de papel. Las comunicaciones y notificaciones judiciales se llevarán a cabo electrónicamente mediante correo securizado (lexnet).

Se acometerá igualmente un Plan de Infraestructuras y Equipamiento encaminado a la construcción, rehabilitación y equipamiento de edificios de órganos judiciales, registros civiles y servicios comunes; y se llevará a cabo la modernización de la Oficina Judicial, con nuevas estructuras y una mejora en la organización.

Como no podía ser de otro modo, la mejora del sistema de justicia pasa por un incremento del número de profesionales del sistema de justicia y, en definitiva, por una racionalización y optimización de los recursos personales disponibles, por ello se crearan en tres años 750 nuevas plazas de jueces, lo que nos acercará a la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes. Se crearán igualmente 450 nuevas plazas de fiscales y 800 de secretarios judiciales

La reforma recoge la sensibilidad social existente en el ámbito de la Violencia de Género y se seguirán creando nuevas unidades judiciales especializadas en esta materia. También se dotan planes concretos de actuación para impulsar y descongestionar la actividad de estos juzgados.

Es de destacar, por otro lado, que en el presupuesto del Ministerio de Justicia del año 2010 se contempla la singularización de las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio Fiscal y a la Fiscalía General del Estado, cumpliendo así la obligación legal recogida en su propio estatuto, y que, en definitiva, permitirá igualmente una optimización de sus servicios.

El Plan Estratégico de Modernización de la Justicia es algo mas que una declaración de intenciones, se trata de una apuesta seria por dejar atrás un sistema de justicia que ha quedado, a todas luces, obsoleto e incapaz; y por primera vez se trata de atajar los problemas reales de la justicia mediante una asignación real de medios a todos los niveles y no mediante ocurrencias legislativas precipitadas y atropelladas que no solucionaban los problemas, sino que los trasladaban de lugar.

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