Por Jose Ayllón, socio de Dutilh en Derecho de la Competencia.

La entrada en vigor de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia aportó enormes novedades tanto en la parte sustantiva y procesal (umbrales de control de concentraciones, eliminación del sistema de exención individual de conductas restrictivas, reforma del procedimiento de autorización de expedientes de control de concentraciones económicas, etcétera), como en el ámbito de inspección y sancionador, al ampliarse las facultades de inspección de la autoridades de competencia, clarificando los criterios de imposición de sanciones y multas, mediante el establecimiento de una clasificación de las infracciones de acuerdo con su gravedad e introduciendo un programa de clemencia.

Sin embargo se olvida mencionar muy a menudo que también se han ampliado las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en materia de ayudas públicas, un campo en el que las autoridades de competencia españolas apenas habían tenido presencia. Pues bien, con la entrada en vigor de la Ley 15/2007, la situación puede haber comenzado a cambiar. Para recordarnos la importancia de la materia, la Comisión Nacional de la Competencia publicó en verano su primer informe sobre ayudas públicas en España. Dicho informe recoge las principales novedades normativas de los dos últimos años, realiza un breve repaso a la legislación comunitaria y a los principales asuntos y sentencias dictadas por los tribunales comunitarios en esta materia. Tiene singular interés el apartado dedicado a las ayudas en España, en el que refleja la evolución cuantitativa de las principales ayudas concedidas en los últimos años a partir de la información suministrada por las Administraciones españolas y la Comisión Europea.

Su lectura es muy recomendable y se inscribe en la labor de promoción de la competencia que está llevando a cabo la CNC con la publicación de diversos informes (Informe sobre la llamada Ley Ómnibus, relativa a la transposición de la Directiva de Servicios, Informe sobre procuradores, comercio minorista, etcétera), al contribuir a la labor de divulgación de la legislación de competencia.

Por ayuda pública o estatal se entiende cualquier ventaja económica selectiva que una o varias empresas o sectores perciben financiada por fondo públicos, susceptible de distorsionar la competencia y los intercambios en la UE. El término incluye una enorme variedad de medios: beneficios fiscales selectivos, los préstamos, ventas de terrenos públicos o inyecciones de capital público en empresas, realizadas en condiciones que no sean las del mercado, entre otras.

Las ayudas constituyen una forma de intervención pública en la economía que puede alterar el funcionamiento normal de los mercados, causando en ocasiones un gran perjuicio al juego de la competencia y que lejos de favorecer el interés público, puede ir en su detrimento. Obviamente no todas las ayudas públicas son negativas, pues con frecuencia sirven para compensar los denominados fallos del mercado, o sirven al desarrollo de zonas desfavorecidas, por ejemplo.

En estas circunstancias, ¿qué papel puede desempeñar la CNC? ¿Puede hacer algo más que la emisión del informe anual sobre ayudas públicas?

Por supuesto que sí puede hacer algo más; de hecho creemos que lo va hacer, según nos avanza en su informe, cuando hace referencia al mecanismo que le permite impugnar ante los tribunales los actos administrativos y las disposiciones de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados. Este mecanismo puede resultar particularmente útil en el caso de las ayudas no controladas por la Comisión que, sin embargo, sean susceptibles de restringir la competencia. Aquí tiene una primera línea de actuación que puede dar mucho juego.

La intervención de la CNC podría servir también para vigilar ciertas actuaciones (inyecciones de capital público de instituciones financieras de comunidades autónomas o locales) en empresas no siempre otorgadas por motivos compatibles con la normativa de ayudas de Estado. Recientemente el Tribunal comunitario de primera Instancia recordó en la sentencia Kahl, que la intervención de las autoridades públicas en el capital de una empresa, cualquiera que sea la forma en que se efectúe, puede constituir una ayuda de Estado y debe apreciarse en virtud del criterio del inversor privado, haciendo abstracción de cualquier consideración de tipo social o de política regional o sectorial

En lo que respecta a nuestro país, la CNC está facultada para realizar informes de oficio o a petición de las Administraciones públicas. Esta facultad abre la posibilidad de que la CNC acabe interviniendo a solicitud, por ejemplo, de una entidad local o autonómica que se considere perjudicada por las ayudas que concede la localidad vecina a las empresas implantadas o que pretenden establecerse en su localidad. Es decir, la CNC podría analizar algunas ayudas concretas con las recomendaciones correspondientes, pues es una facultad que le permite llevar a cabo la vigente legislación de competencia española. Sin duda, la remisión de un informe a la autoridad local o institución que ha concedido la ayuda no la eliminará ni es muy probable que evite que vuelva a darse, pero la CNC puede poner en conocimiento de la Comisión Europea dicho informe y esta institución -aunque no obligada a seguir las tesis de la CNC- si tiene capacidad para autorizar o no la ayuda.

Se abre un abanico de posibilidades y un largo camino que, esperamos, la CNC quiera empezar a recorrer.

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