Impulsar las reformas procesales con la máxima urgencia. Este puede ser el resumen de la reunión mantenida ayer al más alto nivel entre los vocales del CGPJ, el presidente de la Audiencia Nacional y los diferentes Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en Madrid para analizar y aportar ideas a los proyectos de ley aprobados por el Gobierno sobre Agilización Procesal y el Uso de la Tecnologia de la Información en la Administración de Justicia. Tras la reunion, comparecieron en rueda de prensa para insistir en la necesidad de impulsar estos cambios antes de que concluya la legislatura. De hecho, la próxima semana el propio presidente del CGPJ y Supremo, Carlos Dïvar se entrevistará con el presidente del Gobierno Zapatero para profundizar en estas cuestiones
Respecto a cuándo el ciudadano podrá notar que estas medidas ya están en marcha y, por ende, una mejoría en la situación de la justicia, Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, subrayó que en año y medio se verían las primeras mejoras «aunque para poder ver cambios importantes habrá que esperar a que transcurran más de tres años desde la aprobación por parte del Parlamento de estas iniciativas que el Poder Judicial apoya».
«Las reformas procesales no tienen carácter disuasorio y sí de agilizar nuestra justicia» comento en su intervención ante los medios, Fernando de la Rosa, vicepresidente del máximo organismo judicial. Además, dejo claro que el sentimiento de los diferentes presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia es de apoyar estas reformas «asi como en el futuro otras medidas que también dinamicen el ámbito penal, que ahora ha quedado al margen de los cambios que se plantean porque no era posible modificar la Ley de Enjuciamiento Criminal antes de que concluyese la legislatura».
Para Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, «nosotros no estamos haciendo presión al poder legislativo, sino únicamente cumplir nuestro cometido de ser garantes de que nuestra justicia sea el servicio público que todos reclamamos. A tal efecto recordo que ya dos meses después de la toma de posesión del nuevo Consejo, en noviembre del 2008, ya esta entidad impulso un primera Plan de Modernización de nuestra Justicia. «Desde ese momento hemos venido trabajando intensamente por y para la justicia y confiamos que estas reformas encuentren el eco y la receptividad en el Parlamento».
Por su parte, el vocal del CGPJ y presidente de la Comisión de Estudios e Informes, José Manuel Gómez Benítez, incidió de forma más profunda en algunas reformas procesales que han levantado cierta polémica :Respecto a la medida que establece que el Tribunal Supremo sólo estudiará los pleitos de más de 800.000 euros –hasta ahora la cuantía era de 150.000 negó que se estén recortando derechos. » Lo que se persigue es que el TS tenga tiempo para poderse dedicar a todos aquellos asuntos que por razón de la materia tengan verdadero interés tasacional. El Alto Tribunal está para unificar doctrina y para consolidarla pero no para dar una nueva interpretación de los hechos».
Sobre otras reformas también muy comentadas Benitez insistió que no se ha entendido la iniciativa que suprime la apelación en los juicios verbales de cuantía inferior a 6000 euros. «Creo que se ha malinterpretado en su fondo porque seguirá habiendo procedimientos y medidas que puedan utilizarse sin tener que acudir al citado recursos de apelación» Así cito que litigios sobre cobro de rentas; incumplimiento de pensiones en caso de divorcios, contratos de leasing etc no se verán afectados por esta nueva disposición.
Por último el proyecto de ley aprobado el pasado viernes también abre la via a importantes modificaciones en el campo contencioso administrativo: «Queremos también ser prácticos y evitar la litigiosidad de la administracion que hasta el último momento pleitea aunque sabe que va a perder, comentó Benitez. «Con estas nuevas medidas en un proceso de este tipo el Estado podrá ser condenado al pago de las costas si pierde el proceso. Se trata de alguna forma de seguir con los procedimientos que también ya se emplean en la jurisdicción civil».
ES imprescindible acometer dichas reformas. Procedimientos de modificación de medidas, convenio regulador, impago de pensiones, etc
¡Dios nos coja confesados!. Entre el principio de «inmediación judicial» llevado a sus últimos y expeditivos extremos, y las reformas procesales que tiene en mente el CGPJ, con la indisimulada pretension de que el Poder Legislativo pronto las convierta en norma, todo ello, claro está, pensando sólo en la «agilizacion de la Justicia y que ésta sea el servicio público que todos reclamamos», me hace envidiar aquellos sistemas judiciales que hasta las simples sanciones de tráfico las impone un Juez…que tiene tiempo para todo. La solución es de medios humanos -Jueces y Funcionarios- y no de aminoracion y descarga de competencias. Una sóla Sentencia casada por el T.S. o revocada en apelacion, justificaría sobradamente el mantenimiento de la doble y/o triple instancia. Los criterios y «filtros» economicistas NO SON LA SOLUCION. ¡Adios al art. 24 de la C.E.! Tiempo al tiempo.