El Tribunal Supremo ha dado un paso relevante en la protección de los perjudicados por delitos económicos. En su sentencia 1578/2026, del pasado 7 de octubre, la Sala Primera reconoce que una persona o empresa puede reclamar responsabilidad civil derivada de delito (ex delicto) aunque no haya participado en el procedimiento penal que terminó con una condena firme y aunque no figurase expresamente como perjudicada en aquella resolución.
“Se trata, pues, de un supuesto en que, aunque la actora no fue parte en el procedimiento, debemos entender que puede ejercer la acción prevista en el art. 1092 del Código Civil”, señala la sentencia.
“Es una sentencia de gran trascendencia para muchos casos de alzamientos de bienes, estafas o fraudes societarios en los que hay muchos afectados y algunos quedaron fuera del proceso penal”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario y mercantil.
El caso juzgado se remonta a 2005. Una empresa, Busa Pinturas reclama 119.260,89 a una sociedad dedicada a la rehabilitación de edificios. Mientras se tramitaban los procesos, el administrador de la deudora transmitió tres inmuebles valorados en 424.000€ a otra empresa controlada por el hermano frustrando así el embargo.
La ex mujer de uno de los hermanos le denunció por alzamiento de bienes y ambos hermanos fueron condenados.
Busa Pinturas no participó en ese proceso penal por alzamiento de bienes así que presentó su propia querella que fue inadmitida por tratarse de cosa juzgada. Así que acudieron a la jurisdicción civil reclamando la responsabilidad derivada de la condena penal aunque ellos no hubieran estado personados. La Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón y condenó a los hermanos a devolver los 119.260,89€.
Los hermanos recurrieron ante el Supremo, pero el Alto Tribunal señala que “la interpretación que proponen los recurrentes equivaldría a privar a la demandante de un derecho por causa que no le ha sido imputable”. Así que confirma la condena.
Navas considera que esta sentencia puede tener especial relevancia en delitos con pluralidad de perjudicados. “En los casos de alzamientos de bienes, estafas colectivas, determinados fraudes societarios u operaciones fraudulentas de vaciamiento patrimonial no todos los afectados conocen del proceso penal”, explica el experto.
“Esta sentencia refuerza las posibilidades de reparación frente a quienes han utilizado mecanismos delictivos para impedir el cobro”, señala Navas. “La sentencia del Supremo permite aprovechar la condena penal para reclamar el daño producido como consecuencia de los hechos delictivos juzgados y penados”, concluye el socio-director de navascusi.com.
Antecedente en el Constitucional
Aunque es la primera vez que el Supremo se abre a aceptar responsabilidades de una causa penal de una víctima no personada, el Constitucional ya se había manifestado en su sentencia 121(1994 de 25 de abril. El TC consideraba contrario a la tutela judicial efectiva privar a una persona de reclamar civilmente cuando no había podido hacerlo en el proceso penal. Posteriormente, en su sentencia STC 17/2008 de 31 de enero insistió en que la cosa juzgada penal no impide necesariamente ejercitar acciones civiles que no fueron objeto de enjuiciamiento.
En la misma línea se había manifestado la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia 318/2018 de 29 de junio admitiendo la posibilidad de reclamar civilmente por hechos delictivos ya juzgados cuando el perjudicado no había intervenido en el procedimiento penal
Por último, la sentencia del Supremo establece en 5 años el plazo general de prescripción, es decir, el régimen del art. 1964.2 del Código Civil. El plazo comienza cuando el proceso final adquiere firmeza.
“Una sentencia clave para garantizar la reparación aunque uno no haya participado en el proceso penal de enorme trascendencia en el mundo mercantil”, concluye el socio-director de Navas & Cusí
