MarEl Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de ocho años y un día de prisión impuesta el pasado mes de enero por la Audiencia de Cádiz al piloto de una patera interceptada en las costas de Tarifa en diciembre de 2102 con 30 personas a bordo, entre ellos una mujer embarazada y cuatro bebés.

El alto tribunal ha rechazado, así, el recurso de casación presentado por el acusado contra la sentencia de la Audiencia de Cádiz que le consideró autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El condenado argumentó que, a mitad de la travesía, los que pilotaban la patera abandonaron la embarcación, indicándoles donde se encontraba España y dándoles los remos, por lo que él se hizo cargo de la embarcación “ante el peligro que corrían todos los ocupantes”.

La resolución considera válida la prueba preconstituida y de realización anticipada que consistió en el testimonio en fase de instrucción (ante el juez, el fiscal, el imputado y su defensa) de dos de los ocupantes de la patera, que identificaron al acusado como piloto de la embarcación. Ninguno de los testimonios pudo ser localizado para acudir al juicio, pero el Supremo consideró que existió prueba de cargo suficiente contra el recurrente, pues “la prueba preconstituida y de realización anticipada “es una figura procesal que despliega su validez y utilidad cuando las actuaciones sumariales son de imposible o muy difícil repetición en el juicio oral”.

En este caso, según el Supremo, “era previsible que personas en situación administrativa irregular pudieran ausentarse de España, por lo que resultaría imposible que se pudiera contar con las mismas en el acto de la vista”. Considera que en todo caso “se respetó la contradicción, estaba presente el órgano judicial y fueron introducidas en el sumario correctamente”.

Añade que las alegaciones del condenado en casación “no alcanzan para desvirtuar la declaración de las víctimas”, pues no resulta lógico ni racional que su función fuera únicamente la de hacerse cargo de la embarcación cuando los verdaderos pilotos marroquíes la abandonaron”.  La clave para el Supremo está en que no se ha alegado razón alguna “que permita justificar por qué las víctimas mintieron contra quien según él les ayudó”.

 

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