El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido los recursos presentados por el Gobierno central contra las tasas judiciales aprobadas por la Generalitat, el impuesto del depósito bancario y la tasa de un euro por receta implantada el pasado junio en Cataluña -mediante la Ley 5/2012 de 20 de marzo-.

El Tribunal ha acordado la suspensión de las medidas durante los próximos cinco meses y si pasado este plazo no hubiera decidido sobre la constitucionalidad de las leyes afectadas, podría acordar una prórroga de las suspensiones. Por su parte, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció, el pasado viernes, que también recurriría el euro por receta de la Comunidad de Madrid, que empezó a aplicarse el pasado 1 de enero.

La decisión del TC se basa en el artículo 161.2 de la Carta Magna, que establece que el Gobierno puede impugnar ante el Constitucional las resoluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas, lo cual produce la suspensión de la disposición impugnada, que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.

El Gobierno entiende en su recurso que las medidas implantadas en Cataluña afectan a supuestos regulados por leyes estatales. En relación al euro por receta, alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó en una rueda de prensa celebrada el pasado diciembre que la tasa catalana «perjudica» a la igualdad de los españoles al «gravar dos veces» la adquisición de medicamentos.

La supuesta inconstitucionalidad de la Ley 5/2012 -de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos- ya fue advertida por el Consejo de Estado el pasado mes de noviembre mediante el dictamen 623/2012. Sus razones no se fundaban tanto en que no se puede gravar la dispensación de medicamentos con una figura tributaria, como en el hecho de que no puede hacerse por una Comunidad Autónoma aislada, dado que ello supone una incidencia en el régimen de fijación de precios de los medicamentos incluidos en el sistema público de financiación que corresponde en exclusiva al Estado.

Posible constitucionalidad del euro por receta

Sin embargo, el letrado de Lupicinio Abogados, Lucas Blanque, explica en un artículo de opinión publicado en Diario Jurídico, que la imposición de la tasa podría no afectar al régimen de financiación de los medicamentos que corresponde en exclusiva al Estado, pues «ese sistema es por entero de la competencia del Estado, moviéndose el poder tributario de las Comunidades Autónomas en un plano diferente que podría proyectarse, por ejemplo, sobre la competencia de ordenación farmacéutica que atribuye a la Comunidad Autónoma de Madrid el artículo 27 de su Estatuto de Autonomía».

Y añade: «desde esta perspectiva cabría valorar la viabilidad de la iniciativa de la CAM, que podría superar el test de constitucionalidad si se impusiera sobre la actividad de las oficinas de farmacia, relacionadas con la dispensación de medicamentos, en aspectos que tengan propiamente que ver con la función de aquéllas al dispensarlos, y siempre que la regulación correspondiente se oriente al establecimiento de reglas o criterios que atiendan al ejercicio ordinario de esta actividad de los establecimientos de farmacia, sea de índole técnica o meramente de entrega material. La tasa, así, no gravaría tanto al medicamento, extremo que no se pretende por la Comunidad de Madrid, sino a cierta actividad de las farmacias relacionada con la dispensación».

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