El pleno del Tribunal Constitucional se reunirá mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), a las 10:30 horas, para celebrar un pleno en el que se darán a conocer aquellas resoluciones que hayan sido aprobadas. Se trata de la primera ocasión en sus ya más de 30 años de historia en que el Alto Tribunal mantiene una reunión de estas características fuera de su sede habitual.
La iniciativa de celebrar el pleno fuera de Madrid parte del propio presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, quien desde el principio de su mandato se mostró partidario de acercar la imagen del Tribunal a los ciudadanos de otras Comunidades Autónomas. Sala tiene previsto celebrar más plenos en otras comunidades autónomas. De hecho, desplazará a todos los miembros del Tribunal Constitucional el próximo 19 de marzo a Cádiz para mantener otro pleno que servirá, además, para conmemorar el bicentenario de la Constitución de Cádiz que fue aprobada ese mismo día en 1812.
Durante su estancia en Valencia los magistrados tienen previsto visitar el jueves, a las 10:00 horas, el palacio de la Generalitat donde serán recibidos por el presidente de Comunidad Valenciana, Alberto Fabra. A las 12:00 horas asistirán a una sesión del Tribunal de las Aguas y dos horas más tarde acudirán al Ayuntamiento donde mantendrán un almuerzo ofrecido por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
El Tribunal Constitucional ha sido noticia en los últimos días por la sentencia que dictó el pasado verano que declara constitucional la ley general de Estabilidad Presupuestaria y su complementaria, la ley 5/2001, que habían sido impugnadas en el año 2002 por el Parlamento de Cataluña. La resolución ha vuelto a los titulares a causa del anuncio hecho por parte del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, de establecer el control previo de los presupuestos autonómicos por el Gobierno central, que ha disparado las protestas de las Comunidades Autónomas.
En este sentido, cabe decir que el fallo no es directamente aplicable al control presupuestario previo que pretende establecer el Gobierno de Rajoy, pero al sentar las bases que autorizan al Estado a limitar el gasto de las Comunidades Autónomas sé prevé que sea tenida muy en cuenta tanto por el Ejecutivo como por las comunidades refractarias a la medida.
