“Pese a que una de las riquezas de Europa se en centra en su diversidad, donde coexisten en la UE dos sistemas como el anglosajón frente al continental, los problemas de la justicia son muy similares”. Son las primeras declaraciones de Miguel Carmona, vocal del CGPJ, responsable de relaciones internacionales de esta institución y desde el próximo 1 de enero, presidente de la Red Europea de Consejos Judiciales, tras su reciente elección en la Asamblea General de esta entidad. “La cooperación judicial europea cada vez es mayor: ahora mismo en la UE hay 17 millones de matrimonios mixtos; también crecen los flujos económicos de capitales y los flujos culturales, lo que demanda mayor colaboración entre organismos judiciales de diferentes países. “ Al trabajo de Eurojust, entidad creada para la cooperación de operaciones penales complejas y de esta Red de Consejos europeos, se unirá desde el próximo 15 de julio, la puesta en marcha de E-Justice, un portal europeo sobre justicia que “puede ser el aldabonazo que falta para impulsar la justicia a nivel europeo”, explica Carmona.
Miguel Carmona es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid el año 1968. Realizó cursos de Doctorado en la Universidad Central de Barcelona. Es además, Profesor Asociado en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
En la actualidad es miembro activo de la carrera judicial. Diferentes destinos como Juez de Distrito en Bollullos par del Condado y Sevilla, Juez de 1ª Instancia e Instrucción en Carmona y Baracaldo, Magistrado de Trabajo en Las Palmas de Gran Canaria y Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. He desempeñado desde junio de 1992 a mayo de 2008 el cargo de Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, para el que fui confirmado en 1997 y 2002.
Durante el periodo de Mayo a septiembre 2008 Presidente de la Sección 1ª (Penal) de la Audiencia Provincial de Sevilla. Llevo más de dieciséis años de servicios continuados en un órgano especializado en el orden jurisdiccional penal, como es la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, con competencia exclusiva en asuntos penales desde 1993.
Fue Secretario Judicial en excedencia. Como Secretario desarrollé mi actividad entre 1972 y 1977 en los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Vilanova i la Geltrú e Instrucción núm. 1 de Barcelona.
Nombramiento vocal del Consejo General del Poder Judicial el 23 de septiembre de 2.008 y Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo, cargos que desempeño en la actualidad
Durante su carrera profesional ha participado como ponente en numerosas actividades de formación organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, sobre el juicio de faltas, la revisión de la prueba por los tribunales de apelación y de casación y por el Tribunal del Jurado, sobre los medios de impugnación en el proceso ante este Tribunal y la impugnación del veredicto y de la sentencia; objeción de conciencia al servicio militar y a la prestación social sustitutoria; responsabilidad penal de las personas jurídicas; prueba tecnológica, y sobre cooperación jurídica internacional. Todas estas ponencias han sido publicadas en los correspondientes números de los Cuadernos de Derecho Judicial y Manuales de Formación Continuada.
Por citar sólo los más recientes, ha dirigido, dentro del Programa Estatal de Formación de Jueces y Magistrados:
El Grupo de Investigación “Hacia un nuevo proceso penal”, con el seminario correspondiente de validación.
El Curso: “Juicio por jurado: experiencia y revisión”, codirigido con el magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo D. Enrique Bacigalupo Zapater.
El Curso virtual que se está impartiendo en la actualidad sobre “Cooperación judicial penal en Europa” del que es codirector el catedrático D. Víctor Moreno Catena.
Ha sido ponente en seminarios integrados en programas Twinning con Polonia y Bulgaria sobre cooperación judicial penal, blanqueo de dinero y derecho penal y procesal penal europeo.
Ha participado como ponente o director en los programas de formación inicial de la Escuela Judicial y en los Cursos de formación provinciales y territoriales de Andalucía, Cataluña, Rioja y Navarra, todos ellos relacionados con la función judicial y con materias jurídicas propias de la actividad de un órgano jurisdiccional penal. También ha participado como ponente en seminarios y reuniones internacionales en diferentes países europeos y americanos.
Pertenece a la Asociación Judicial JUECES PARA LA DEMOCRACIA, y he sido en tres ocasiones miembro de su Secretariado y portavoz de la Asociación entre 2001 y 2004. Ha sido Presidente de MEDEL, Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, entre 2005 y 2007, miembro de su Buró desde 2002 y representante de esta Asociación en foros internacionales, como el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), la Comisión para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) o el Comité Europeo de Problemas Penales, así como en las Comisiones de Libertades Públicas y de Justicia e Interior del Parlamento Europeo.
Por designación de la Asamblea General de UNJR (Uniunea Nationala a Judecatorilor din România) formo parte del Senado de esta Asociación.
Miguel Carmona, tiene publicados numerosos artículos sobre temas jurídicos, en especial relacionados con el poder judicial y el proceso penal, que se relacionan en archivo adjunto.
Tenía concedida la Cruz Distinguida de 1ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la Cruz de Honor de dicha Orden. También se le ha concedido la Medalla de la Ciudad de Sevilla, la Medalla al Mérito Policial, la Medalla del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla y mención honorífica de los Premios Meridiana, otorgados por el Presidente de la Junta de Andalucía a propuesta del Instituto de la Mujer.
¿Podría explicarnos cuál es la estructura de la Red Europea de Consejos Judiciales, dentro del entramado de instituciones europeas, y de qué forma se puede hablar de una justicia europea?
Esta Red Europea no es más que otra herramienta que pretende ayudar a la consolidación de la Unión Europea que además de apoyarse en las instituciones que están reflejada en los Tratados, también impulsa otras instituciones de cara a organizar la sociedad civil a escala europea. La Red de la que seré presidente desde el próximo uno de enero, agrupa a los Consejos Europeos o Instituciones similares que hay en la actualidad. Hablamos de 18 Consejos Judiciales, porque no todos los países de la UE tienen esta entidad, y hay alguno como Reino Unido que tiene dos. Se pretende ver los problemas comunes de justicia que hay en la actualidad, estando en contacto muy directo con la propia Comisión Europea y el Parlamento.
Todo esto se encuentra organizado en diferentes Comisiones de Trabajo; de esta forma hay una que toca los temas de Etica Judicial y Deontología, otra centrada en la Confianza Mutua que pretende impulsar esta confianza entre los diferentes poderes judiciales de los países miembros. Hay otro grupo de trabajo que se ocupa de desarrollar la confianza pública en los órganos judiciales y finalmente hay dos grupos, uno sobre Justicia Criminal y el último sobre E-Justice que alberga los trabajos de publicaciones electrónicas que darán lugar al portal europeo sobre estos temas el próximo 15 de julio, ya con presidencia belga.
Intentamos trabajar de forma coordinada. Otra entidad como la Red Europea de Presidentes de Tribunales Supremos también colabora con nosotros.
¿Qué actividades va a impulsar como nuevo presidente de esta Red Europea de Consejos en sus primeros cien días?
Según los Estatutos de esta organización, la elección del presidente se hace en la Asamblea general que tuvo lugar recientemente en Luxemburgo, pero se toma el testigo como presidente unos meses después. Concretamente a partir del 1 de enero del próximo año. Mientras tanto en este periodo transitorio, el nuevo presidente acompaña al que está en funciones en todas las deliberaciones y actividades internas o externas, lo que ayuda a que sea el proceso de transición bastante fluido.
Por otra parte el Programa de Trabajo mio ya quedo fijado en la citada Asamblea, con diferentes prioridades. En primer lugar queremos reforzar la presencia de los Consejos ante las instituciones de la UE; se trata de alguna forma que conseguir que los poderes judiciales tengan un peso específico más activo del que ahora están cumpliendo. En este sentido es evidente que un hándicap son los dos sistemas jurídicos que coexisten en la UE, el continental, más aceptado que el common law británico, tienen estructura diferente pero los problemas que tienen y sus soluciones son muy similares.
Habla de E-justice como de un elemento clave de cara a la europeización de la justicia. Puede haber un antes y un después de su puesta en marcha.
Es uno de los elementos claves de la justicia del futuro. Ayudará tanto a profesionales del derecho, ciudadanos como a los propios magistrados a conocer más a fondo las interioridades de los diferentes sistemas jurídicos de los países miembros. Para los profesionales servirá para acceder a las fuentes jurídicas y jurisprudencia de cada uno de los países. Y por supuesto, que el propio ciudadano pueda tener un acceso más amplio a lo que es la justicia. Con herramientas como E-Justice no será raro ver la interposición de demandas españolas, por ponerle un ejemplo, en tribunales de cualquier país de la UE. Sin lugar a dudas va a ser una herramienta que de un empujón notable a la cooperación internacional y que ayude a conocer el derecho europeo por parte de todos los países. Nuestro país pertenece a la red DUE, formada por especialistas en derecho europeo que asesora a los órganos judiciales españoles en este tipo de materias.
¿Cómo se percibe desde las instituciones jurídicas europeas el proceso de modernización que acomete en estos momentos la justicia española?
El proceso no es diferente del que han tomado otros países miembros de la UE. En todos ellos queda claro que el concepto nuevo de oficina judicial pasa por centrar al juez en el papel de sancionador de las sentencias. Hablamos del magistrado, como bien escaso de alguna forma, para que se dedique exclusivamente a su competencia frente al resto de la estructura administrativa del juzgado, ahora soportada por otras figuras.
Otro rasgo que se sigue con atención es la introducción de las nuevas tecnologías de cara a convertir la justicia en el servicio público que demanda la sociedad española. Pese a que pueda parece frívolo el comentario que hago, no estamos en este sentido tan atrás con otros países. Nuestro Centro de Documentación Judicial está a la cabeza en Europa en estas materias concretas.
Yo diría que se están haciendo las cosas de forma paralela en otros países a la vez que en el nuestro propio. Por este motivo no podemos definir a un país como pionero en estos temas de mejora de la justicia. Otro asunto que se valora mucho en Europa es la posibilidad de ir incrementando el peso específico de las soluciones extrajudiciales como alternativa al proceso judicial ordinario.
Recientemente en la presentación del nuevo Reglamento de la Corte Española de Arbitraje, el vicepresidente Fernando de la Rosa señaló que solo en el 2009 habían entrado más de nueve millones de asuntos nuevos.
Creo que este tipo de datos hay que verlos dentro de un contexto para que no se conviertan en escandalosos. Normalmente los asuntos pendientes no significa que estén atrasados, simplemente que no se tiene resolución concreta. Por otro lado, no se debe confundir la celeridad con las prisas porque los ciudadanos tienen derecho a que el juez vea su caso con el tiempo y dedicación que requiere. Se trata, en definitiva que no haya tiempos muertos innecesarios y que estructuras como la Oficina Judicial nueva, de la que ya hemos hablado, ayude al juez en su cometido.
¿Dónde está la clave para que el juez tenga el protagonismo que merece? ¿Qué opinión le merece programas como el Relator, que el Juez Decano de Madrid quiere implantar, lo que supone letrados de apoyos al juez?
A la hora de contestarle a esa pregunta tenemos que puntualizar en primer lugar que los recursos públicos, más en tiempo de crisis no son ilimitados. En una situación como la que vivimos el número de jueces no puede crecer hasta el infinito.
No se improvisa un juez. Necesitan un proceso de selección y formación inicial muy riguroso. Hacen falta jueces pero lo primero que se debe hacer es activar la estructura adecuada para que los magistrados puedan centrarse en su cometido de dictar sentencias. Creo que con esta nueva estructura judicial se dará una respuesta adecuada a las demandas de los usuarios de la justicia.
Respecto al proyecto Relator que quiere implantar el Juez Decano de Madrid y que supondría que cada magistrado tendría un asistente, preferiblemente, licenciado en Derecho como apoyo al trabajo de dictamen de las sentencias, creo que es una buena idea tener este tipo de apoyos técnicos, sobre todo para los jueces de apelación o casación. En la Primera Instancia no creo que haga falta su implantación
Recientemente el CGPJ ha otorgado los Premios Calidad y Justicia, programa del que usted es Jurado, ¿podría explicarnos brevemente qué se premia con estos galardones?
No es más que el reconocimiento de nuestra institución de las buenas prácticas que se desarrollan en materia de justicia por los diferentes estamentos jurídicos del país. En esta ocasión se ha premiado al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, por constituir la mejor iniciativa por una justicia más eficaz; a la Audiencia Provincial de Huesca y al Gabinete de Comunicación del Tribunal de Justicia de Aragón, por ser la mejor iniciativa por una justicia más transparente y a la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, por convertirse en la mejor iniciativa por una justicia más accesible.
Por el premio han competido veintiséis candidaturas, procedentes de Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra y Valencia que han competido en las áreas de eficacia; transparencia y accesibilidad. El galardón está instituido por el CGPJ como reconocimiento a las iniciativas más sobresalientes de mejora de la calidad del servicio público implementadas por órganos judiciales y otros organismos de la Administración de Justicia,
Hablamos de buenas prácticas en la justicia, sin embargo son otro tipo de noticias las que inundan los medios de comunicación. ¿Cómo ve un vocal del CGPJ este asunto de la justicia en los medios informativos?
Esta situación, sin entrar a calificar si es buena o mala, es inevitable que así suceda. Siempre hay determinados asuntos judiciales, sobre todo penales, que son más noticiosos que otros. Así ha pasado desde hace mucho tiempo. Es el caso de la Edad Media donde los paneles que se mostraban con noticias muchos de ellos tenían que ver con la justicia. Lo que si está claro es que ha cambiado el soporte, ahora mucho más mediático.
También no podemos olvidar que al mundo jurídico llegan muchos conflictos de diversa índole; además de la lucha política de los partidos hay también cuestiones sociales de derechos emergentes, como pueden ser los límites del derecho a la vida o la propia calidad del medio ambiente, por ponerle un ejemplo.
De forma paralela a lo que estamos comentando ha surgido un movimiento transversal a todas las asociaciones de jueces que se denomina Plataforma Independiente, ¿cómo valora su actividad en estos meses?
Bueno creo que hablar de un cincuenta por ciento de afiliación en cualquier colectivo no es un mal dato, desde luego. En ningún país que conozco se llega al ciento por ciento. Respecto a la Plataforma que me comenta estoy sorprendido que se haga todo un programa político sobre la justicia invocando el apoliticismo, esto es algo que no acabo de entender.
Las cuatro asociaciones judiciales parecen estar más cerca que nunca, ¿cree que se puede dar a medio plazo una integración de todas, en una única?
Lo veo difícil que se llegue a una integración total de todas las asociaciones. Si se llegara a esa situación volveríamos a los orígenes. En la década de los ochenta un grupo de magistrados constituimos la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), como asociación unitaria que pudiera defender el pluralismo sociológico de la carrera judicial. Aquello se frustró en el año 1984, de tal forma que en diciembre de aquel año surgieron Jueces para la Democracia, de la que he sido portavoz y Francisco de Vitoria. Posteriormente se creo una cuarta asociación con lo cual el espíritu asociativo unitario parece bastante lejano.
En Europa el modelo es mixto, frente a países como el nuestro con diferentes asociaciones, hay otros con una única asociación, pero en la que coexisten diferentes tendencias organizadas. La pluralidad sociológica en la carrera judicial es un elemento que convive en los países de la UE.
Hace unos días se nos anuncia la aprobación por parte del Parlamento del nuevo Código penal, ¿qué valoración puede hacer?
Permítame que a título personal no dé mi opinión. Sí puedo decirle que el CGPJ emitió un informe positivo al mismo. De todas formas, nos preocupa el incremento progresivo de las penas, en un país como el nuestro con mayor número de reclusos de Europa, lo que da ya índice de la dureza del propio Código Penal, ahora reformado. De todas formas, consideramos que para determinados aspectos habría que buscar alternativas al incremento de las penas.
¿Le preocupa que el proceso de modernización que se afronta en la Justicia española sea frenado por la crisis económica y un posible recorte presupuestario?
No puede haber parones. Es evidente que hay que hacer un esfuerzo de racionalizar el gasto público en el momento que vivimos. Precisamente estamos ahora elaborando el Presupuesto del CGPJ para el 2011 que ya puedo adelantarle que será menor que el de este año por lo que estamos comentando.
Sobre el proceso de modernización le recuerdo que hay un compromiso serio desde el propio Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con transferencias en justicia de seguir adelante con la dotación presupuestaria adecuada. En la parte que le toca al CGPJ mantiene también su actitud de apoyar esta iniciativa.
Hablamos de recortes y también de congelación de los sueldos de los funcionarios públicos, medida que no ha sido muy bien recibida por el colectivo judicial.
Los recortes salariales a nadie le gusta. La autonomía presupuestaria que tiene el CGPJ ha hecho que hayamos tomado la decisión de reducirnos el sueldo un 10 por cien. No sería justo que ningún colectivo del sector público se quedar al margen de este recorte presupuestario. Es cierto que el juez tiene un compromiso ético con la sociedad: espera ésta de él que sea la garantía de sus derechos y la posible conculcación de los mismos. Aunque es evidente que muchas veces no se reconoce el trabajo de los jueces, no parece lógico mantenerles al margen de la política de contención de los gastos. Nuestros jueces trabajan mucho y bien y su imagen dista mucho de ser caprichosa desde luego.
Por último, leyendo su currículum vemos que como vocal de Relaciones Internacionales del CGPJ, usted desempeña una labor notable en el campo de la cooperación internacional, háblenos ahora de ella.
Esta Comisión está formada por cinco vocales apoyada por un Servicio de Relaciones Internacionales del propio CGPJ se centra sobre todo en tres áreas; relaciones institucionales; en el área del auxilio judicial internacional y la cooperación al desarrollo. En esa parcela de auxilio internacional apoyamos la labor de los diferentes órganos judiciales españoles de cara a la colaboración con otros de diferentes países.
Nuestras relaciones institucionales se vuelcan en Europa y Latinoamérica de cara a que nuestro país esté presente en los otros organismos internacionales jurídicos.
En estos momentos, tras la anterior reunión de Montevideo el pasado mes de abril, preparamos la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana que tendrá lugar en Buenos Aires durante el 2012, de la que España es sede permanente de esta entidad tras una nueva reelección por otros cuatro años. Sobre la Cooperación al desarrollo, nuestra actividad es de refuerzo a lo que haga el Gobierno español en estos temas; estamos centrados en América Latina y también en los países del área mediterránea , especialmente.
