Salvador MadridPor Salvador Madrid Fernandez, abogado y master en mediación 

Habrá que preguntarse si actualmente es suficiente la regulación normativa exclusiva y excluyente  para el ejercicio profesional del mediador de conflictos. ¿Hasta qué punto cualquiera puede  ejercer  hoy como  mediador en un conflicto? Se imparten cursos a diestro y siniestro, en cualquier rama profesional. Policías, ingenieros, economistas notarios, cámaras, registros, agentes… a parte de los  abogados, asesores, psicólogos, asistentes etc. El primer argumento es siempre el evitar el juzgado, descongestionar los juzgados, como si el país se hundiese por el peso de los expedientes judiciales.

¿Se siente el mediador de conflictos profesional y vocacional  usurpado en su ejercicio? Es más ¿puede cualquier persona intervenir como mediador de conflictos si es buscado y aceptado por unos mediados? ¿Un particular que media a dos incurriría en alguna infracción administrativa o penal?  Dada la explosión nuclear de preparadores de mediadores y aspirantes a mediadores, de cursos y cursillo, ¿estamos ante una efectiva devaluación de la profesión de mediador de conflictos? ¿O la profesión, en su autonomía, ha muerto antes de nacer?

Atendiendo a la regulación normativa actual, en la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles se regula el Estatuto Jurídico del mediador, artículo 11, debe ser una persona en pleno ejercicio de sus derechos civiles, y debe estar en posesión de un título universitario o de formación profesional superior, amén de formación específica que  se contiene en el Real Decreto 980/2013 que desarrolla determinados aspectos de la Ley 5/2012. Formalmente se regula su responsabilidad civil en el ejercicio profesional ( art. 14 ) y debe contar con un seguro de responsabilidad civil ( art.13.3). Todo ello sin perjuicio de las Instituciones de mediación, como personas jurídicas, de las que no refiero por evitar extensiones.

En el art. 8 del Real Decreto 980/2013 se recoge la creación y el objeto del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, pero reseñando que aunque se crea el Registro, es de adscripción voluntaria ( art. 11 del mentado Real Decreto), lo que no es óbice para que se pueda ejercer como mediador de conflictos. Cualquier extranjero o nacional puede realizar mediaciones sin tener que estar registrado y desconocida así su existencia oficial como mediador.

No obstante, hay que diferenciar las mediaciones en el ámbito familiar, concretándonos a  la Comunidad Autónoma andaluza, éstas se regulan por Ley 1/2009, de 27 de febrero, sobre mediación familiar en la Comunidad Autónoma andaluza. En este caso, la inscripción en el Registro especial de Mediación Familiar sí es obligatoria, y se recoge en el art. 13:

Artículo 13. La persona mediadora.

1. La mediación familiar se efectuará por profesionales de titulación universitaria o título de grado en las disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social, o cualquier otra homóloga de carácter educativo, social, psicológico o jurídico.

2. La persona mediadora deberá estar inscrita en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

3. Asimismo, la persona mediadora deberá acreditar:

a) La formación específica o la experiencia en mediación familiar en los términos que reglamentariamente se determine.

b) El cumplimiento de cualquier otro requisito exigido para el ejercicio de su función por la legislación vigente.

En consecuencia, la comunidad andaluza recoge unas condiciones sine qua non para el ejercicio de la actividad de Mediación Familiar. Y es más, especifica y concretiza una especial formación de origen : educativo, social, psicológico o jurídico.

Las materias exclusivas objeto de Mediación Familiar se especifica en el art. 1.2 de la ley de mediación familiar andaluza:

2. Podrán ser objeto de mediación familiar los conflictos que en el ámbito privado surjan entre las personas mencionadas en el artículo 3, sobre los que las partes tengan poder de decisión, y siempre que guarden relación con los siguientes asuntos:

a) Los procedimientos de nulidad matrimonial, separación y divorcio.

b) Las cuestiones relativas al derecho de alimentos y cuidado de personas en situación de dependencia, conforme a la definición reflejada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

c) Las relaciones de las personas menores de edad con sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, personas tutoras o guardadoras.

d) El ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela.

e) Los conflictos derivados del régimen de visitas y comunicación de los nietos y nietas con sus abuelos y abuelas.

f) Los conflictos surgidos entre la familia adoptante, el hijo o hija adoptado y la familia biológica en la búsqueda de orígenes de la persona adoptada.

g) Los conflictos surgidos entre la familia acogedora, la persona acogida y la familia biológica.

h) La disolución de parejas de hecho.

La consecuencia es que, por ejemplo, policías, médicos, economistas ni otro tipo de profesionales no vinculados a las materias reseñadas anteriormente  podrían mediar en asuntos de familia.  En otro caso entendemos que se podría estar incurriendo en una infracción penal de intrusismo, artículo 403 del código penal o en la falta del artículo 637 del mismo código.

Con la mediación civil y mercantil no ocurre lo mismo, porque no existe cortapisas para que cualquier licenciado o titulado superior ejerza mediación de conflictos no familiares.

Cuando el vulgo habla de mediadores, también existen los mediadores de seguros, y los intermediarios o corredores de fincas, este tipo de mediadores se citan en numerosas sentencias, pero nada tienen que ver con los mediadores de conflictos civiles, mercantiles o familiares, aunque también se habla de mediadores concursales, mediadores hipotecarios…aunque éstos más bien son unos sucedáneos de los mediadores de conflictos strictu senso. La terminología por tanto presta a confusión.

No obstante lo anterior, hablando sintéticamente de la presencia y visibilidad jurídica del mediador, podemos decir, que si las partes mediadas, de común acuerdo, designan a un tercero como mediador ( intermediario ) para que intervenga en un asunto, sea de carácter patrimonial, mercantil, o incluso familiar, más estricto,  sea por caso una liquidación de gananciales o acuerdos de divorcio, la intervención de este tercero, está por ver que incurra en infracción penal de intrusismo, siempre y cuando no se titule formalmente su intervención como Mediador de conflictos de la Ley 5/2012, aún actuando como tal.

Y ello por cuanto, el acuerdo que alcancen las partes ( art.1254 y 1255 del código civil ),  firmado de forma voluntaria, libre y espontáneamente, con pleno conocimiento de su alcance, no implicaría responsabilidad de ese tercero interviniente, ya que no se titula por nadie como mediador formal, sino un simple intermediario buscado de común acuerdo por dos partes en conflicto. El psicólogo que actúa como tal, aun mediando, no es mediador, al igual que el abogado que asesora a las dos partes, aun mediando no es mediador.

Es el supuesto, verbigracia, del matrimonio que discuten su liquidación de gananciales interviniendo un tercero, sea abogado, u otro profesional cualquiera, sin intervención formal titulado como Mediador de conflictos. El contrato,  acta o documento que se firme, elevado a escritura pública ( art.517,2.4º de la LEC ) es  ya documento público con carácter ejecutivo ante los Tribunales ( vid.art. 550 1ª de la LEC ).

Incluso en este aspecto, la escritura publica otorgada de ese acuerdo de las partes, exige menos requisitos que cuando el acuerdo se  otorga con  el sello de “ acuerdo de mediación ” elevado a público, ya que en este caso habrá que aportar también copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento ( art. 550,1º tercer párrafo de la LEC).

En cualquier caso la intervención del mediador de conflicto  es casi invisible, no existe jurídicamente por mor de su neutralidad, imparcialidad y el respeto a la confidencialidad. Su firma debe estar en el acta final ( art,. 22 in fine de la Ley  5/2012), pero no se le puede llamar como testigo para que aclare el contenido del acta o informe de algún aspecto tratado en las sesiones de mediación.

El acuerdo final, señala la ley que será firmada por las partes o sus representantes ( art. 23.2 de la Ley ), y en la formación del título ejecutivo no interviene, o al menos, no es preceptivo que intervenga el mediador, solo las partes. En consecuencia, la intervención del mediador es tan neutra e imparcial, que llega a ser invisible en cuanto las partes han alcanzado su acuerdo  y se otorga como título ejecutivo ( art. 25.2 de la repetida ley ).

Desde luego tiene mucha mas responsabilidad el ejercicio regulado de un mediador de conflictos que la intervención de un tercero intermediario de las partes ( un abogado que asesora a ambas partes en el acuerdo, o el asesor que trata a ambas partes en ese problema de relación), al final son las partes las que firman solas, porque no es necesaria la intervención manuscrita del mediador de conflictos en la formación del título ejecutivo.

Sugerencias, de lege ferenda, proteger mas la intervención del mediador de conflictos, exigencia de su firma en la formación del título ejecutivo, que seria el único acuerdo válido, dotando de mayor garantía el documento,  obligatoriedad de la inscripción del mediador en su Registro,  existencia de distintivos o sellos de calidad, defensa de la profesión de mediador de conflictos, como actividad  independiente y exclusiva, prohibiendo el intrusismo de su ejercicio…, entre otras medidas … ello si se quiere dinamizar su ejercicio como una profesión propia, exclusiva y excluyente, con prestigio y consideración social.

En otro caso, la mediación  se  reduce a una técnica de resolución de conflictos que cualquiera puede ejercitar, diluyéndose el aspecto profesional de la actividad.

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