Somos espectadores de un novedoso avance legal en el sector de las Telecomunicaciones a través de un Anteproyecto de Ley sometido hasta la semana pasada a audiencia pública mediante la cual se pretendía “dar voz” a los operadores del sector afectado y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Así, el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones pretende sentar las bases de la inminente regulación del sector con el fin de adaptarlo a las presentes circunstancias y al estado de la tecnología actual, armonizando la normativa con el resto de los países europeos.
Y es que las telecomunicaciones son de un valor incuestionable en la economía nacional, así como sumamente relevantes en cuanto eje sobre el que pivotan otros muchos sectores, y base para la deseada transformación digital. Ello implica que la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones constituya una de las principales medidas del Plan España Digital 2025, presentado por el Gobierno el pasado 24 de julio, que pretende movilizar 140.000 millones de euros de inversión pública y privada con la finalidad de impulsar la digitalización de la economía en España.
El Anteproyecto nos ilustra con cifras para muestra del valor de las telecomunicaciones. Así, nada más y nada menos que el 3,13% del PIB viene dado por el sector de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento, dando empleo a nada menos que 423.541 personas.
Los principales comentarios que se pueden obtener sobre el anteproyecto indicado son las siguientes:
- Una de las premisas de la nueva normativa será la libre competencia del sector.
- Se introducen importantes cambios en la regulación de las telecomunicaciones, siendo el cometido principal de su Ley General el de armonizar la legislación europea en esta materia, transponiendo la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.
- La Ley fomenta la inversión en el sector, en concreto y como era de esperar, en redes de muy alta capacidad, para lo que se introducen figuras como la coinversión.
- En lo concerniente al despliegue de infraestructuras ya en España éramos líderes europeos, con las mejores cifras relativas a la inversión privada y al desarrollo de fibra óptima de todo el continente. Este modelo español se tomó como referencia a la hora de elaborar el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas por lo que ahora el Anteproyecto conserva, en gran medida, ese marco legal en lo relativo al apoyo al despliegue de infraestructuras.
- Existe una preponderancia concedida a las redes de muy alta capacidad (fibra óptica o las 5G). Le es concedida tal importancia debido al fuerte impacto que tienen en la actualidad sobre todo a raíz de la pandemia que paró el mundo.
En cuanto a las redes 5G, además de regular el despliegue, la Ley recoge una serie de medidas dirigidas a garantizar la protección de la información que se transmita a través de esta vía, utilizada por sectores básicos para nuestra realidad socioeconómica, como pueden ser la sanidad, el transporte o la energía.
- El legislador confiere a las redes de muy alta capacidad el valor de “espina dorsal de nuestras economías y sociedades cada vez más digitalizadas”, asentando unas bases para el alcance de ambiciosos objetivos como la descarbonización y reducción de emisiones a la atmósfera. Además, deposita en este avance legislativo y tecnológico sus esperanzas en cuanto a una variopinta temática, como lo es el teletrabajo y su relación con la lucha contra la despoblación rural.
- Otra gran novedad que se desprende de este Anteproyecto es la regulación, por primera vez en nuestra historia, de los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o mensajería. Con ello, las empresas que prestan este tipo de servicios tendrán la obligación de registrarse en el Registro de Operadores; es el caso, por ejemplo, de los conocidos WhatsApp o Telegram. Se prevén, asimismo, medidas de seguridad para garantizar la minimización de los riesgos derivados de su uso.
Con esta armonización y actualización de la normativa del sector de las Telecomunicaciones a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas que se nos ofrecen, España da un gran paso hacia la transformación digital que tanto era de esperar por todos y cada uno de los operadores del mercado. Se trata de un gran reto el de abordar esta temática en una gran Ley General de la que seremos parte todos y cada uno de nosotros.
Autor: Pedro Muñoz
Abogado y Consejero Delegado de LABE Abogados.
