El Gobierno de Estados Unidos suavizará los castigos en los casos de droga de bajo nivel, hasta ahora penados con la cárcel. El fiscal general, Eric Holder, anticipó ayer en un discurso pronunciado en el Colegio de Abogados Americanos en San Francisco, que están elaborando una nueva normativa en la que se prevé la eliminación de la sentencia mínima obligatoria en determinados delitos de drogas que no incluyan violencia ni vínculos con bandas violentas o cárteles. “El país necesita asegurar que la encarcelación se emplea para castigar, disuadir y rehabilitar», señaló Holder.
Holder calificó la actual normativa contra los delitos de drogas como «draconianas», «contraproducentes» y «excesivas» e indicó que tras la reforma que planea que “los delitos de drogas que no tienen vínculos con organizaciones de gran escala, pandillas o cárteles ya no serán acusados de delitos que imponen penas mínimas obligatorias”. A partir de ahora “serán acusados de delitos por los que las sentencias que los acompañan son más adecuadas para su comportamiento individual, en lugar de penas de prisión excesivas más apropiadas para los criminales violentos o capos de la droga”, anunció el fiscal general de Estados Unidos.
Los cambios en la ley judicial criminal contemplan además una ampliación de la libertad condicional para los reclusos que se enfrenten a «circunstancias extraordinarias» y que no representen una amenaza para la sociedad, entre los que se incluirán los condenados con más de 60 años, siempre que no hayan cometido delitos con violencia.
Asimismo, Holder anunció que se deben repensar «algunas reglas como la que hace obligatorias condenas a prisión para algunos delitos relacionados con el narcotráfico», así como algunas leyes que hacen inflexible el cumplimiento de estas penas y limitan las posibilidades de jueces, fiscales y jurados para aligerarlas”, añadió.
Ley de los ‘tres strikes’
La disminución de la utilización de sentencias mínimas obligatorias -sentencias que imponen un castigo de talla única para todos los condenados por delitos federales y estatales- podría marcar el final de la era mano dura contra el crimen que comenzó con las estrictas leyes antidrogas de 1970 y se aceleró con penas de prisión mínimas obligatorias y las llamadas leyes de ‘tres strikes’, que contemplan aumentar incluso hasta cadena perpetua a los que acumulen tres condenas.
Con 716 presos por cada 100.000 habitantes, Estados Unidos es el país del mundo con una mayor población reclusa. Tiene 2,29 millones de encarcelados, el 10% de la población reclusa mundial, según el Centro Internacional para Estudios de Prisiones. A pesar de que en los últimos años ha reducido su tasa de criminalidad, la cantidad de presos se ha incrementado en un 75%. Sucede, además, que el 47% de los presos han sido encarcelados por delitos de drogas.
“Hay que mantenerse estrictos pero siendo más inteligentes respecto a la criminalidad”, anunció Holder. «Mientras la población total de EEUU creció en una tercera parte desde 1980, la población carcelaria ha aumentado 800%, una tasa espantosa», indicó.
El Gobierno de Barack Obama quiere, de esta forma, impulsar una reforma judicial que pretende reducir la población reclusa, eliminando la sentencia mínima en los casos de droga más leve, con lo que, de paso, se ahorrarán miles de millones de dólares a los contribuyentes.
«Aunque el encarcelamiento tiene un papel que desempeñar en nuestro sistema de justicia, el encarcelamiento generalizado a nivel federal, estatal y local es ineficaz e insostenible e impone una carga económica importante. Un total de 80,000 millones en 2010 solamente, y viene con costos humanos y morales que son imposibles de calcular «, dijo Holder. Los costes federales, estatales y locales por encarcelamiento en Estados superan los 80.000 millones de euros al año, un tercio del presupuesto del Departamento de Justicia.
Otro problema añadido de tanta mano sura es la sobreocupación de las cárceles. El Departamento de Justicia calcula que las prisiones federales operan a casi el 40% por encima de su capacidad.
