Continúa el malestar, a expensas de conocer el próximo dia 19 de abril, tras el Pleno del CGPJ, que decisiones va a adoptar el máximo organismo de los jueces sobre el tema de las oposiciones, congelado como nos comento el Ministro Gallardón  a los periodistas en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos de Justicia para el 2012, entre la carrera judicial por tan controvertida decisión. El rechazo a esta medida es frontal y eso hace que desde asociaciones profesionales como la Asociacion Judicial Francisco de Vitoria se vuelva a pedir la autonomía presupuestaria del Consejo   General del Poder Judicial. Sólo así se podrá garantizar la verdadera   independencia de los integrantes del Poder Judicial.

En este sentido se ha pronunciado diversos colectivos judiciales; todos ellos señalan que la justicia como servicio público esencial no debe ser sometida a recortes. Y que en este caso el ratio español de jueces por ciudadanos está muy por debajo de la media europea. También indican que la falta de oposiciones hace que se empleen a jueces sustitutos, muchos de ellos sin la preparación adecuada.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Jesús Chamorro, manifestó ayer que para esta entidad el anuncio del Ministerio de Justicia de que no se convocarán oposiciones a la carrera judicial y fiscal hasta enero de 2013 ha sido «un jarro de agua fría», y ha abogado por «priorizar».

Desde su punto de vista, esta medida es  una gran desilusión, porque entendemos que la Justicia, y la necesidad de jueces y magistrados, va aparejada a la prestación de un servicio esencial», subrauó el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es mayoritaria en la carrera judicial La APM estima que hubieran sido necesarias un mínimo de entre 40 y 60 plazas, sobre todo «porque hay un cuerpo de opositores al que hay que tener con la ilusión mantenida», indicó Chamorro.

Desde la Plataforma Ciudadana para la Independencia Judicial, organización compuesta en la actualidad de unos 150 socios, entre los que hay jueces, abogados, catedráticos, profesores, notarios, abogados del Estado, empresarios y estudiantes, entre otros. Fundada en mayo de 2011, está presidida por el catedrático de derecho procesal José Mª Asencio Mellado y es secretario general el magistrado Ernesto Carlos Manzano Moreno, también hay un rechazo frontal a esta medida

Este colectivo indica en un comunicado hecho público ayer que “sin una justicia mínimamente efectiva dejaría de ser Estado de Derecho pues, no en vano, la Justicia constituye su columna vertebral en cuanto que está llamada constitucionalmente a garantizar los derechos de todos los ciudadanos y el imperio de la ley. Por ello, de confirmarse las noticias, los efectos para la pervivencia de nuestro sistema democrático serían de una gravedad extrema,”

Estas asociaciones consultadas por DIARIOJUDICIO  indican que este tipo de medidas irá en detrimento de la calidad de los fallos de nuestra justicia  y ofrecen un dato muy esclarecedor: sobre el 18% de los asuntos que se ventilan en los juzgados españoles se resuelven sin haber sido examinados por un Juez profesional, magistrado que ha superado una oposición o concurso.  Además se da la circunstancia que se que no hay un ahorro económico el que trabaje un juez sustituto que uno de carrera con lo cual por ese lado la medida no se puede justificar

Coste moral importante

Otro asunto que denuncia Francisco de Vitoria tiene que ver con el coste moral para esos profesionales que bien formadas y preparadas abandonarán estos estudios, lo que a juicio de esta entidad supondrá la pérdida de un gran capital humano. “. De este modo,  con esta decisión se está poniendo en peligro la forma actual de  acceso a la carrera judicial, que garantiza la  formación necesaria  para el adecuado desempeño de la función judicial, juzgando y haciendo  ejecutar la juzgado, mediante un sistema objetivo basado en el mérito   y la capacidad”. La falta de alumnado precisan tanto APM como AJFV  podría abocar a la desaparición de la  Escuela Judicial pues no puede mantenerse sin alumnos o con un número  tan ridículo como el propuesto para el año 2013 (veinte jueces).

También esta asociación espera, como ha señalado Ruiz-Gallardón en muchas de sus intervenciones que el dinero de las tasas que se incrementa-, depósitos  para recurrir, multas y cuentas de consignaciones, una vez más, nada  revierta en la mejora de los tribunales y en el servicio a los  ciudadanos, “siendo nuevamente la Justicia la gran olvidada por el  Gobierno de la Nación.·”, según Francisco de Vitoria

Por último desde esta Asociacion se hace un llamamiento  a la Carrera Judicial, al CGPJ y a todos los   colectivos afectados (Secretarios, Fiscales y profesionales) a mostrar   el más profundo y radical rechazo a este enésimo recorte que supone   eternizar la justicia interina y limitar el necesario incremento del   número efectivo de Jueces, sin que tan siquiera se tenga a bien  mantener su número actual pues no se garantiza el reemplazo de las   Jubilaciones.

2 Comentarios

  1. Muy bien señor gallardon a parte d ser un suicidio d la propia justicia, esta usted fastidiando a personas como yo que llevamos ya unos años opositando y que estamos entregados en cuerpo y alma a una de las oposiciones más duras que hay.Todo esto es un tremendo error que tendra repercusiones sociales muy graves.

  2. La justicia no es un mero valor abstracto perdido en el espacio tiempo. En nuestro ordenamiento jurídico es un principio constitucional básico para el funcionamiento no tan solo del orden establecido sino del orden a establecer en base a parametros extraídos del ultraterritorio con el que nos hemos comprometido. La justicia no es sinonimo de tribunales y Magistraturas aunque en ellas reside la última y definitiva palabra.

    Por ello cuando hablamos de justícia, los primeros que la deben atender son aquellos llamados a salvaguardarla, hoy o en el futuro, y no es justo tratar desigualmente a los iguales, expresión que en el caso es similar a TODOS. ¿Hay o no crisis? ¿Nos afecta o no a todos?, aprobamos política y judicialmente recortes a trabajadores y otros funcionarios públicos con el discurso de la maldita crisis y ahora decimos que hay servicios principales que han de ser ajenos a la misma. ¿Dónde estamos?, hay jueces y magistrados, y de ellos más de un 18% interinos o que no son de carrera, pero ¿lo hacen bien o mal? ¿sus sentencias son reiteradamente recurridas en reposición,alzada o casación? Sí, pues cambio, fuera de la función. No, pues dejemoslos e implementemos juridicamente este sector. ¿A quién perjudica?…al orden establecido y que no cuenta con el visto bueno popular. Eso si que esta mal. En las encuestas, la confianza en la justícia es nula aunque ante el juez esto nadie lo recuerde porque siempre hay miedo a incidir negativamente en el resultado.

    Independencia judicial sin duda pero todo poder independiente debe ser objeto de control para evitar un espacio de poder desde el cual se pueda dirigir primando intereses quasi bíblicos ajenos a la cambiante sociedad. Por todo ello, debo afirmar que crisis para todos y todas requiere medidas para todos y todas y nuestro poder judicial que existe y se desenvuelve si contar con el fervor popular debe recuperar este que no se confunde con sentencias favorables sino con decisiones motivadas y justas inteligibles por todos y todas y con una estructura y una organización judicial y arbitral transparente y adecuada a las necesidades sociales donde pueden aparacer expertos formados al efecto en universidades y no bajo el manto de aquellos que ejercen o han ejercido como jueces y juezas.

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