Por Ivo Portabales, socio Dutilh Abogados

La economía española ha sufrido un proceso de transformación estructural muy importante en los últimos años. Cambio que ha llegado a actividades y sectores de servicios profesionales como auditoras y consultoras, pero que todavía no ha alcanzado a los despachos de abogados. La situación actual cambiará considerablemente en el futuro y vamos a asistir a un proceso creciente de concentración de bufetes. Las razones de ese cambio son de diversa índole. Por un lado, existen razones económicas que justifican ese proceso, pero existen también recientes cambios legislativos que van a actuar como aceleradores.

Actualmente existen en España cerca de 119.000 abogados en ejercicio, según el último informe sobre la abogacía en España publicado por el Consejo General de la Abogacía. De ellos, únicamente el 16% (unos 19.000) desarrollan su labor como socios o asociados de un despacho de abogados. El 84% restante ejerce su actividad bien en el seno de una empresa, opción minoritaria, o de forma independiente, constituyendo este grupo un 71% de los colegiados.

Según los datos del mismo estudio, en España existen 91.409 empresas dedicadas a la práctica legal del derecho. Si comparamos el número de abogados frente al de empresas nos damos cuenta del pequeño tamaño que tienen la mayor parte de estas organizaciones. De hecho, de los principales despachos españoles únicamente 15 superan la cifra de 100 abogados y del resto de los que conforman los 50 primeros despachos, el número oscila entre 50 y 100 profesionales.

Nuestro complejo ordenamiento jurídico ha llevado a los abogados a especializarse y esto ha provocado que se unan en despachos colectivos, en dónde puedan dar al cliente un servicio de las diferentes áreas. Pero, en la mayoría de los casos, esta agrupación no se ha hecho siguiendo pautas empresariales sino jurídicas.

Hay que destacar que, debido a la actual situación que afronta nuestro país, es previsible que en los próximos meses se produzca un aumento significativo del número de fusiones de empresas, intentando de este modo capear el temporal. Los despachos no vamos a ser ajenos a ese proceso. Parece lógico pensar que, en un entorno económico como el actual, la concentración de bufetes conforme a un modelo organizativo definido con criterios empresariales suponga un mecanismo de defensa frente a la crisis.

Se habla mucho de que la crisis no está afectando a las firmas de abogados, pero es una verdad a medias. Los departamentos de derecho procesal y laboral están viviendo una época dorada pero a la vez hay departamentos como los de fusiones y adquisiciones o los de mercado de valores que están mano sobre mano. En esta situación, las concentraciones de despachos permiten, además de compartir gastos de estructura entre un mayor número de profesionales, gestionar de manera eficiente los recursos transfiriendo sus abogados a aquellos departamentos donde se necesiten.

Otro de los objetivos fundamentales de cualquier organización es la fidelización de los equipos y la atracción del talento. Pero habitualmente nos volcamos en dar satisfacción al cliente y nos olvidamos de los abogados. Éstos, según una encuesta interna sobre los aspectos que más valoran dentro del despacho, destacaban la proyección del despacho y su posible futuro dentro de éste. Estas expectativas sólo se cubren en bufetes de cierto tamaño. Por ello, los mejores profesionales optan por desarrollar su carrera en organizaciones de gran tamaño.

Junto con las anteriores razones económicas hay que destacar algunos cambios legislativos producidos en los últimos años que van a potenciar los procesos de concentración.

La entrada en vigor del Real Decreto 1331/2006 de 17 de noviembre, que exige la laboralización de los abogados que prestan sus servicios en despachos colectivos. Esta norma ha supuesto una auténtica revolución en el mundo de la abogacía, ya que tradicionalmente la relación que vinculaba a los abogados con los bufetes era de índole mercantil. La ley permite como excepción que los socios de los despachos colectivos continúen con su relación mercantil. Esto ha supuesto en la práctica un incremento del coste de personal directo de entre un 25% y un 30% y las reacciones han sido diversas.

Por otra parte, hay un nuevo cambio legislativo que puede acentuar la fusión de despachos. Se trata de la publicación de la Ley de Sociedades Profesionales que entró en vigor el año pasado y que nace con la pretensión de que toda sociedad que tenga por objeto el ejercicio en común de una actividad profesional se configure con arreglo a los términos de la ley, lo que alcanza, entre otras profesiones, a los abogados. El éxito de la implantación de la ley ha sido relativo ya que muchas sociedades han optado por convertirse en sociedades de intermediación, quedando al margen del ámbito de aplicación de la ley.

No obstante, consideramos que, poco a poco, los postulados de esta nueva norma irán calando en las estructuras de las organizaciones y que será creciente el número de los que se adapten a la misma. Las ventajas que presenta son de diversa índole, destacando la posibilidad de que hasta un 25% del capital social lo detenten socios que no tengan la consideración de profesionales. La figura del socio capitalista es ciertamente atípica en los despachos de abogados pero puede suponer un elemento acelerador del crecimiento ya que permite la financiación necesaria para la actividad en momentos de restricciones crediticias.

Finalmente, se debe reseñar otra novedad legislativa que todavía no ha entrado en vigor y precisa de desarrollo reglamentario, pero que tal y como está configurada puede provocar cambios significativos en el número de abogados que se incorporen al mercado. Nos referimos a la ley de acceso al ejercicio de la abogacía. Siguiendo el ejemplo de otros países europeos se pretende que los licenciados en derecho obtengan una formación complementaria y la superación de unas pruebas de acceso previamente a su colegiación como abogados. Ello implica alargar en uno o dos años el periodo de formación de un profesional. La consecuencia inmediata es que descenderá de modo evidente el número de recién colegiados, que previsiblemente, preferirán un despacho de tamaño medio o grande frente a uno de carácter unipersonal.

Dentro de cinco años el panorama jurídico probablemente sea muy distinto del actual. Al igual que los clientes se concentran, también lo harán los despachos de abogados. Como hemos visto, razones y oportunidades no faltan y el modelo a seguir lo tenemos en los bufetes anglosajones. Es cierto que en España el mercado no está dominado por despachos británicos o norteamericanos, como ocurre en otros países de nuestro entorno, pero no hay que olvidar que los actuales líderes han crecido y se han estructurado conforme al modelo anglosajón.

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